A 36 días de la explosión e incendio por escape de gas en un edificio del barrio Mariano Castex, en el Bajo Flores, donde murió una mujer y 17 personas sufrieron lesiones, 55 familias siguen sin vivienda y denunciaron a Página/12 que no han recibido “ningún tipo de ayuda” de parte del gobierno porteño. La onda expansiva del estallido afectó a otros dos edificios linderos, donde viven otras 110 familias, que además de haber sufrido rotura de vidrios, de ventanas y puertas, están sin gas porque la explosión dañó los medidores y el servicio está interrumpido desde esa madrugada del 23 de julio. “Lo que pasó en el barrio Castex es consecuencia de una política de desinversión general en el área vivienda, que impacta de lleno en los sectores que más necesitan del Estado”, afirmó Cecilia Segura, titular de la Auditoría General de la Ciudad, en declaraciones a Página/12.

Segura resaltó que desde la Auditoría advierten que “el mismo esquema se repite en otros complejos urbanos”, lo que lleva a “una situación de emergencia edilicia grave por la desidia estatal” y que eso ha llevado, antes incluso de lo ocurrido el 23 de julio, a la presentación de “un reclamo judicial por parte de los vecinos afectados”. La titular de la Auditoría lamentó que estos hechos tomen estado público cuando se produce un accidente y subrayó que lo que ocurre en el barrio Mariano Castex es “un caso muy grave porque el gobierno PRO viene incumpliendo desde 2009 la ley 3199 (ver nota aparte) que obliga al ejecutivo porteño a realizar obras de mejora para el barrio”.

Segura recordó que ese incumplimiento motivó la presentación de “un amparo presentado por lo vecinos que la Justicia aceptó, pero hasta hoy el gobierno de la Ciudad no ha hecho nada”. Agregó que la situación del Castex “forma parte de una situación de emergencia habitacional que la Auditoría de la Ciudad viene alertando a través de informes sobre el estado de abandono de los complejos habitacionales de la Ciudad y las precarias condiciones de seguridad a la que los vecinos se ven sometidos”.

La auditora sostuvo que lo que ocurre en el Castex “no es casual” dado que “la participación de la inversión en vivienda durante la gestión Macri cayó un 45 por ciento y es por lejos el área cuyo presupuesto está más desatendido de toda la gestión macrista de 2007 hasta hoy. A esto hay que sumarle que el gobierno subejecuta los presupuestos destinados a estas obras”. Segura precisó que en 2015 “se ejecutó solo el 53,5 por ciento del total de los recursos para la rehabilitación de conjuntos urbanos”. Puntualizó, en este sentido, que “hay recursos pero por decisión política de no invertir o por incapacidad para gestionar, las soluciones no llegan a los vecinos”.

Durante una recorrida por el barrio, Página/12 dialogó con Mary Pomerantz, Rodolfo Rodríguez, Miriam de Mora y María Rodríguez, quienes viven en los edificios de Crisóstomo Alvarez 2780 y 2784, linderos al ubicado en el 2782 de esa calle, que fue donde se produjo la explosión y el incendio. Hoy, la torre del 2782 está vacía porque fue desalojada por razones de seguridad.

Un grupo de ingenieros, profesores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), elegidos por el consorcio del edificio más afectado, estudia los daños que ha sufrido en su estructura. Se estima que la primera etapa de los trabajos finalizará a fin de año, cuando podría producirse el reingreso de algunas de las familias. Sin embargo, la habilitación de los pisos superiores (el edificio tiene trece pisos), recién podría producirse en julio o agosto del año próximo.

En el edificio de Crisóstomo Alvarez 2782 vivían 55 familias, de las cuales un cuarenta por ciento alquilaba, y el resto son propietarios. Los inquilinos ya no volverán a vivir allí, porque el contrato que tenían caducó por razones fácticas dado que los departamentos en los que estaban viviendo son ahora inhabitable. Por eso, ya están buscando un nuevo hogar, con las dificultades que eso implica, dado el brutal incremento sufrido, este año, por el costo de los alquileres.

