Cuando parecía resignado a someterse al Tribunal Oral que lo puede condenar por corrupción de menores, el cura Julio César Grassi y sus defensores salieron a desconocer, de un solo plumazo, al Poder Judicial, a la Constitución nacional y a las leyes. En un escrito de dudosa intencionalidad, rechazado de plano por la Justicia, el sacerdote recusó al tribunal y dijo que se niega a someterse a lo que él llama la “corporación judicial”. En lugar de atenerse a las normas procesales vigentes, propicia en cambio que lo juzgue un “jurado popular” elegido por él mismo e integrado por un grupo de amigos y simpatizantes. Entre los “jueces” propuestos por Grassi figuran el director del diario Ambito Financiero, Julio Ramos, que desde sus notas editoriales ha venido defendiendo la inocencia del cura. El Tribunal Oral 4, que debe juzgar a Grassi, rechazó el planteo “in limine”, es decir sin siquiera llegar a considerarlo, porque carece “tanto de soporte fáctico como legal”.
La presentación de Grassi, firmada por Jorge Sandro y Mariano Silvestroni, carece a todas luces de fundamento legal, aunque podría ser el comienzo de una nueva estrategia de la defensa: inducir a la duda respecto del estado de salud mental del imputado. “Se puede pensar que la presentación apunta a exteriorizar una supuesta insuficiencia en sus facultades mentales que le impediría (a Grassi) comprender la criminalidad de sus actos”, dijo una fuente allegada a la causa. Entre las medidas que debe tomar el Tribunal 4, a cargo del juicio oral, figura someter a Grassi a pericias psiquiátricas a las que se ha negado en tres oportunidades. Los jueces podrían disponer que se hagan en forma compulsiva.
El pedido de Grassi es insólito por donde se lo mire. El cura, que será juzgado por “abuso sexual agravado en concurso legal con corrupción de menores agravada” por la condición de guardador que tenía respecto de las víctimas, los menores conocidos como “Gabriel” y “Ezequiel”, planteó lisa y llanamente “la inconstitucionalidad del sistema de juicio oral y público de la provincia”. El sacerdote dijo ser víctima de un supuesto “abuso de poder” y que la acusación que pesa sobre él fue inducida por “los fiscales, la prensa y la opinión pública”. En el escrito se sostiene que Grassi es una supuesta víctima de la “corporación judicial” y que en ese marco “no hay posibilidad de que pueda contar con un tribunal imparcial”, según precisó a Página/12 una fuente cercana a la causa.
Algunos tramos de la presentación de Grassi contienen expresiones en extremo curiosas, como cuando afirma que quiere ser “un héroe” (sic) y que los funcionarios que lo quieren juzgar deberían tomar conciencia de que “del casi anonimato pasaron a las tapas de los diarios y a la TV, gracias a él” y a la causa en la que está como imputado. En ese contexto es que propicia que lo juzgue un “jurado popular” que él mismo elegiría. Entre los posibles integrantes figurarían Juan José Grassi, hermano del cura; el abogado Miguel Angel Pierri, acusado por “encubrimiento agravado” en un intento por favorecer a Grassi; el conductor Raúl Portal, amigo y colaborador del cura en la Fundación Felices Los Niños, y el empresario periodístico Julio Ramos, editor de Ambito Financiero.
Los miembros del Tribunal 4, Carlos Torti, Rodolfo Castañares y Pedro Rodríguez rechazaron “in limine” (sin siquiera considerarlo) el planteo de Grassi “por no detectarse que haya afectación del debido proceso y por no concurrir ninguno de los motivos consagrados en el Código” para recusar a los jueces. En esas condiciones, la presentación “aparece desprovista tanto de soporte fáctico como legal”. En consecuencia, “la postulación es manifiestamente improcedente y debe ser desechada de plano”.