Casi un millón de cordobeses están en riesgo por un antiguo yacimiento de uranio heredado de la dictadura militar. El Complejo Minero Fabril Los Gigantes, ubicado en Tanti, una de las poblaciones del circuito turístico de los alrededores de la capital cordobesa, se creó en el ‘79 en el marco del plan nacional de expansión nuclear. Desde hace catorce años está cerrado, pero sus piletones continúan acumulando agua de lluvia sobre restos de uranio y de ácido líquidos. El caudal de agua con sustancias radiactivas aumenta 20 mil metros cúbicos por año. Con lluvias normales, quedaría sólo un año antes de desbordarse, según advierten los conocedores. Pero si esta temporada las lluvias son superiores a la media, tal como temen sus pobladores, los desbordes podrían alcanzar al lago San Roque, fuente de provisión de agua potable de Villa Carlos Paz y de la ciudad capital. Los vecinos de Tanti, apoyados por un diputado nacional, le reclaman al gobierno nacional una intervención definitiva y urgente de la Comisión de Energía Atómica (CNEA), encargada de un plan de rescate para poner a salvo a la zona del riesgo de la contaminación.
“La gente no quiere hacer terrorismo con esto porque se viene la temporada de verano”, explica ahora el diputado nacional Eduardo García, del Partido Socialista. “No es para crear pánico, pero acá podemos tener otro Río Tercero.”
La planta de extracción de uranio nació en medio de la guerra fría. La Junta Militar decidió fomentar la explotación de uranio en áreas de dos provincias, Mendoza y Córdoba. En el ‘79, el contraalmirante Carlos Castro Madero, a cargo de la CNEA, le entregó la concesión de lo que sería el Complejo Minero Fabril Los Gigantes a una sociedad anónima solo identificada por un doble apellido: Sánchez Granel SA. Los Gigantes nacía así a 75 kilómetros de la capital de Córdoba, sobre el arroyo El Cajón, uno de los afluentes del río San Antonio, fuente de provisión de agua potable directa de todo Carlos Paz.
Desde hace 14 años no hay actividad en la planta. Sánchez Granel SA presentó la quiebra en el ‘89. Desde ese momento nadie se hizo cargo de lo que los especialistas mencionan como el principal punto de riesgo: los residuos radiactivos y los tratamientos pendientes de disposición final, esenciales para neutralizar los residuos abandonados.
La voz de alerta entre los vecinos de Tanti y de Carlos Paz comenzó a escucharse de distintos modos y con distintos tonos desde el ‘87. En ese momento, se detectó una filtración importante de fluidos en uno de los cinco piletones de la planta. Las organizaciones ambientalistas de la zona y un grupo de referentes barriales consiguieron de parte de las autoridades provinciales y nacionales un plan de salvataje que nunca terminó de cumplirse. “Era un derrame importante pero en lugar de resolver el tema de fondo –dice García– terminaron resolviendo sólo la filtración y poniendo un parche.”
En Los Gigantes hay cinco piletones o diques que fueron recibiendo los residuos mientras la planta funcionaba. Las dimensiones son inmensas: cada uno tiene una extensión aproximada de dos hectáreas. Cuatro de los cinco están controlados porque a lo largo del tiempo se secaron o solidificaron. El quinto, en cambio, es el disparador del estado de alarma: “El piletón tiene ahora 155 mil metros cúbicos de residuos con uranio y ácido sulfúrico –dice nuevamente el diputado–. La capacidad máxima es de 170 mil metros cúbicos pero desde el 2000 ó 2001 viene creciendo 20 mil metros por año”. García está convencido de que con períodos de lluvia normales y con caudales normales, el piletón soportaría un año. “Pero si existe una lluvia extraordinaria –dice– ese piletón rebasa y si pasa eso, uno de los afluentes del río San Antonio y el dique San Roque terminaría contaminado.” El dato no es menor: el río San Antonio abastece de agua potable a todo Carlos Paz y el dique San Roque al 70 por ciento de los cordobeses de la capital provincial. En total, un millón de personas. García promovió desde el bloque de diputados socialistas del Congreso un pedido de informes destinado al gobierno nacional. Entre otros aspectos, solicita información sobre cronogramas, etapas y acciones del Proyecto Integral de Gestión de Clausura del Complejo Minero Los Gigantes. Es el Estado nacional a través de la CNEA, el que debe encargarse de elaborar un plan para neutralizar los líquidos remanentes del proceso industrial y su descarga. Por este tema, representantes de la CNEA se reunieron el jueves pasado con un grupo de vecinos, representantes de organizaciones intermedias de Punilla, Punilla Sur, San Antonio y Tala Huasi. En el encuentro, presentaron un proyecto que contempla la construcción de otro dique para trasladar los efluentes con un sistema de bombeo y el uso de cal para neutralizarlos. El proyecto cuenta con la aprobación de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento cordobesa pero tiene otro inconveniente: no fue aprobado por la Agencia de Medio Ambiente de Córdoba, explicó García. Para la semana próxima, la comisión de la CNEA viajará nuevamente al complejo minero. Esta vez para evaluar la situación y delinear medidas que eviten un eventual derrame tóxico.
En Córdoba existe un grupo importante de ambientalistas organizados desde septiembre pasado para “que se nos aclaren los riesgos de contaminación”, le decía en ese momento a la agencia Infored María del Carmen Ortelani, de la Asociación Amigos del Río San Antonio. “No se trata de generar alarma –vuelve a decir el legislador–, pero el Estado debe ocuparse cuanto antes de esta cuestión para evitar cualquier eventual accidente.”