Revuelo mediático; leyes sancionadas de un momento a otro para ser tachadas de inconstitucionales; desconcierto: tal fue el pobre, ruidoso saldo de la jornada de ayer en el marco de la conmoción que continúa desde que salió a luz el caso del violador de Avellaneda. El revuelo mediático se alimentó del caso de un hombre que cumplía prisión por abuso sexual infantil y a quien el juez puso en libertad condicional al cumplirse dos tercios de la condena. La ley tachada de inconstitucional fue la sancionada por la Cámara de Diputados bonaerense, en cuanto prohíbe la excarcelación de procesados por violación: según el CELS, “no se puede prohibir la excarcelación de un delito específico en la etapa de prisión preventiva”. Por otra parte, el ministro de Justicia bonaerense señaló que “los delitos sexuales no aumentaron en el último tiempo”. Entretanto, según pudo establecer Página/12, el Patronato de Liberados bonaerense, a cargo de supervisar y atender las libertades condicionales, está sobrecargado de trabajo y carece de los recursos y del personal para funcionar.
El caso que ayer suscitó la indignación virtuosa de varios comunicadores radiales fue el de un hombre que desde 1998 cumplía una pena de 14 años de prisión por abusar sexualmente de los hijos de su mujer, que tenían de 4 a 14 años en aquel momento; uno de ellos era discapacitado. El juez platense Horacio Nardo le concedió la excarcelación, por aplicación de la ley que obliga a otorgarla cuando el detenido ha cumplido dos tercios de la condena y observado buena conducta; en este caso el tiempo real de prisión fue menor porque hubo de aplicarse la ley del “dos por uno”, que rigió hasta el 1º de junio de 2001. El juez también le impuso un tratamiento para su alcoholismo y le prohibió acercarse al barrio de los chicos.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia bonaerense envió “un inspector” a San Isidro para examinar el expediente del detenido por violación de una menor, a quien la Cámara de Apelaciones de esa ciudad incluyó en el régimen de salidas transitorias, cumplidos cinco años de su condena de ocho. Así lo reveló el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco: “Dos integrantes de la Corte me adelantaron que el lunes la Corte en pleno analizará el informe que este inspector provea”.
Además, según anunció el diputado provincial justicialista Raúl Pérez, su bancada pedirá a la Procuración de la Corte “que analice iniciar un juicio político a los camaristas –Raúl Borrino y Celia Vázquez– que suscribieron la decisión” de otorgar las salidas transitorias.
El miércoles, la Cámara baja bonaerense había dado media sanción a un proyecto que impediría otorgar la libertad condicional, así como salidas transitorias y el régimen carcelario abierto, para todos los condenados por delitos sexuales; también modificaría el Código de Procedimientos negando toda excarcelación a procesados por esos delitos. La parte de la norma referida a los condenados había sido cuestionada por especialistas, ya que esos temas están legislados para todo el país por la Ley Nacional 24.660.
En cuanto a la prohibición de excarcelar a procesados, fue objetada por Gustavo Palmieri –director del programa de violencia institucional y seguridad ciudadana del CELS–: “Se dicta prisión preventiva a alguien que aún no ha sido condenado, es decir que se lo presume inocente: si se lo detiene, es sólo por el riesgo de que se sustraiga al juicio o destruya pruebas. Una ley no puede sostener que determinados delitos no sean excarcelables en esa etapa, donde todavía no se estableció que el imputado haya cometido el delito. Así lo fijaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1984, y la Corte Suprema argentina en 1999”.
Mientras tanto Eduardo Di Rocco, ministro de Justicia bonaerense, informó que “no aumentaron en el último tiempo la cantidad de delitos sexuales” y precisó que en la provincia hay 895 detenidos por esos delitos, lo cual representa el 3,70 por ciento del total de presos”.

Patronato desangelado

El instituto a cargo de atender y controlar a las personas excarceladas en la provincia de Buenos Aires es el Patronato de Liberados, que “siempre fue como la hija tonta en el Ministerio de Justicia bonaerense, porque el Servicio Penitenciario se ha llevado toda la atención”, según Eduardo Madar, quien fue director del Patronato y, hasta hace pocos días, subsecretario de Política Penitenciaria en la provincia.
El actual, flamante subsecretario, Carlos Rotundo, admitió que el Patronato “no funciona adecuadamente” y destacó que “desde que se instituyó la probation, hace diez años, la cantidad de tutelados subió de 5000 a 35.000, pero no se incrementó el personal ni el presupuesto”. Rotundo –quien fue funcionario de carrera en el Patronato– destacó “la decisión de darle protagonismo al Patronato de Liberados, cuya función, según datos internacionales, es claramente efectiva en bajar el índice de reincidencia”.
Según Madar, además, “provistos los recursos, la actuación del Patronato debiera actualizarse según los modelos de Gran Bretaña y Estados Unidos, donde los asistentes sociales criminológicos siguen cada caso de manera más activa y cercana”.
También el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Remo Carlotto, insistió en “fortalecer el Patronato de Liberados, a fin de que el Estado pueda cumplimentar la asistencia y también los controles necesarios”.
En cuanto al control de las salidas transitorias, está a cargo del Servicio Penitenciario: Rotundo reveló que esta institución es “macrocéfala: de sus 12.500 agentes, en la jefatura se concentran 1500, de los cuales 1000 podrían ser reasignados”.