La fiscal decana de Violencia contra la Mujer de Madrid, Ana María Galdeano Santamaría, dio una clase magistral sobre cómo la Justicia debe escuchar –y entender– a las víctimas de los maltratos perpetrados por su pareja o ex pareja y destacó que es “fundamental” que jueces y fiscales se formen y capaciten en la temática e incorporen la perspectiva de género para garantizar la protección de las mujeres que denuncian. “Queremos que se acerquen y cuando se acercan, no les creemos”, alertó. La especialista española fue una de las expositoras extranjeras de las V Jornadas Internacionales de Violencia de género y delitos conexos, organizadas por el Ministerio Público Fiscal de La Rioja en la capital provincial, a la que concurrieron más de cuatrocientos operadores de la justicia de todo el país, los procuradores generales de 15 provincias etre ellos. “El impacto psíquico de la violencia produce alteraciones psicológicas que dificultan el recuerdo y el relato de lo ocurrido. Muchas veces los jueces y fiscales lo interpretan como falta de verdad sobre los hechos o que se trata de una denuncia falsa. Hay que entender, que a medida que la mujer lo perdona –y esto sucede–, el agresor, que es su pareja, se va envalentonando, total, piensa, sus hechos quedarán impunes. Es imprescindible que los operadores de la Justicia conozcan el carácter cambiante de la víctima a lo largo del proceso”, advirtió Galdeano.

Las jornadas, que se desarrollaron a lo largo de tres días en el auditorio de la Universidad Nacional de La Rioja, contaron con expositoras del país y del exterior, del ámbito jurídico, académico y de organizaciones de derechos humanos, que compartieron buenas prácticas, desafíos y problemáticas a la hora de asistir a víctimas de violencia machista desde el sistema judicial. Durante el encuentro, que coincidió con el V Encuentro de Fiscales de Género, la subsecretaria de Acceso a Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, se refirió al proceso de implementación de la ley de patrocinio jurídico gratuito a las víctimas y anunció que están estudiando la unificación del fuero penal y civil en casos de violencia de género y la puesta en marcha de un plan piloto para implementar el uso de pulseras electrónicas para monitorear que los varones denunciados cumplan con las restricciones de acercamiento y otras medidas cautelares (ver aparte).

Galdeano trabaja en la Fiscalía Provincial de Madrid. Durante su ponencia explicó los alcances de la ley de violencia contra las mujeres, que rige en su país hace 12 años. A diferencia de cómo está estructurado el abordaje judicial en la Argentina, en España los juzgados están especializados en Violencia sobre la Mujer en el ámbito intrafamiliar, es decir, el mismo magistrado y fiscal abordan cuestiones que en Argentina están diseminadas en el fuero de Familia y Penal, y generalmente sin conexidad entre causas. “Siempre tiene que instruir el mismo fiscal y el mismo juez cada caso, para que tenga el conocimiento del paso por el sistema judicial de esa pareja y de esa víctima. Es importantísimo conocer todo el contexto familiar desde el primer momento”, señaló. La fiscal española indicó que “los maltratos psicológicos son castigados” con hasta 3 años de prisión. Y contó que la ley partió del concepto de “tolerancia cero” a la violencia machista: “un simple empujón, una bofetada, una coacción, que en otros contextos tendría la consideración de una falta, en el caso de la violencia de género se aplica una pena mayor, genera antecedentes penales y tiene una prescripción más larga en el tiempo y siempre está previsto imponer una pena de no acercamiento e imposibilidad de comunicación por un año más que la pena privativa de libertad”, describió.

¿Por qué se decidió que existan jueces y fiscales especializados? Porque la víctima tiene características particulares que la hacen diferente a cualquier otra víctima de cualquier otro delito, explicó Galdeano. Y detalló esas características: “La víctima no quiere denunciar, minimiza la violencia tras la denuncia, los golpes leves los normaliza, no habla de hombre agresor sino de impulsivo, se siente culpable. Salta de un dato a otro en el relato de la violencia, tiene dificultad para fijar recuerdos, fechas, lugares. Queremos que se acerquen y cuando se acercan, no les creemos”, enfatizó.

Galdeano también explicó que es muy difícil que una mujer víctima de violencia de género en una relación de pareja “quiera contar inmediatamente lo que le ha pasado, a diferencia de quien sufre el robo de un auto o de una cartera”. Además, agregó, “las posibilidades de que el agresor cometa el mismo delito son del 100 por ciento”, a diferencia de lo que ocurre con otros delitos. Y a la mujer, al mismo tiempo, “cada vez le resulta más difícil salir” de esa relación violenta.

La fiscal decana explicó que la ley española prevé que cuando la mujer solicita una orden de no acercamiento, va a tener un Estatuto de Mujer Maltratada, que implica una serie de derechos: una casa de acogida, el traslado de jurisdicción si es empleada pública, y el estatuto de residencia temporal, si es extranjera. A partir de la denuncia, dijo, al agresor se lo obliga a pagar una pensión por alimentos a los hijos.

Durante su exposición, Galdeano señaló la importancia de incorporar la perspectiva de género en la Justicia con el objetivo de “acercar a las víctimas vulnerables al sistema judicial, brindarle protección desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso; asesorarla y empoderarla para que gane confianza; evitar la revictimización de ella y de sus hijos; y garantizar tolerancia cero a la violencia de género, para evitar la impunidad de las conductas del agresor”. Para eso, agregó, es fundamental “la formación y capacitación de los operadores de la Justicia”.