El verdurazo en Plaza de Mayo, cuando se entregaron veinte mil kilos de verduras, puso en primer plano los reclamos de agricultores familiares y campesinos ante el gobierno nacional. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), impulsora de la acción, presentó un proyecto de ley que apunta a debatir el modelo agropecuario: la necesidad de redistribución de tierras. Una decena de organizaciones rurales exigen presupuesto para el sector mientras que desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian 250 despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF).

La entrega de verduras, el 14 de septiembre pasado, fue una forma de reclamar precios justos para los productores rurales y también apuntó a la concentración de tierra en pocas manos. En Argentina, según datos del INTA, el tres por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene el 50 por ciento de la tierra productiva del país.

“Constitúyese el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar como política de desarrollo económico y social, cuyo objeto es facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de tierras para la agricultura familiar”, señala el primer artículo del proyecto de ley presentado por la UTT en el Congreso. Las familias productoras (del Gran La Plata, Berazategui, San Vicente, Luján y Escobar) trabajan entre media y cuatro hectáreas, y sufren el asedio de barrios privados y especuladores inmobiliarios.

“Mas de 2000 familias salimos a mostrar la realidad en la que se vive y en la que se produce la verdura que comen en Buenos Aires. Como ejemplo, de la lechuga que pagás entre 20/40 pesos el kilo, al productor sólo le llega un peso”, explicó Nahuel Levaggi, de la UTT.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, cuestionó el reclamo: “En vez de regalar en Plaza de Mayo que vayan a vender a la feria”. Y señaló que nunca le habían pedido audiencia. La organización rural se había manifestado en diciembre pasado, frente a la sede del Ministerio (también lo había hecho con el anterior gobierno) e incluso habían sido recibidos por el jefe de Gabinete, Guillermo Bernaudo, pero no les brindó ninguna solución concreta.

El 19 de septiembre volvieron a reunirse con Bernaudo. “Propusimos una mesa que analice el proyecto de ley de tierras y una respuesta concreta del Gobierno. En diez días prometieron respuesta”, explicó Agustín Suárez de la UTT. También plantearon que la Secretaría de Agricultura Familiar está “sin presupuesto y vaciada”. El jefe de Gabinete de Agroindustria les reconoció la falta de fondos. “Dijo que estaba ‘expectante y ansioso’ a la espera de presupuesto, como si él no tuviera nada que ver”, cuestionó Suárez.

En paralelo, una docena de organizaciones campesinas que conforman el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (espacio reconocido oficialmente como asesor de la Secretaría de Agricultura Familiar) se reunió del 13 al 15 de septiembre y emitió una declaración. “El sector está siendo seriamente perjudicado por las decisiones políticas del Gobierno”, afirma el documento firmado por la Asamblea Campesina Indígena de Norte Argentino (Acina), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) y el Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela), entre otros.

Cuestionaron el quite (y baja) de retenciones a productos del agronegocio (como soja y maíz) y denunciaron el vaciamiento de políticas para el sector campesino. Las organizaciones exigen la urgente reglamentación de la Ley 27.118, llamada de “reparación histórica de la agricultura familiar”. La norma fue aprobada en 2014 pero nunca se le asignó el presupuesto ni tampoco fue reglamentada para su aplicación plena.

El secretario de Agricultura Familiar, Oscar Alloatti, no dio respuestas concretas. “Es de suma urgencia que se tomen medidas con fondos específicos para atender las necesidades de nuestros productores”, solicitaron los campesinos.

El ministro Buryaile no dio respuesta a las organizaciones campesinas, pero el mismo día tuvo un gesto para los empresarios del agronegocio: “Para nosotros las retenciones deben desaparecer. El compromiso del presidente Macri es bajar las retenciones, las vamos a bajar porque entendemos que es un mal impuesto”.

El 13 y 14 de septiembre hubo plenario nacional de delegados de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF-ATE). Con la gestión Buryaile-Alloatti ya contabilizaron 250 despidos (en Chaco y Corrientes hubo telegramas masivos).