El titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, fue llamado ayer a prestar declaración indagatoria por defraudación con la comida de los presos de Salta. El juez federal de esa provincia, Miguel Antonio Medina, aceptó la acusación contra Díaz, presentada por tres fiscales, a raíz de que el funcionario convalidó un sistema de catering en el que había gravísimos defectos en la comida, sobreprecios y provisión de más raciones que la cantidad de presos existentes. Aun así, había desnutrición en la unidad penitenciaria. Díaz fue nombrado a cargo del SPB después de la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci en diciembre, pero estuvo siempre en la mira de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que preside Adolfo Pérez Esquivel, justamente por las irregularidades en las cárceles y también por la misma maniobra investigada en Salta: fraude con la comida de los presos. El juez no sólo imputó a Díaz por corrupción económica sino también por vejaciones, entendiendo que subalimentar a los detenidos se encuadra en ese delito. La CPM le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal que remueva a Díaz de su cargo porque entiende que las mismas maniobras se están haciendo ahora en territorio bonaerense.

Los fiscales salteños que formularon la acusación contra Díaz y otros 37 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron el fiscal federal N° 2 y coordinador de ese distrito, Eduardo José Villalba, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad de esa dependencia, Fernando Vallone. En concreto mencionan compras por un sistema que debía ser excepcionalísimo llamado “legítimo abono”, lo que permitió maniobras en compras por 42 millones de pesos, con sobreprecios mayores a dos millones de pesos. Los fiscales detallaron la existencia de “una deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal Noroeste Argentino”. Por el lado de la provisión de la comida, quedaron imputados los integrantes de la empresa Servicios Integrales de Alimentación S.A.

La CPM también intervino en el caso y describió los hechos de la siguiente manera: “algunas de las maniobras denunciadas, además de el legítimo abono, fueron el pago de sumas millonarias por un servicio deficitario, pago de sobreprecios, pago de facturas con precios ajustados pese a que la actualización de los valores fue posterior al período reflejado en el documento, pago de servicios a un valor mayor que el brindado en el mismo período y en iguales condiciones, pago de 49.459 raciones de comida por encima de la cantidad de personas detenidas, entre otras”. Es decir que, además de sobreprecios, se facturaban comidas que no se entregaban y, por supuesto, estaba la maniobra tradicional: el robo de la comida de los presos por parte de los efectivos penitenciarios.

Díaz no está acusado por haber estado en Salta, sino que era el auditor general del SPF, el que debía controlar todas esas compras y la provisión de comida. “No solo no controló ni denunció sino que avaló las irregularidades delictivas en 40 expedientes de legítimo abono”, concluyó la CPM. En el listado de funcionarios llamados a indagatoria en Salta está el actual titular del SPF, Emiliano Blanco.

Pero más allá de las irregularidades cometidas desde la auditoría del SPF, la Comisión Provincial denunció a Díaz porque utiliza los mismos sistemas ahora en territorio bonaerense y por la catastrófica situación en las cárceles. El pedido de renuncia fue presentado al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y a la propia gobernadora. “Desde la designación de Díaz se implementó el sistema de viandas. Queremos una auditoría externa urgente para verificar lo que se está aplicando en la Provincia”, señaló la Comisión.

El sitio Letra P publicó la semana pasada un proyecto de María Eugenia Vidal de reforma de todo el sistema penitenciario, pero la CPM sostiene que con Díaz al frente de las cárceles bonaerenses lo único que puede haber es una continuidad de la política penitenciaria. Es que el funcionario era el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense en 2005 cuando se produjo el tremendo incendio en el penal de Magdalena, en el que perdieron la vida 33 internos. La causa judicial demostró que no funcionaban las mangueras anti-incendio y que los colchones estaban contraindicados para una cárcel por ser altamente combustibles. En el caso hay 15 penitenciarios acusados y dos funcionarios de más nivel del SPB.

La Comisión Provincial insiste en que las denuncias contra Díaz son numerosas. Hay tres causas abiertas por el sistema de viandas, en el penal de Ezeiza, en el de Marcos Paz y en el de Devoto y según sostienen desde el organismo que lidera Pérez Esquivel las pruebas son aún más contundentes que las que existen respecto de la unidad de Salta. “Además de todas estas denuncias, hay otras 15 que estan en fiscalías bonaerenses, sin que avancen como nosotros creemos que deben avanzar”, señaló Roberto Cipriano, de la CPM.