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El acoso sexual volvió al Congreso. No es que algún legislador esté acusado públicamente de ser mano larga. El tema reapareció en los últimos días porque se presentaron dos proyectos para terminar con el vacío legal sobre esta forma de violencia laboral que sufren principalmente las mujeres. Uno en Diputados, del ARI, y otro en el Senado, que tiene el apoyo de legisladoras de todos los bloques. Ambas iniciativas sancionan el acoso sexual en el ámbito público y privado, incluso en las relaciones educativas y médico-paciente, y una de ellas también en los partidos políticos y sindicatos. Además, facilitan la prueba, que suele ser muy difícil en estos casos. Las impulsoras estiman que el aumento de la presencia femenina en las bancas, por el cupo, permitirá que corran mejor suerte que los proyectos anteriores. Pero algunos aspectos controvertidos podrían complicar su aprobación: en uno se contempla el acoso ambiental y se igualan con el hostigamiento sexual directo comentarios sexuales, sexistas y homofóbicos, con lo cual, chistes machistas y misóginos podrían dar lugar al despido de quien los pronuncie y a indemnizaciones para quien se sienta agraviado.
El de Diputados es de Marcela Rodríguez, del ARI. El otro fue elaborado por el Instituto Social y Político de la Mujer que preside María José Lubertino, y fue presentado en el Senado por la radical Sonia Escudero. Lo más significativo es que cuenta con un amplio apoyo político. Firmaron el texto Luz Sapag (MPN), Vilma Ibarra (Frepaso), las justicialistas Azucena Paz, Ada Maza, Malvina Segui, Mercedes Oviedo y Mabel Müller, y las radicales Marita Colombo, Marcela Lescano, y Marta Raso. Ya pasó a tres comisiones: Derecho del Trabajo, Familia y Minoridad y Derechos y Garantías. Hasta ahora, el acoso sexual sólo es sancionado en el ámbito de la administración pública nacional y porteña. Recientemente entró en vigencia una ley en la provincia de Buenos Aires, y en Santa Fe hay un proyecto con media sanción.
“Seguramente los senadores varones no tengan mucho entusiasmo en discutirlo, pero no creo que esta vez se trabe su tratamiento porque lo apoyan senadoras de todos los partidos”, opinó Escudero. No obstante, consideró probable que en la discusión en las comisiones se excluya la definición de acoso sexual ambiental “para que no se preste a abusos del Derecho”. “El proyecto puede mejorarse, pero nos pareció importante impulsarlo para proteger a las mujeres porque existe un gran vacío legal en relación al acoso sexual”, destacó la senadora radical. Este proyecto también contempla la sanción del acoso sexual cuando ocurre dentro de las relaciones de los partidos políticos y los sindicatos. Textualmente el proyecto define al acoso sexual ambiental como “todo acto de naturaleza sexual, sexista u homofóbica que sin estar dirigido a una persona en particular, cree un clima de intimidación, humillación u hostilidad”. Es el aspecto más polémico del proyecto. Como otra innovación, incluye nueve presunciones, supuestos que en caso de configurarse hacen presumir el acoso sexual y facilitan la habitualmente difícil prueba de este tipo de agresiones (ver aparte).
El proyecto que ingresó en Diputados también facilita la prueba del acoso. “Cuando la víctima establezca indicios serios y consistentes de que ha sido víctima, la carga de la prueba caerá principalmente sobre la persona acusada o su empleador”, señala el artículo 9.
El proyecto de la diputada del ARI es más concreto en la definición del acoso sexual que el del ISPM, que la amplía al incorporar la noción de acoso sexual ambiental. Ambas iniciativas, sin embargo, tienen muchos puntos de encuentro. Las dos consideran causa justa de despido el acoso sexual, fijan indemnizaciones para las víctimas y hacen solidariamente responsable al empleador, autoridad educativa o sanitaria si, una vez conocida la acción, no hicieron nada para evitarla. Los reclamos deben hacerse en la justicia laboral o civil, según el caso. En el proyecto de la diputada Rodríguez, el resarcimiento consistirá en una suma equivalentede 3 a 15 veces la remuneración normal y habitual de la persona damnificada. En el otro, la indemnización prevista es superior a 10 sueldos.
“Que haya más mujeres en el Senado podría mejorar las chances de sancionar la ley”, se entusiasmó la diputada Rodríguez. “Tengo mis dudas sobre qué apoyo puedan darle los hombres, teniendo en cuenta que el proyecto de ley de Salud Reproductiva, que es preventivo, tiene media sanción y está cajoneado”, observó la senadora Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
Aunque no es candente, el tema no es menor. La Argentina es uno de los países con más alta tasa de acoso sexual, según un relevamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que encontró que el 16,6 por ciento de las trabajadoras argentinas sufrió agresiones de carácter sexual en los últimos años.