Los responsables de la empresa Uber, cuyo anuncio de desembarco en Buenos Aires generó polémica y oposición de autoridades y gremios de taxistas, aseguraron que continuarán “buscando el apoyo del gobierno para generar una norma específica mientras avanzamos en la llegada”. La vocera de la firma señaló a este diario que, si el problema es el contexto legal, eso se debe a que el modelo de la aplicación crea “una nueva categoría en materia de movilidad urbana”. El mismo conflicto había desatado la llegada de Uber a España hace más de dos años, a punto tal que la Justicia –a pedido de asociaciones de taxistas– terminó por prohibir sus operaciones en 2014; ayer, luego de que la aplicación modificara su modo de funcionamiento para adecuarse a las leyes españolas, volvió al ruedo, aunque sus responsables volvieron a reclamar cambios en el marco normativo ibérico.

La gerente de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur, Soledad Lago Rodríguez, aseguró a este diario que el servicio de la aplicación crea “una nueva categoría en materia de movilidad urbana”. Por eso, explicó, “la solución puntual varía en cada ciudad y nuestro objetivo es continuar el diálogo y contar con el apoyo del gobierno para que la innovación también se vea reflejada en leyes modernas en donde tengan lugar propuestas como la de Uber”. En ese sentido, Lago Rodríguez detalló que las reuniones sostenidas con la administración porteña antes del anuncio del reclutamiento de choferes fueron para “analizar propuestas específicas de adecuación a normativas vigentes”. Como el contexto legal actual “no comprende un servicio innovador como el nuestro”, esos encuentros no se tradujeron en un acuerdo. De todos modos, la empresa sigue llevando adelante “sesiones informativas” presenciales y online para quienes se postularon como choferes, aunque aún no hay “fecha de lanzamiento” del servicio.

En tanto, la aplicación comenzó a operar en Madrid en una versión llamada UberX, a quince meses de que la justicia prohibiera sus operaciones por considerarlas competencia desleal y porque los conductores no tenían autorización administrativa. Desde ayer, en suelo español Uber sólo puede funcionar con choferes que tengan licencia profesional y usen autos que formen parte de una flota. Además, las tarifas son alrededor del 30 por ciento más baratas que las establecidas para los taxis cuando se trata de realizar viajes en la ciudad, y del orden del 40 por ciento cuando el viaje es hasta el aeropuerto. También en España los voceros de Uber habían planteado la voluntad de trabajar con las autoridades “para crear un espacio justo para Uber y la economía colaborativa”.