Las fotos de las víctimas, mostrando las marcas de la dura paliza que les dieron los de Prefectura.

Ya son siete los efectivos de Prefectura Naval detenidos, de los veinte implicados, luego de ser denunciados por torturar a dos jóvenes de 15 y 18 años, integrantes de la revista La Garganta Poderosa, en la villa Zabaleta de Barracas. Si bien la causa que lleva la jueza María Gabriela Lanz es por el delito de “apremios ilegales”, el fiscal Adrián Giménez imputó a los acusados por torturas, delito que contempla penas que van de 8 a 25 años, como en casos de homicidios. Los siete fueron separados de sus cargos mientras se investiga.

El jueves los jóvenes Ezequiel e Iván se presentaron en la Fiscalía de Pompeya para prestar declaración. Ahí mismo, en la dependencia judicial, se toparon con el prefecto Leandro Antúnez, que había participado del operativo. Tras la denuncia, Antúnez terminó siendo el primer detenido en la causa. Y luego de que la juez Lanz, del Juzgado Criminal de Instrucción 6 porteño, emitiera seis órdenes de captura, dos prefectos más fueron capturados. Los otros cuatro se entregaron el viernes.

En diálogo con Página/12 Gabriela Carpineti, la abogada de los jóvenes, dijo que “lo que hay que resaltar es la imputación por torturas que hace el fiscal Giménez. La misma tipificación que se utilizó en caso Arruga. Les aplica el artículo 144 ter, inciso primero y tercero, del Código Penal, que incluye tanto la tortura física como la psicológica. Estos delitos tiene penas más elevadas que las que se aplican por apremios ilegales, de 8 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los funcionarios públicos”, aclara la letrada.

Sin embargo, la abogada se mostró sorprendida porque “pese a la trascendencia que tuvo el caso, las repercusiones que generó en las redes sociales y en los medios, ningún funcionario se acercó. Tampoco recibimos ninguna comunicación desde el Ministerio de Seguridad, del cual hubiéramos esperado algo”. Pero, resalta Carpineti, “entendemos que la detención de los siete prefectos es producto de esas repercusiones que generó el caso, y eso, en gran medida, tiene que ver con la presión que logró la organización del barrio Zabaleta”. Por último, informó que los jóvenes, que permanecen resguardados, van a ampliar la declaración testimonial esta semana.

La noche del sábado pasado Ezequiel e Iván se encontraron en la esquina de Iriarte y Alegre, en la Villa 21. El encuentro de los jóvenes fue breve: sin dar razón alguna, usando su olfato policial, unos federales procedieron a detenerlos, pedirles documentos y requisarlos. Como no les hallaron nada, luego de maltratarlos e intimidarlos, los dejaron ir. Pero a los cincuenta metros, varios móviles de Prefectura les cerraron el paso y los volvieron a detener. Esposados, fueron trasladados hasta la garita que tiene esa fuerza en Osvaldo Cruz e Iguazú.

Ahí, Ezequiel, el menor de los dos, fue introducido en la garita y sometido a una primera sesión de golpes. Iván recibió el mismo tratamiento en el interior del móvil de Prefectura. Después, los prefectos decidieron trasladar a los jóvenes a un descampado frente al Riachuelo, cerca de la fábrica de Pepsi, y reiniciaron el tratamiento, según relató Carpineti. “Los golpearon en la cara, les dieron palazos en el cuerpo y les hicieron un simulacro de fusilamiento. Finalmente les robaron todo lo que tenían, les dijeron que corrieran y que rezaran si querían salvarse, que es lo que hicieron, sin siquiera mirar atrás”, relató la abogada.