“Aborto legal para no morir.” La frase fue repetida ayer una y otra vez por las agrupaciones de mujeres que al mediodía se reunieron en las escalinatas del Palacio de Tribunales, de la ciudad de Buenos Aires, para realizar un escrache al magistrado de Bahía Blanca que le negó la autorización para realizarse un aborto terapéutico a Miriam, la nena de 14 años que quedó embarazada cuando fue violada por su padrastro. No fue la única expresión de repudio a la decisión del juez José Luis Ares. Simultáneamente, frente a los Tribunales de Bahía Blanca alzaron la voz en su contra representantes de organismos de derechos humanos, de partidos de izquierda y del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Y el sábado hubo otra manifestación en Rosario.
Rodeadas de carteles que reclamaban “terminar con el abuso y la violencia” y “la legalización del aborto”, las voces del movimiento de mujeres, provenientes de distintas organizaciones, se escucharon por más de una hora en las escalinatas centrales del Palacio de Justicia, en Buenos Aires, frente a la plaza Lavalle. A la protesta adhirió la psicoanalista Eva Giberti, quien repudió “todas las prácticas patriarcales destinadas a humillar a las mujeres y a poner en riesgo sus vidas”.
Pero el escrache no sólo estuvo dirigido al juez Ares: también al director del Hospital Penna de Bahía Blanca, Alberto Taranto, por “desoír” los consejos del Comité de Bioética del mismo centro asistencial que, después de una evaluación, recomendó interrumpir el embarazo por “el riesgo físico y psíquico” que representaba para la nena, según señaló Susana Pérez Miquel, de la Asamblea por el Derecho al Aborto. “La cadena de responsabilidades comienza por el padrastro que continúa prófugo, luego por el director del hospital que desoyó al Comité de Bioética y por el juez que no otorgó el permiso para el aborto, a pesar del riesgo que corre Miriam con este embarazo, que puede afectar gravemente su psiquismo”, afirmó Pérez Miquel.
Mientras las voces de la protesta reclamaban “anticonceptivos para no abortar”, la secretaria nacional de Género de la CTA, Estela Díaz, consideró que ésta “es una situación hipócrita porque si esta chica hubiese tenido recursos, habría recurrido a un aborto clandestino”. En ese sentido, Díaz advirtió que existen recomendaciones de organismos internacionales “para modificar la legislación argentina sobre el aborto”.
Raquel Disenfeld, integrante del Grupo de Mujeres Libres y la Asamblea por los Derechos de la Mujer, expresó que “llevar adelante un embarazo en estas condiciones es siniestro”.
“En situaciones de emergencia debe haber un aborto terapéutico inmediato”, reclamó Disenfeld. El juez negó la posibilidad de interrumpir el embarazo por considerar que la gestación “no representa un riesgo para la salud mental de la futura madre”, a pesar de que Miriam manifestó su intención de suicidarse y llegó a suplicarle de rodillas que la dejen abortar. La joven de 14 años posee el cuerpo de una niña de 11 según describió la defensora oficial Graciela Cortázar. Está en el quinto mes de embarazo, pero se niega a comer y a realizarse controles médicos. Su padrastro, padre de los siete hermanitos menores de la nena, desapareció del hogar después de la violación.
“Basta de violencia sexual, religiosa y económica. Tenemos derechos”, decía otro de los carteles sostenido, entre otras, por Elsa Schvarezman, del Foro por los Derechos Reproductivos, quien consideró que “los médicos del hospital de Bahía Blanca incurrieron en la figura de ‘abandono de persona’ al no darle curso al dictamen de la Comisión de Bioética hospitalaria”. Cristina Gabelloni, de Mujeres de Socialismo Libertario, apuntó: “El patriarcado está instalado en el sistema judicial y junto con el Estado impiden el derecho a decidir sobre el propio cuerpo”.
El sábado último, la ciudad de Rosario fue el escenario de otra protesta para repudiar la decisión del juez Ares. La convocatoria surgió de las integrantes del movimiento de mujeres rosarino, robustecido luego del XVII Encuentro de Mujeres, que tuvo lugar allí en octubre, cuyo cierre fuecoronado por una multitudinaria marcha de más de 10.000 mujeres a favor de la legalización del aborto.
En realidad, la de ayer no fue la primera expresión de repudio al magistrado en el ámbito porteño. El viernes último hubo un escrache frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200, donde agrupaciones de mujeres le entregaron una carta dirigida al gobernador Felipe Solá para solicitarle que disponga en forma urgente todo lo necesario para que se dé curso al reclamo de la niña y su madre, poniendo énfasis en que se trata de un caso de aborto “no punible”, según el artículo 86 del Código Penal, al tratarse de la interrupción de un embarazo cuya continuidad hace peligrar la salud de la nena.

Informe: Maricel Seeger.