Jue 18.12.2003

SOCIEDAD  › EX JEFE ANTISECUESTROS ACUSADO DE ENCUBRIR UN CASO

Nueva medalla para Casafús

La familia de Diego Peralta, secuestrado y asesinado el año pasado, denunció ante la Justicia federal que el jefe policial encubrió el hecho. También acusó al subcomisario Hernández.

› Por Horacio Cecchi

El ex jefe de la Brigada Antisecuestros de la Bonaerense, Angel Casafús, agregará una medalla post retiro a su extensa foja de servicios: a la acusación por enriquecimiento ilícito y el escandaloso festejo del caso Belluscio, que lo hicieron saltar por el aire y caer en el retiro, se sumó ahora la denuncia por encubrimiento en el secuestro extorsivo y asesinato de Diego Peralta, ocurrido en julio del año pasado. La denuncia la presentó ayer la familia de Diego, en el Juzgado Federal 1 de La Plata, a cargo de Manuel Blanco. En la denuncia también involucraron al subcomisario José Hernández, que se encuentra detenido, acusado de extorsionar a un comerciante y mantenerlo oculto en una celda de la DDI de Lomas de Zamora, encargada de investigar el secuestro de Peralta.
“Queremos una explicación porque el caso no cierra por ningún lado”, dijo a Página/12 Emilse Silva, madre de Diego Peralta, a fines de agosto pasado. En aquel momento, y desde mucho tiempo antes, la familia reclamaba que se investigara la conexión policial con la banda que había secuestrado a Diego el 5 de julio de 2002 y que tres días después lo asesinó y lo arrojó a una tosquera en el partido de Quilmes. A cargo de la investigación estaba el subcomisario José Hernández, por entonces jefe de la DDI de Lomas de Zamora. Pero mientras se desarrollaban la investigación y los contactos con los secuestradores, Hernández fue detenido, sospechado de extorsionar a un comerciante de El Jagüel y mantenerlo encerrado en una celda de la DDI para presionarlo para que pagara su libertad.
Pese a que Diego fue asesinado el 8 de julio, su cadáver fue hallado recién el 12 de agosto de 2002. Como ya anticipó este diario el 26 de agosto pasado, mucho antes de que apareciera el cadáver, un suboficial de la Bonaerense, de apellido González, declaró en la causa bajo identidad reservada dando detalles sobre el secuestro y asesinato de Peralta, aunque liberando de toda responsabilidad a cualquier uniformado. ¿Cómo conocía los datos? Porque noviaba con Daniela, hermana del “Chelo” Mario Cejas, uno de los detenidos acusados de integrar la banda. Emilse Silva concluyó que la policía sabía que su hijo había sido asesinado mucho antes de que se descubriera el cadáver. Sin embargo, el 20 de julio hicieron un operativo (calificado como “desastroso” por la Cámara Federal Penal platense) para acompañar a Luis Peralta, padre de Diego, a realizar el pago del rescate. Ese día, según consta en la causa, el subcomisario Hernández recibió un llamado a su celular en su celda de Montegrande, donde la SIDE le informaba que se realizaría el pago.
También realizaron un megaoperativo buscando al chico con vida el 31 de julio. “Se estuvieron burlando de nosotros todo el tiempo”, dijo en agosto pasado Emilse. Ahora, presentaron la denuncia contra Hernández y Casafús, como su superior inmediato. ¿Por qué recién ahora? Para evitar al juez federal de Lomas de Zamora Carlos Ferreiro Pella, a cargo de la investigación. En agosto, los Peralta recusaron al juez y presentaron una denuncia en su contra ante el Colegio de la Magistratura. Emilse sostuvo entonces que el juez sólo la recibió dos veces desde que ocurrió el crimen, y de mala gana; y dijo que Ferreiro Pella había rechazado investigar la conexión policial y a Hernández; y que había cometido errores tan gruesos como el de ordenar el allanamiento de un barrio entero en Quilmes.
Pero además surgieron evidencias de que los secuestradores contaban con información demasiado precisa sobre los movimientos familiares durante las negociaciones. “Sabían cosas que se hablaban sólo en la familia –dijo a Página/12 el abogado de los Peralta, José Luis Ferrari–. La detención de Hernández hace más que obvia la vinculación.” La causa cuenta con siete detenidos y un prófugo. “El juez Ferreiro Pella cerró el caso con los siete detenidos, y no quiso abrir la investigación sobre la policía –agregó Ferrari–. Nos pareció más recomendable no insistir con un juez que no tenía intenciones de avanzar y preferimos que se enviara a juicio a los ya detenidos. La experiencia indica que estirar una causa es peor. Porcuerda aparte, presentamos la denuncia contra Hernández y Casafús. Fue presentada ante la Justicia platense, evitando así a Ferreiro Pella, para que se investigue la conexión policial sin frenar el resto de la causa”.
Casafús fue acusado porque “como superior de Hernández y responsable de la Brigada Antisecuestros –señaló Ferrari– no podía ignorar el mal desempeño del subcomisario y si estaba implicado en el caso, por eso se lo denuncia por encubrimiento”.

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