Dos intendentes pampeanos están cada vez más complicados en investigaciones judiciales por el delito de trata. Luis Enrique Rogers, de Lonquimay, el mismo que defendió públicamente al prostíbulo de su pueblo con el argumento de que era un lugar de “esparcimiento espiritual”, se sentará en el banquillo de los acusados. El juez federal de Santa Rosa, Luis Salas, elevó a juicio la causa en el que Rogers –reelecto en las últimas elecciones por el justicialismo–, y el ex jefe de policía de esa localidad, Carlos Adrián Alanís, están imputados como cómplices de una red que explotaba mujeres en el burdel “Good Night”. Además, el mismo magistrado procesó al intendente de Macachín, Jorge Cabak, por un caso similar en relación a un prostíbulo de ese lugar. También es del PJ (ver aparte).

“El intendente de Lonquimay habilitó el funcionamiento de “Good Night”, firmó libretas sanitarias que exigían para las ‘alternadoras’ cuidados ginecológicos propios de la actividad prostibularia, y tuvo llamadas cruzadas –se conocían y dialogaban con frecuencia–, con el dueño del prostíbulo y con el ex jefe policial que también protegía su funcionamiento. Pese a la contundencia de la prueba, el camino hasta llegar a la elevación a juicio fue largo y lleno de demoras judiciales. Necesitó de varias presentaciones por parte de los fiscales federales, Juan José Baric, Alejandro Cantaro y mías, incluso, solicitando a los anteriores jueces intervinientes, en varias ocasiones, escritos de “pronto despacho”, recursos de casación y de queja, porque frenaban la investigación”, detalló a Página/12 el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo. También desde ese organismo colaboraron en la investigación que involucra al jefe comunal de Macachín.

Lonquimay, un pueblo de 1500 habitantes, está ubicada sobre la ruta 5, a unos 60 kilómetros de Santa Rosa. Para Rogers es su tercer mandato. Macachín está en el centro-este de la provincia, a unos 30 kilómetros del límite con Buenos Aires. “Es una buena señal de la justicia que un intendente vaya a juicio y el otro esté procesado por complicidades con tratantes de mujeres. El avance de las investigaciones significan un antes y un después, para La Pampa y para el país. Y muestra que el cierre de los cabarets en esta provincia no fue en vano”, analizó en diálogo con este diario, Mónica Molina, ex subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, e impulsora de esa política provincial.

La causa del prostíbulo de Lonquimay tuvo idas y vueltas. En 2004, el entonces juez federal subrogante Marcelo Piazza llegó a negar en dos oportunidades el pedido de indagatoria a Rogers, y a Alanís, quien fuera titular de la comisaría de Lonquimay en 2009, con un argumento inaudito: el magistrado decía que como era subrogante y no sabía si seguiría subrogando, no iba a decidir. De esa forma, Piazza desobedecía una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que el 5 de julio de 2011 había ordenado profundizar la responsabilidad de ambos funcionarios involucrados en la posible comisión del delito de trata. Piazza fue precandidato a senador por el GEN, en las últimas PASO pampeanas, en 2015.

La causa en la que está comprometido Rogers se inició en 2009. El 4 de julio de ese año se intervino el teléfono del propietario del cabaret Good Night, Carlos Javier Fernández. Unos meses después, en septiembre de 2009, una joven oriunda de Salta denunció que había sido explotada sexualmente allí y que su dueño no la dejaba salir y mucho menos regresar a sus hogar.

En 2009, el testimonio de la muchacha reavivó los intentos de cierre del cabaret en Lonquimay. En ese entonces, otras ciudades de La Pampa –la primera fue Santa Rosa– estaban dictando ordenanzas para prohibir whisquerías, cabarets y otros eufemismos que se suelen usar para encubrir burdeles en los que se explotan sexualmente mujeres, muchas veces víctimas de trata. El Concejo Deliberante de Lonquimay amagó con votar una norma en ese sentido, que le pondría la faja de clausura a Good Night. Pero sorpresivamente fue el propio intendente Rogers quien salió a defender el funcionamiento del local nocturno, con declaraciones que tuvieron repercusión nacional. Dijo que no iba a cerrarlo porque era “un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros”. Y fue más allá: “Un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría, para gente que está sola y busca tener un rato de esparcimiento”, sostuvo públicamente. Estas declaraciones son parte de la imputación de los fiscales en su contra.

La tercera causa que se abrió en torno del Good Night se originó a partir de una denuncia judicial realizada el 24 de octubre de 2009 por una mujer que trabajó desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay. La mujer dijo que Alanís tenía una relación muy fluida con el intendente Rogers y con Fernández, dueño del cabaret.

Las causas finalmente se unificaron. El 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en Good Nigth, donde se encontró a tres mujeres que estaban en calidad de “coperas”. Las tres habían llegado al cabaret desde Salta. Una de ellas declaró que al llegar a la terminal de ómnibus de Santa Rosa la estaba esperando Fernández, quien las trasladó en su vehículo particular hasta Lonquimay. Por los servicios que realizaba en ese local, esto es tomar copas que invitaban los clientes y luego servicios sexuales fuera del lugar, le tenía que dar el 50 por ciento a Fernández, sumas que le eran abonadas al finalizar la temporada, es decir a los tres meses de estar allí. En el allanamiento se secuestró su libreta de “pases” y “copas”. El burdel fue cerrado a fines de 2009.