El fiscal Fabián Céliz solicitó ayer que se condene a seis años de prisión a Roberto Calderini, actual inspector del gobierno porteño que en 1997 habilitó, presuntamente tras cobrar una coima, el boliche Cromañón, en el que el 30 de diciembre de 2004 murieron 193 personas que asistían a un recital de la banda Callejeros.

El pedido se formuló en el juicio oral que se le realiza al funcionario, a quien se acusa de los delitos de “falsedad ideológica de documento público y cohecho”.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, el fiscal también solicitó que Calderini sea “inhabilitado de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos”, ya que actualmente sigue trabajando en el área de Policía del Trabajo del gobierno porteño.

Céliz explicó que en abril de 1997, el inspector denegó la habilitación del local y meses después, en junio, en idénticas circunstancias, la aprobó pese a que no se había realizado ninguna reforma.

Por eso, el fiscal concluyó que Calderini recibió dinero para la habilitación, ya que no era amigo ni conocía a nadie de la sociedad Lagartos –que explotaba Cromañón en esa época– y tampoco había otro motivo para hacerlo.

Por su parte, el abogado José Iglesias, único querellante por las víctimas en este juicio, pidió para el imputado una pena de nueve años de prisión y el doble de ese tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Iglesias hizo un repaso de cómo funcionaba el área de habilitaciones en 1997 y recordó que debido a que tres años antes se había incendiado el boliche Kheyvis, en Olivos –en el que murieron 17 jóvenes–, era necesario tener un certificado de Bomberos para funcionar.

El abogado dijo que era “falso” el informe de habilitación elaborado por Calderini y que en la primera ocasión sólo había concurrido al lugar, sin inspeccionarlo, y en la segunda ni siquiera visitó el boliche.

Como evidencia de la falta de rigurosidad en las inspecciones que derivaron en la habilitación, Iglesias citó que el local situado en Mitre al 3000, en el barrio de Once, medía 1800 metros y que él lo habilitó por 1470.

También dio por acreditado que el cohecho existió en base a la existencia de tres expedientes iniciados en el gobierno porteño referidos a la habilitación, ya que en el primero se negó el permiso, luego se clausuró el local y después se permitió su funcionamiento sin que hubiera modificaciones que lo motivaran.

Tras la audiencia, los jueces del TOC 3, Gustavo Rofrano, Miguel Angel Caminos y Gustavo Valle, pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando será el turno del alegato del abogado Martín Orozco, defensor de Calderini.

El incendio ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando comenzaba el recital del grupo de rock Callejeros. El boliche estaba habilitado para un millar de personas, pero habían vendido entradas para alrededor de 5000.

Mientras empezaba a sonar el primer tema, decenas de jóvenes encendieron bengalas y pirotecnia de la llamada “tres tiros”, que provocaron un incendio en la mediasombra que recubría el techo del local, lo que generó un humo tóxico que terminó con la vida de 193 personas por asfixia por inhalación.

Esto convirtió a Cromañón en el hecho con más muertos por causas no naturales en la historia argentina.

En 2007, se realizó el primer juicio oral conexo a la causa principal, en el que fueron condenados tres jefes de Bomberos y dos empresarios.

La Corte Suprema de Justicia confirmó el martes 5 las condenas del segundo y principal juicio, en el que fueron hallados responsables del hecho el gerenciador Omar Chabán (murió en noviembre de 2014, mientras cumplía condena); su mano derecha, Raúl Villarreal; los músicos de Callejeros (encabezados por Patricio Santos Fontanet) y tres funcionarios porteños.

Por eso, desde el miércoles pasado, 9 de los 11 condenados están otra vez detenidos cumpliendo su pena.

Por su parte, el escenógrafo de Callejeros, Daniel Cardell, y Ana María Fernández, ex directora general adjunta de Control Comunal del gobierno porteño, gozan de libertad condicional porque fueron condenados a 3 años de prisión.

En tanto, ya se encontraba detenido el ex subcomisario Carlos Díaz. Mientras que el ex manager de la banda, Diego Argañaraz, se encuentra cumpliendo libertad condicional ya que había sido condenado a 5 años y quedó preso desde diciembre de 2012.

En el tercer juicio que se hizo por la tragedia, ese mismo año, fue condenado el empresario Rafael Levy, dueño del predio donde funcionaba el boliche, mientras que fueron absueltos el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, el ex comisario Gabriel Sevald y los ex funcionarios Enrique Carelli y Vicente Rizzo.

Mañana será el turno del alegato de la defensa y luego el tribunal quedará en condiciones de escuchar las últimas palabras del imputado y dará a conocer el veredicto, lo que podría ocurrir el mismo día.