La comunidad indígena “Guaycurú”, en Santiago del Estero, hace tiempo que vive a los sobresaltos: el predio que ocupa ancestralmente se encuentra en medio de una disputa con una empresa que busca tomar posesión del lugar. Ayer, el conflicto terminó a los tiros. Un grupo de hombres armados ingresó por la fuerza al lugar y disparó contra los miembros de la comunidad y los dos policías que custodian el campo. Los atacantes incendiaron viviendas y una camioneta, mataron animales y envenenaron el agua de la zona.

Así lo denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina): “La banda armada con rifles y pistolas empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían cómo prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad”, denunció Angel Strapassón, dirigente del Mocase-VC. También incendiaron una carpa de grandes dimensiones y un galpón comunitario, además de dañar la radio con la que se comunicaban con la Policía provincial.

El episodio ocurrió en el paraje Bajo Hondo, ubicado a 270 kilómetros al sureste de la capital santiagueña, en proximidades del límite con Chaco. Allí residen siete familias que viven de la cría de ganado caprino, vacuno y porcino.

Los hombres armados ingresaron al lugar rompiendo un alambrado y evitaron ser vistos por los policías, que estaban apostados en la entrada principal al predio rural.

En el ataque, alrededor de 15 personas “dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna y deben operarlo para extraer la bala”, según Strapassón.

“Después de prender fuego a los ranchos, la emprendieron contra los animales vacunos, mataron a seis e hirieron a 14; pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y envenenaron nuevamente el agua; e incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo”.

Desde el Mocase señalaron que la zona, de unas 4 mil hectáreas de tierra, se encuentra en el marco de una disputa con una empresa de bebidas gaseosas. La organización campesina denunció “un nivel de impunidad inadmisible, ya que varias veces se presentaron en el campo con intenciones de adueñarse de las tierras”. Strapassón indicó que “llevamos meses denunciando el incremento de la violencia, la presencia de bandas armadas, los amedrentamientos en las rutas, las muertes de animales y cortes de alambre, y los jueces jamás actuaron”.

“Ahora mismo, estamos pendientes de la detención de los miembros de la banda, porque el nivel de violencia de estas bandas armadas es cada vez más peligroso para la vida de las familias campesina”, precisaron.

El juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón, confirmó ayer la denuncia “contra un grupo de personas encapuchas y con armas de fuego” y explicó que en la zona del incidente “se realizan distintos procedimientos para identificar y detener a los atacantes”.

Los procedimientos se encuentran a cargo de efectivos de la Departamental 12 con asiento en la localidad santiagueña de Quimilí, por disposición de la justicia del crimen de turno.