A diez años de la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes –que puso fin a la Ley de Patronato del Estado e inauguró un nuevo paradigma: la perspectiva de los derechos humanos de los niños y niñas–; todavía hay mucho por hacer. El libro Infancia: transitando nuevos caminos propone aportes para el debate que este cambio paradigmático aún necesita. “Es una lectura de cómo creemos que se debería implementar la ley. Queremos contribuir al debate”, insisten las autoras. La falta de recursos económicos y de decisión política para destinarlos al fortalecimiento de las familias aparecen como los dos aspectos centrales que entorpecen la aplicación de la ley y, por ende, el acceso de todos los chicos y chicas a sus derechos.

Infancia: transitando nuevos caminos. Lecturas y propuestas en torno a la Ley de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Biblos), de Irene Konterllnik y Cristina Fraccia, se presentará hoy a las 18 en el Auditorio de Flacso. En su introducción, Irene Konterllnik explica que la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes promovió “un viraje en las acciones, desde intervenciones orientadas a proteger a niños y adolescentes carentes, necesitados, ‘en riesgo de convertirse en peligroso’ hacia intervenciones organizadas para garantizar y proteger los derechos de todos los niños, sin discriminación”. También que esta norma se complementa con otras sancionadas durante los últimos años: “Se plantean así, transformaciones significativas en el quehacer del Estado con relación a la niñez, la adolescencia y la familia, que se expresan tanto en nuevas concepciones de familia así como en el abandono de políticas focalizadas y el establecimiento de políticas universales tales como la Asignación Universal por Hijo y por embarazo; la Ley de Educación, el aumento del porcentaje de PBI destinado a educación y el Plan Nacer, entre otros. El avance en la garantía de derechos económicos y sociales es, sin lugar a dudas, un marco insoslayable para que la Ley de Protección Integral tenga una completa aplicabilidad, ya que si la antigua ley suplía las omisiones del Estado y la sociedad judicializando las situaciones de pobreza, la nueva ley descansa en la garantía de acceso y protección a todos los derechos”. Sin embargo, todavía hay problemas para que la ley pueda cumplir con su objetivo principal de protección integral a la infancia y adolescencia.

–¿Por qué no se termina de implementar la ley?

Irene Konterllnik: –Lo que sucede es que termina resumiéndose el sistema en los servicios de protección de derechos, que son oficinas que trabajan los “casos”. Ahora, si no se construye la idea de sistema, donde haya disponibilidad de políticas públicas, donde las políticas públicas puedan lograr una cierta articulación entre sí –por eso trabajamos el tema municipios y provincias–, donde se pueda plantear un plan de acción para la infancia, donde se puedan revisar cuáles son las omisiones, cuáles son problemas… Entonces el sistema no puede resumirse en estos dispositivos sino a toda una estructura institucional con nuevas reglas de juego y con organismos que vayan absorbiendo responsabilidades entre sí. Si no el servicio termina siendo voluntarista (“¿no tendrás una heladera? Porque esta familia…”).

–O sea, a diez años todavía no se terminó de armar un sistema realmente distinto.

I. K.: –Claro. En las provincias, los municipios terminan delegando en estos dispositivos los problemas en vez de asumir que en realidad tiene que ser una estrategia conjunta cuando el servicio es el último recurso, en el último caso, cuando hay situaciones graves. Sino, los niños tienen que estar en la escuela, en la familia; la familia inserta en el mercado de trabajo. Si no se piensa en un sistema, esto es más de lo mismo.

Cristina Fraccia: –Incluso en los casos de emergencia, donde son necesarias medidas de protección de derechos, al no funcionar el sistema está el vacío de programas y políticas donde el servicio pueda respaldarse. Entonces el servicio termina haciendo lo que hacían los equipos técnicos en los Tribunales que era amonestar a la familia, aconsejarle, y después cada vez más duro, controlarla…

–Irene, habla de la necesidad un enfoque holístico ¿cómo sería?

I. K.: –En términos de que el servicio debe estar respaldado por una red de servicios y políticas, y por el otro lado, en el segundo capítulo, en cuanto al abordaje de los chicos y la familia. Hablo de un abordaje holístico, multidimensional. Hay que ver las cosas que están pasando. Por ahí la familia no tiene ingresos, viven hacinados y en realidad las situaciones se disparan desde ese lugar. O, doy un ejemplo donde la familia está bien económicamente y hay desnutrición en un chico; entonces, no es una cuestión económica, hay una desatención. Entonces, poder atender a todas las variables que están dando vueltas. Una evaluación holística, y una respuesta holística.

–Menciona además de la falta de recursos de los servicios, que estos trabajos no están jerarquizados, no se pagan bien, no tienen carrera…

I. K.: –En las áreas sociales es así, va más allá del tema niños. Son las áreas más desprotegidas. Yo pongo mucho énfasis en la creación de un entorno de protección. Es decir, el servicio es un recurso con el que hay que contar porque el Estado tiene que intervenir cuando suceden cosas, el tema es cómo interviene.

–¿Qué sería un “entorno de protección”?

I. K.: –Lo abro en dos dimensiones. El comunitario y el familiar. Es decir, por un lado, fortalecer las condiciones en que vive la familia. Esto va más allá de los servicios, es salud, educación, vivienda… Por otro lado, también hay que aumentar las capacidades de la familia. A través del empoderamiento jurídico. No solamente enseñarles a criar a sus hijos, que a veces resulta cuestionable porque hay que ver el criterio..., también dotar a la familia de recursos que puedan demandar por su prole. También, el entorno comunitario. Muchas veces hay comunidades atravesadas por mucha violencia. Ahí el Estado también tiene que ver, porque no llegan los servicios. Porque la Policía viene cuando realmente hay situaciones ya desmadradas y los chicos viven en ese entorno y repiten. No son problemas separados, se retroalimenta. No se resuelve con los servicios sino con una estrategia de promoción.

–Para eso el Estado tiene que considerar al tema un área prioritaria…

C. F.: –La gente que trabaja en los servicios hace lo que puede, están atrapados en esta no constitución de este sistema de promoción y entorno de bienestar para los chicos. Ellos también son víctimas de eso.

I. K.: –Por eso aludo a los decisores políticos. Si no hay decisión política se termina haciendo lo que se puede.

C. F.: –Hemos avanzado bastante en que por lo menos la ingeniería formal cambió en lo que era la legislación anterior y la manera de tratarla. Pero falta dar el otro paso.

–En un contexto como el actual de crisis y recortes del Estado ¿cuál es la importancia de llevar adelante la ley?

C. F.: –Justamente en estos momentos hay que insistir, no acomodarnos. Porque uno habla con operadores de ciertos servicios de infancia y están muy desalentados porque no hay mucho que se pueda hacer en muchas situaciones. Entonces, esa incomodidad hay que expresarla, verbalizarla en el debate y seguir demandando. Construir, abrir el debate, incomodarnos e incomodar.