La segunda audiencia por el reclamo de urbanización de los vecinos de la villa Rodrigo Bueno, ante el Tribunal Supremo de Justicia porteño, logró arrancarle al Gobierno de la CABA el compromiso de integración social y urbanización del barrio, para que deje de ser un espacio marginal con habitantes de segunda y pase a ser un barrio más de la ciudad. “Es algo de creer y no creer por tantos años de reclamo sin que nos abrieran la puerta para escucharnos”, dijo a Página/12 uno de los delegados presentes, Martino Sosa Sullca. La expectativa es amplia pero el resquemor por la historia también. Desde el miércoles próximo comenzarán a reunirse los representantes de la Mesa de Trabajo, para consensuar medidas. El 23 de noviembre hay fecha de nueva audiencia.

El reclamo proviene desde diciembre de 2005, cuando el decreto 1247/05 ordenaba desalojar al barrio para establecer un territorio inmobiliario de IRSA. El reclamo de los vecinos derivó en una orden de la jueza Elena Liberatori en 2011, que ordenó al Gobierno porteño abstenerse del desalojo y proceder a la urbanización. Mauricio Macri, por entonces alcalde, apeló. La Sala II del fuero Contencioso Administrativo le dio la razón. Los vecinos apelaron y así se llegó al TSJ. Ayer, barriendo bajo la alfombra del olvido la apelación macrista, el presidente del Instituto de la Vivienda, Juan Maquieyra, aseguró que “el gobierno porteño tiene la vocación de hacer la urbanización en el barrio, con los vecinos y respetando al medio ambiente”.

El compromiso fue firmado en un acta por el procurador General, Gabriel Astarloa; el presidente del Instituto de la Vivienda, Juan Ignacio Maquieyra; el defensor General de la Ciudad, Horacio Corti; la asesora General Tutelar, Magdalena Giavarino; los delegados Martino Sosa Sullca, Luis Espinoza Silva, Ricardo Melgarejo Pozo y Diego González, y el vecino Juan Zárate Villalba, que inició el reclamo en nombre de la comunidad de Rodrigo Bueno. Lo hicieron ante los jueces del TSJ, Luis Lozano, Ana Conde, José Casás, Alicioa Ruiz e Inés Weinberg.

En el acta, el procurador Astarloa “ratificó la voluntad de formular una propuesta que brinde una solución al conflicto (...), propone una solución que contemple la integración urbanística y social con la permanencia de los vecinos en el mismo lugar, mediante la urbanización del Barrio”.

Por su parte, Maquieyra se comprometió en el acta a que “la decisión es trabajar con los delegados y la Defensoría para conformar una propuesta que incluya: a) detalle de la solución habitacional para los vecinos; b) detalle de las formas de integración con el resto de la ciudad (vías de comunicación) y servicios públicos; y aspectos sociales referidos a educación, salud, entre otros derechos sociales.”

El TSJ convocó a una nueva audiencia para el 23 de noviembre, en la que el Gobierno presentará una propuesta consensuada durante las reuniones de la Mesa de Trabajo. Los acuerdos a los que se llegue en las reuniones de la Mesa serán planteados a la Mesa de Participación (asamblea del barrio) en la que los 16 delegados, incluidos los cuatro representantes en las audiencias, plantearán a los vecinos la aprobación o modificaciones de los acuerdos.

“Es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad se compromete, ante la Justicia, a implementar la integración social del barrio –destacó Corti–. Lo más importante es que se escuchó el reclamo histórico de los vecinos, por el que vienen peleando desde hace más de diez años”.

“Es un hecho histórico –dijo Marino Sosa–. Venimos desde hace tantos años para llegar a esta instancia. Para nosotros esta es una etapa completamente nueva. Nunca pasó antes que el Gobierno se comprometiera ante la justicia. El vecino ahora tiene que participar, además de los delegados, porque les interesa a todos. Es algo de creer y de no creer por tantos años de reclamo sin que nos abrieran la puerta para escucharnos.”

[email protected]