Desde la Concejalía Popular, organización que preside Nire Roldán, cruzaron ayer a las cámaras inmobiliarias sobre la ocupación de locales comerciales. Según el informe que la Ong presentó ayer; lejos de reactivarse, el cierre de locales no se detiene: En la ciudad hay 1918 locales vacíos, de los cuales 356 se sumaron desde abril. El costo del alquiler, la caída de las ventas y el incremento de las tarifas y servicios son las principales razones de la determinación de cierre de la actividad comercial. "Hace falta un servicio público del alquiler", insistió Roldán, para quien la puesta en marcha de una oficina de atención por parte del municipio, y el proyecto de Ciudad Futura para la creación de una Inmobiliaria Pública son importantes. De todos modos, el ex concejal planteó que a la problemática "hay que atacarla integralmente, agregando registros de contratos de alquiler, de vivienda ociosa, y de personas que necesiten alquilar".

La presentación del informe de la Concejalía Popular, realizado ayer en el bar El Cairo, coincidió con la conmemoración del día del inquilino. Para la Ong se trata de una jornada de lucha y de reflexión, de confirmación de derechos, de denuncia de abusos que soportan los inquilinos diariamente, pero también para la construcción de herramientas sociales alternativas a la especulación inmobiliaria.

La evolución cuantitativa sobre los locales comerciales vacíos en la zona centro, macrocentro, centros comerciales barriales, corredores principales y superficies comerciales, pasó desde julio de 2015 con 918 locales ociosos a 1562 en abril de este año, hasta alcanzar los 1918 relevados hasta el mes en curso. Un 78 por ciento de esos contratos se realiza con la intermediación de las inmobiliarias, mientras que el 22 por ciento restante es directo entre propietarios e inquilinos.

Mientras las cámaras inmobiliarias anunciaron que se había frenado el cierre de locales comerciales en Rosario, y que incluso hubo un incremento del 8 por ciento desde el mes de marzo, Roldán consideró que ese aumento "se puede dar en las grandes empresas que pueden relocalizar, pero entre los pequeños y medianos comerciantes del macrocentro hubo un aumento gigantesco de locales desocupados".

En este marco, el titular de la Concejalía Popular planteó la creación de un índice metropolitano para dejar sin efecto las indexaciones encubiertas que se pactan en los contratos, y para que los aumentos en las renovaciones no reflejen las exigencias actuales, con incrementos cercanos al 35 por ciento, generando "una caída muy grande en la ociosidad de los locales comerciales".

Aunque no existe un registro público, la organización estima que en la ciudad existen más de 110 mil contratos de alquiler de vivienda familiar y hay más de 40 mil viviendas desocupadas. Otra de las preocupaciones de la Concejalía Popular es la de los alquileres en pensiones. Para Ariel D`Orazio, miembro de la Ong, cada vez se registra una mayor informalidad en el sector, "pero si los clausuran dejan a la gente en la calle, y es por ese motivo que no lo denuncian".

El próximo viernes, la Concejalía Popular participará junto a 14 organizaciones de inquilinos de una reunión en Buenos Aires para garantizar que avance en el Senado la ley que plantea fuertes modificaciones al contrato de alquiler. "Hace años que venimos bregando por este tema y nos llama la atención que el tema no sea uno de los más importantes en la agenda pública", dijo Roldán.

Por otra parte, ayer se realizó la presentación del proyecto de Defensoría del Inquilino, que atenderá de manera gratuita todos los viernes de 17 a 20 en Cochabamba 557, y de la primera Guía de los Derechos del Inquilino de la ciudad. "Asumimos el desafío de poner este debate en la calle, donde la voz de todos sea escuchada", señaló Sebastián Artola, dreferente del kirchnerismo local, impulsor de la iniciativa.