Los vecinos entrevistados por este diario coincidieron en que “no se cumple la ley 3199, sancionada en 2009”, que establecía una serie de mejoras para el barrio, y que además “hay un presupuesto que se destina hacia otro lado y nunca llega al barrio Castex”. El barrio tiene un conjunto de edificios que fueron construidos en 1969 y otros que se habilitaron en 1981. Los tres afectados, de trece pisos cada uno, corresponden a la tanda inaugurada en los ochenta.

Los vecinos recordaron que el día de la explosión “hubo un incendio muy grande, que duró varias horas, y cuando vinieron los bomberos, de las bocas de tormenta cercanas no salía agua, lo que provocó una desesperación tremenda porque hubo que salir a buscar otras que están en los alrededores del barrio”. La explosión ocurrió a las 3 de la madrugada del sábado 23 de julio, cuando la mayoría de los vecinos dormía. “Mucha gente tuvo que refugiarse en la terraza, para escapar del fuego, porque se temió que las llamas llegaran a los pisos superiores; esto pudo haber sido una catástrofe”.

La ley 3199 establece la construcción de rampas para facilitar el ingreso de ambulancias, porque no hay calles internas en un barrio que está compuesto por nueve monoblocks bajos de planta baja y tres pisos, y ocho edificios en torre de trece pisos cada uno. La explosión se produjo en una de las torres, en el primer piso. La propietaria, de 81 años, murió, y hubo 17 lesionados o heridos, uno de ellos un chofer de la línea 132 que vivía en la planta baja y que sufrió la fractura expuesta de la clavícula y un fuerte golpe en la cabeza. “Se le cayó encima la mampostería y una parte de concreto”, explicaron los vecinos.

“A nosotros, la onda expansiva nos destrozó todos los vidrios, los ventanales, cada uno, como pudo, hizo el cambio y ahora estamos esperando que la póliza de seguro nos reintegre el gasto”, explicó Miriam de Mora, quien aclaró que “algunas personas mayores que viven en el edificio no pudieron reemplazar los vidrios todavía”.

Uno de los problemas más serios es que la onda expansiva movió, sacó de su lugar, los medidores de gas de los edificios de Crisóstomo Alvarez 2784 y 2780, los más cercanos a la torre ubicada en el 2782 de la misma calle. En cada torre viven 55 familias, de manera que son 165 los grupos familiares afectados, porque directamente no pueden ocupar sus viviendas o porque no tienen gas desde hace más de un mes.

“Algunos marcos de puertas y ventanas se han quebrado, hay puertas que directamente han volado y hay una obra muy importante que hacer para solucionar el problema del gas, pero esto no es nada comparado con lo que les pasa a las 55 familias del edificio donde ocurrió la explosión”, recalcó De Mora.

Los que viven en la torre del 2782 “no tienen ninguna solución habitacional, no han recibido ningún subsidio ni ayuda alguna y las familias se han disgregado, están viviendo como pueden y donde pueden, sin que el gobierno de la ciudad se haga cargo de nada; el señor (Horacio) Rodríguez Larreta ni siquiera se ha presentado acá para ver lo que está pasando”. Los vecinos señalaron que los más afectados son los que alquilaban, que se quedaron “directamente en la calle”.

El cuadro de situación indica que “cada uno está viviendo como puede, en casas de parientes, de amigos, porque ahora el edificio está siendo inspeccionado para ver en qué estado se encuentra después de la explosión, pero eso va a llevar tiempo y mientras tanto, nadie arrima una solución”, señaló De Mora.

La onda expansiva tuvo tal virulencia que otros edificios del barrio Castex, no cercanos al lugar del accidente, también tienen vidrios rotos, igual que el cercano Hospital Piñero, un supermercado chino e incluso los colegios vecinos. “Si no se actúa con responsabilidad y con celeridad, esto se convierte en una casa de nadie, porque una cosa son quince días o un mes, pero esto va a seguir mucho tiempo más”, planteó Mary Pomerantz, vecina del barrio Castex, refiriéndose a la situación de los que vivían en el edificio que fue inhabilitado luego de la explosión. “En ese edificio no hay agua, no hay luz, no hay gas, y están las heladeras llenas de comida, de manera que es un lugar en el que además de analizarse el estado en que se encuentra la estructura, hay que pensar en salubridad e higiene”, concluyó Pomerantz.