Hoy empieza la noche más larga de la gobernadora de Santiago del Estero. Mercedes Aragonés de Juárez acaba de ser imputada como presunta coautora del delito de defraudación al fisco en la causa Anses y como supuesta autora ideológica del delito de agresión en banda, robos y daños contra la casa del diputado menemista José “Pepe” Figueroa. El juez federal Angel de Jesús Toledo ayer firmó la citación para tomarle declaración indagatoria por los dos hechos: Nina Juárez deberá presentarse mañana y el viernes próximo en su despacho. Si no lo hace por voluntad propia, la decisión sobre el futuro político y jurídico de Santiago quedará en manos de la raquítica Legislatura provincial. Toledo necesita que los diputados le otorguen el desafuero para ordenar su arresto y la indagatoria por la fuerza pública. Aunque el proceso es largo, Nina podría quedar detenida por “concurso real de delitos”. Página/12 adelanta los argumentos del fallo, sus consecuencias y las discusiones que en este momento aterran a los diputados que tendrían que bajarle el pulgar a la capitana y conductora del peronismo santiagueño.
La decisión de Toledo comienza a ponerle fecha y hora a lo que a todas luces parece el final del juarismo santiagueño. Nina Aragonés, la esposa del caudillo Carlos Juárez, está francamente jaqueada. En este momento, su gobierno se debate ante un frente de tormentas múltiples, pesadas y, aparentemente, definitivas.
En el frente judicial han cobrado impulso en estas dos últimas semanas, dos viejas causas: Anses y el caso Figueroa. Aunque los expedientes corren por carriles separados, los cargos contra la gobernadora podrían sumarse y condenarla a pasar un período en la sombra.

Las causas

En la denuncia por defraudación al fisco, conocida como el caso Anses, el juez imputó en total a 29 funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por una presunta defraudación cercana a los 20 millones de pesos. En su edición del domingo pasado, Página/12 adelantó los detalles de la imputación, incluidos en el dictamen de la fiscalía. De acuerdo con esos datos, los funcionarios involucrados cobraron una jubilación o una pensión mientras percibían al mismo tiempo un sueldo del Estado. En palabras de la fiscal Cecilia Indiana Garzón, “se encuentra acreditado que los denunciados efectivamente eran titulares de un beneficio previsional y de beneficios no contributivos, que en forma contemporánea y simultánea percibieron ingresos correspondientes a su actividad como empleados o funcionarios públicos en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial en forma indebida”.
El dinero que cada uno se llevó de “forma indebida” varía de acuerdo al monto de la jubilación, al tipo de retiro y a los años que mantuvieron esa especie de doble sueldo. En el caso de la gobernadora, el presunto fraude es de nada más y nada menos que de 505.717,99 pesos. El monto surge de una investigación de la Anses nacional ordenada en agosto de 2003 por el juzgado federal de María Servini de Cubría, punto de partida de la denuncia original. De acuerdo al informe, Nina Juárez percibió “haberes en incompatibilidad” entre julio de 1994 y diciembre de 2003.
Entre los imputados hay, además, funcionarios de primera línea. Entre ellos, el archidenunciado ex comisario Musa Azar y el ex secretario de seguridad de la provincia, Antonio Orpi, dos hombres vinculados a la dictadura militar que estuvieron en el corazón del gobierno hasta que empezaron las denuncias por el llamado doble crimen de La Dársena, el hecho que desencadenó la crisis política del juarismo (ver aparte).
El otro frente judicial fogoneado desde hace tres semanas es una denuncia de Figueroa de julio de 2002. El diputado menemista enfrentado políticamente a los Juárez, aliados históricos del duhaldismo, acusó a la gobernadora de autora ideológica de los ataques que sufrió su casa el 18de julio de ese año. El testimonio que brindaron hace unos días en el juzgado federal, un policía retirado y el ex diputado juarista Carlos Anauate, son parte de las pruebas que ahora impulsan la imputación contra la gobernadora. El juez Toledo encontró “elementos suficientes para imputarle la autoría ideológica de los delitos de agresión en banda, daños y robos”, le indicó a este diario una fuente con relación directa a la causa.
Ahora será la gobernadora quien deberá defenderse. El miércoles tendría que presentarse por la causa Anses. El viernes, por el caso Figueroa. Hasta aquí, lo que debería suceder de acuerdo a las disposiciones judiciales. Pero Santiago del Estero funciona con lógicas propias, a veces arbitrarias, otras irracionales y otras profundamente autoritarias.

El peso de los diputados

Poco después de que el juez Toledo comunicara formalmente la citación, la gobernadora hizo un anuncio insólito: convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 9, en la Casa de Gobierno. La convocatoria, en realidad, tendrá un destinatario único: el canal de televisión abierta local. Aparentemente hará un anuncio. ¿Qué dirá? Sólo ella sabe si le responderá a Toledo, a las denuncias por violación a los derechos humanos o pronunciará aquello que un sector del juarismo anunciaba la semana pasada: su renuncia.
Cada una de esas hipótesis no está lejos de las derivaciones del frente judicial. Toledo pidió su indagatoria, pero no podría obligarla a que se presente, porque la gobernadora tiene fueros. Un fallo de la Corte Suprema de la Nación, el mismo que permitió la indagatoria del ex juez Francisco Trovato, le facilitó el camino legal para llamarla. Pero Nina tiene dos alternativas: presentarse o no hacerlo.
Si lo hace, de acuerdo a la información del juzgado, Toledo “evaluará a posteriori su situación para emitir el auto de prisión preventiva”. Podría dictarle el procesamiento por lo que técnicamente se llama “concurso de delitos”: la causa Anses es excarcelable, pero las denuncias por el caso Figueroa, abultarían los cargos y, por lo tanto, harían difícil eximirla de prisión.
En este juego de hipótesis, la Legislatura es decisiva. Si la gobernadora no se presenta, Toledo debe obligarla. Pero para hacerlo necesita consenso de los dos tercios de la Cámara de Diputados de Santiago: son los votos que se requieren para quitarle los fueros que la amparan. En números, 33 de los 50 legisladores deberían aprobarlo.
Esa es la discusión que se cuela en este momento en las agitadas aguas de la Legislatura. El bloque juarista es mayoritario, pero está quebrado. Hace una semana, 6 de sus 35 diputados formaron un bloque autónomo de oposición. Aún así, el número no alcanza. Con esos disidentes, la oposición suma 21 diputados: aún necesita de otros 12 para conseguir los dos tercios.
¿Qué pasará? Los desertores son optimistas. Aseguran que el pedido de desafuero dejará a los más leales contra la espada y la pared: “O les incendia la Legislatura la gente –dicen– o se las incendia Nina”. En ese escenario, otro de los elementos de peso es el gobierno nacional. Los diputados están convencidos de que si no avalan el desafuero llega la intervención federal. Una idea de cosecha propia que fue negada por el gobierno.
Carlos Alberto Hazam, del nuevo bloque del PJ, le decía ayer a Página/12: “De acuerdo a las conversaciones, creo que todavía no tenemos números”. Pero, aclaraba que “es muy difícil llevar sobre nuestras espaldas el costo político de una decisión que reclama la sociedad”. Las expectativas de la sociedad son ciertas y las roscas políticas también. Los disidentes reciben consultas permanentes de los leales. Pero también tuvieron ya dos pérdidas. La semana pasada el nuevo bloque tenía ocho diputados, a esta altura quedan seis.