Una serie de denuncias sucesivas sobre detenciones inmotivadas y violentas contra trans y travestis en La Plata, derivó en un reclamo del Observatorio de Violencia de Género, de la Defensoría del Pueblo bonaerense a la intendencia platense.

El motivo de denuncia surge del reclamo de vecinos por lo que se denomina mediáticamente como “relocalización de la Zona Roja”.

“La relocalización es un dispositivo de control social que genera exclusión contra el colectivo trans y travestis.”, señalaron desde el OVG. “La relocalización continúa exponiendo al colectivo trans y travesti a una situación de extrema vulnerabilidad: el traslado de estas personas a otras zonas más alejadas de la trama urbana claramente no modifica sus condiciones materiales ni subjetivas; por el contrario, las agrava.

El reclamo de la relocalización, por parte de asambleas vecinales que funcionan con un fuerte sesgo policial, va acompañado con acciones policiales, requisas violentas, vejatorias. “El OVG exige que se respeten los derechos de las personas trans y travestis durante los procedimientos policiales y judiciales. Las requisas policiales no pueden llevarse adelante con tratos vejatorios como la desnudez forzosa, inspecciones anales, exposiciones de los cuerpos desnudos frente a la prensa y a los transeúntes”.

El OVG además al estado provincial y municipal el cumplimiento de la ley de cupos trans que fuera impulsado por la militante Diana Sacayán, y la definición de otras políticas públicas integrales dirigidas al colectivo trans y travestis a través de sus áreas programáticas de género y de planes específicos.

En una campaña mediática, desde hace unos dos años, se acusa a grupos de trans y travestis de utilizar la prostitución para la venta de drogas.

“Con la relocalización no parecería que se tenga interés en investigar el accionar de las redes de narcotráfico. Mas bien parece desentenderse del problema y trasladarlo a otro lado”, dijo.