La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado argentino que garantice la educación de Irene Cuevas, una nena con parálisis cerebral que reside en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, al aprobar una medida cautelar en la causa iniciada en 2005.

Irene, que tiene una discapacidad múltiple por parálisis cerebral que le genera una miopía severa y limita su autonomía de sus movimientos, tuvo hasta tercer grado un acompañante terapéutico con cobertura completa por parte de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross) de Córdoba, pero tras un fallo de la justicia provincial la obra social limitó esa prestación.

El caso movilizó a la sociedad civil cordobesa y entidades que se ocupan de temas de discapacidad, que llevaron el reclamo a la CIDH.

La nena tuvo cierto apoyo de la Apross hasta julio del año pasado, cuando tenía 12 años y dejó de contar con un acompañante que permanezca con ella en la escuela, con el consecuente perjuicio a su educación y su posibilidad de desempeño en el aula.

Ahora, el organismo de la OEA dictaminó que Irene precisa acompañamiento terapéutico que le permita ir a la escuela, destacó Antonio Jaén, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). “Se trata de derechos que, vulnerando todas las lógicas del derecho, van para atrás y por argumentos básicamente económicos”, dijo Juan Cuevas durante una marcha en apoyo a su hija realizada en Córdoba en octubre de 2015.

“La educación tiene un rol esencial en el desarrollo” de los niños “y el Estado tiene la obligación de garantizarles el acceso efectivo”, explicó Liliana Tojo, directora de Cejil para el Cono Sur y Bolivia.