La diputada del FpV-PJ Cristina Alvarez Rodríguez presentó un paquete de proyectos de ley que apuntan a proteger a las víctimas de violencia de género y a promover la equidad de género en el ámbito legislativo, de las empresas y de la administración pública. Entre otras iniciativas, propone el uso de las pulseras electrónicas para agresores, la prisión preventiva de cumplimiento efectivo de un mes a un año para quienes violen las órdenes de exclusión o no acercamiento y la suspensión de las responsabilidades parentales, en caso de que el juez lo considere conveniente. Su compañera de bancada Carolina Gaillard, por su parte, presentó otra propuesta que fija un cupo femenino del 30 por ciento en la Corte Suprema de Justicia.

Las iniciativas fueron presentadas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. “Queremos que la agenda legislativa del año esté tematizada por los temas de género”, dijo a Página/12 la diputada Alvarez Rodríguez, ex ministra del gobierno de Daniel Scioli. “Conmemoramos otro 8 de marzo lamentablemente en medio de noticias sobre cruentos femicidios. Comenzó un nuevo año legislativo y sin embargo la violencia contra las mujeres sigue ausente en el temario. El presidente Mauricio Macri nada dijo en la apertura del Congreso acerca de las políticas legislativas que encararía el gobierno para terminar con este fenómeno que sigue creciendo. Frente a ese silencio, hablan a diario los periódicos con noticias de mujeres asesinadas”, señaló la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. Donda también está preparando una serie de proyectos vinculados a los derechos de las mujeres, entre los que se destaca una iniciativa para legalizar la interrupción de embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Diana Conti, del FpV, en tanto, presentó otra propuesta legislativa que regula la atención de los abortos no punibles, ya previstos en el Código Penal.

Los proyectos de Alvarez Rodríguez tienen los siguientes ejes:

- Paridad en las listas de legisladores nacionales, de parlamentarios del Mercosur y de autoridades de los partidos políticos. Las listas que se presenten deberán respetar el 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones, en forma alternada por sexo, en titulares y suplentes.

- Equidad en el ingreso y cobertura de cargos jerárquicos en la administración pública, el sector privado y las organizaciones intermedias. Las personas de un mismo sexo no podrán superar el 60 por ciento ni representar menos del 40 por ciento del total de los cargos.

- Declaración de la emergencia nacional por violencia de género por dos años, prorrogables. El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer y reasignar partidas presupuestarias para enfrentar esta problemática. Esta propuesta incluye la creación en el ámbito del Congreso de una comisión bicameral de seguimiento de un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista.

- Le encomienda al Consejo Nacional de las Mujeres y al Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Visuales la elaboración y posterior difusión en medios de comunicación, de una campaña nacional de concientización y prevención de la violencia de género, a lo largo de dos años, prorrogables, si fuera necesario.

- Plantea que los jueces que intervienen en causas por violencia contra las mujeres puedan ordenar la suspensión de la responsabilidad parental para los agresores denunciados y de la guarda, tutela o curatela en caso de otro tipo de vínculo deresguardo.

- Incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo una licencia especial de tres días, para las trabajadoras víctimas de violencia de género, que acompañe constancia de intervención de la autoridad sanitaria, administrativa o judicial. Y una licencia por un día, para la realización de diligencias administrativas o judiciales vinculadas a causas iniciadas por el mismo motivo.

- Plantea que a solicitud de la trabajadora que haya denunciado violencia de género, el empleador pueda proveer el traslado laboral en caso de contar con vacantes para su cargo en las sucursales u otros lugares de trabajo, teniendo prioridad para su cobertura.

- Se tipifica penalmente el incumplimiento de algunas medidas cautelares por violencia de género, como la de prohibición perimetral y la de exclusión del hogar conyugal, y se fija una pena privativa de libertad, de cumplimiento efectivo. Asimismo se establecen alternativas económicas cuando el agresor es sostén de familia. Por un lado, en caso de resultar el condenado por alguno de los casos de violencia de género, el producto de su trabajo se aplicará exclusivamente al sostén del grupo familiar damnificado por la agresión, no obstante la pérdida o suspensión de la patria potestad. En el caso de ser el imputado el sostén del grupo familiar que integra con la mujer en situación de violencia, se notificará al empleador del victimario la obligatoriedad de efectivizar a favor de la víctima el pago de los salarios. En caso de perder el trabajo por esta causa, el Estado proveerá a la mujer en situación de violencia un subsidio especial.

- Se prevé la alternativa de implementar pulseras electrónicas al agresor y a la víctima que alerte a las autoridades policiales cuando el agresor vulnere la restricción perimetral, lo que permitiría impedir el acercamiento y eventual agresión.