SOCIEDAD › ADEMáS DE LAS RAVES QUE YA NO AUTORIZA LA CIUDAD, AHORA LA PROHIBICIóN LLEGó A LOS LOCALES BAILABLES
En un fallo al que accedió Página/12, un juez le ordenó al gobierno local que impida la realización de eventos como el de Costa Salguero, pero de menor concurrencia de público. Fiestas de ese tipo se realizan de manera cotidiana todos los fines de semana.
› Por Werner Pertot
El juez Lisandro Fastman prohibió todas las fiestas electrónicas que se hagan en boliches, no sólo los festivales masivos (que no serán autorizados hasta nuevo aviso). El magistrado había suspendido una cautelar ordenada por el juez Andrés Gallardo que prohibía en forma total la actividad nocturna hasta tanto el Gobierno porteño detallara cuáles eran los mecanismos de control para las fiestas electrónicas en los boliches y cuál era el criterio que las diferenciaba de los eventos masivos. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que se trataba de “un disparate”. No obstante, el juez Fastman volvió sobre sus pasos y dispuso ayer que, además del compromiso público de no permitir fiestas masivas, desde el Gobierno porteño “deberán arbitrar todos los medios a su alcance para prevenir y evitar que eventos de similares características –aunque de menor concurrencia de público– tengan lugar en establecimientos habilitados con otra clase y finalidad habitual”.
Luego de la tragedia de Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, el jefe de Gobierno anunció públicamente que no autorizará nuevas fiestas hasta crear un nuevo sistema de control y de reducción de daños. El 29 de abril, la Asociación Civil Vientos de Libertad y otras entidades presentaron una cautelar en la que señalaron que todos los fines de semana se producen fiestas similares en diversos boliches donde se da el mismo consumo de drogas sintéticas. Presentaron un listado de catorce boliches. El juez Gallardo comprobó que de esa lista había uno que tenía la habilitación dada de baja en 2013, otros cuatro que no tenían habilitación y el resto promocionaban fiestas electrónicas.
El magistrado ordenó prohibir toda la actividad comercial de baile con música en vivo o grabada hasta que el gobierno porteño detallara la distinción entre fiestas electrónicas masivas y el resto de las actividades similares. También debía entregar un listado de las habilitaciones vigentes de boliches, casas de fiestas privadas y bares y notificar con qué cantidad de inspectores cuenta para controlarlos. Y debía generar un protocolo de actuación conjunta para los cuerpos de inspectores y la policía.
Casi al unísono, el fallo fue cuestionado por el jefe de Gobierno y la Cámara de Boliches. “La medida del juez Gallardo es un verdadero disparate. Nos preocupan las adicciones, pero eso no significa que haya que cerrar literalmente toda la noche. Clausurar la noche es un despropósito”, aseguró Larreta. Como Gallardo había dictado la cautelar en el turno en el que entró la demanda, luego se sorteó y recayó en el juzgado de Fastman. Este segundo magistrado convocó ese mismo día a una audiencia de la que participaron el procurador porteño Gabriel Astarloa; el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Matías Alvarez Dorrego; el director de Habilitaciones, Diego Pérez Lorgueilleux; el de Fiscalización y Control, Gustavo May, y el subsecretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, además de Jorge Becco, por la Cámara de Discotecas, y los demandantes. Según figura en el acta, de común acuerdo solicitaron al juez suspender la cautelar.
Fastman accedió a permitir que se desarrollara normalmente la actividad en los boliches y, a su vez, le ordenó a los funcionarios porteños que entregaran en el plazo de cinco días un informe de las fiscalizaciones que hicieron en abril. En la audiencia, los funcionarios se comprometieron (de palabra) a no conceder ningún nuevo permiso para fiestas electrónicas masivas, por el momento, y la Cámara de Discotecas, a contratar los seguros correspondientes en los boliches.
Ayer Fastman revisó su decisión de permitir las fiestas electrónicas en los boliches. El juez firmó un escrito –al que accedió Página/12– en el que indica que “no es posible mantener la vigencia del acuerdo transitorio arribado en la audiencia del 29 de abril”. Fastman advirtió que el lunes 9 se intimó al Gobierno porteño a que entregara el informe que había solicitado y que el plazo se venció ayer a las 11. El magistrado permitió que tanto la Cámara de Boliches como el Gobierno porteño apelen la medida inicial dictada por Gallardo, pero indicó que “con carácter provisorio y mientras se substancian las apelaciones” dispondrá una serie de medidas:
- Le ordenó a la AGC que, además de no conceder permisos a fiestas electrónicas masivas, se ocupe de que tampoco las haya en locales bailables que reciban grupos menores de personas.
- También le indicó a la AGC que deberá inspeccionar los locales bailables que habían sido denunciados en la causa. “En el supuesto de advertir las irregularidades denunciadas, deberá actuar conforme a la normativa vigente”, ordenó el juez, quien dispuso que deberán también informar a la fiscalía de turno.
- Además, les ordenó “extremar los recaudos en el ejercicio de sus funciones habituales de control y arbitrar todos los medios a su alcance para resguardar la salud e integridad física de los asistentes a los locales bailables”. En detalle, les marcó que deberán controlar la cantidad de asistentes, la ventilación, la higiene, las normas de seguridad y “la hidratación y dispositivos médicos de emergencia”.
El juez Fastman explicó que ordenó estas medidas “con estricta finalidad protectora de derechos, al efecto de evitar todo tipo de daño que pueda resultar previsible” por parte de los controles del gobierno porteño.
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