Desde San Luis

El gobernador Alberto Rodríguez Saá, tiene fama de ser –además de un buen artista plástico– un experimentado jugador de ajedrez. Sin embargo, este juego de guerra donde prevalece la estrategia parece no saber aplicarlo en lo que respecta a su gobernación. Desde poco antes del primero de marzo, ha llevado adelante una serie de medidas que provocaron una crisis social y política sin precedentes. Una de ellas fue la intervención de unas 70 escuelas, que derivó en la toma de los establecimientos por parte de padres y maestros. Lejos de buscar una solución, el gobernador ordenó el desalojo. El conflicto tiende a agudizarse y Rodríguez Saá parece no saber cómo mover su reina.
El estatuto docente de San Luis prácticamente no existe. A través de sucesivas leyes provinciales, impulsadas por los Rodríguez Saá, los docentes puntanos fueron perdiendo los beneficios de la norma que los protege. Así, la carrera docente se transformó en una utopía cuando se impusieron los concursos para acceder a los cargos directivos de las escuelas. Muchos maestros se presentaron, algunos con el interés y las condiciones necesarias para acceder a ese puesto. Otros, en cambio, utilizaron el puesto como trampolín a una carrera política que iba más allá de las paredes de las aulas.
En su momento el gremio que agrupa a los maestros no supo oponerse, un poco por desidia de sus integrantes pero también porque el gobierno contaba con el respaldo de la secretaria general del sindicato, Velia Vilchez. La sindicalista goza de la simpatía del gobernador, tanto que “el Alberto” no tiene empacho en justificar los exabruptos de Vilchez, quien no cesa en acusar de sediciosos a los maestros rebeldes.
El detonante del conflicto educativo llegó de manos del propio gobernador, quien ordenó a su ministro del Progreso, Alberto Trombetta, la redacción y firma de dos decretos. El primero, del 23 de febrero, daba por finalizado el proceso de selección de autoridades de escuelas por concurso. El otro, el más duro, designaba al frente de los establecimientos educativos a interventores normalizadores, hasta tanto se resolviera la forma en que se elegirán los directores y vicedirectores.
Inmediatamente se produjo la reacción, sobre todo cuando los elegidos por el ministerio, donde el área de educación es un programa y ni siquiera una secretaría, eran amigos y favorecidos de los funcionarios de gobierno. El primero de marzo las maestras y los padres de la escuela Lucio Lucero –la más grande de la capital provincial– impidieron el ingreso de las nuevas autoridades, para luego permanecer en asamblea permanente. El ejemplo no tardó en desparramarse y en pocos días más una docena de escuelas dejaron de funcionar, sobre todo cuando se conocían los nombramientos. Esto fue lo que sucedió en la escuela Faustino Mendoza del barrio Eva Perón, donde concurren 2100 alumnos, a pesar de tener una capacidad de un millar. Hasta allí llegó la familia López. María Sánchez de López ocupó la dirección de la escuela. Mónica López, a la sazón hija de María, se ubicó en el sillón de vicedirectora. Por si fuera poco, el esposo de María está a cargo del control del edificio. Es decir que la escuela se transformó en una empresa familiar. Por ahora, los López no regresaron a la escuela desde que los padres y maestros tomaron el edificio, que no dejan ni siquiera en las noches. “Nos agreden, apedrean la escuela, pero nosotros no nos movemos porque queremos que haya docentes de verdad y no amigos del gobierno”, aseguraron a Página/12 Cecilia y Patricia, dos de las madres que no se mueven de la puerta de la escuela.
Si en la capital puntana se plegó una docena de establecimientos, mayor fue el repudio en Villa Mercedes, la segunda ciudad de la provincia, donde el 80 por ciento de las escuelas está tomado. “Bueno, ya se arreglará. Si nos equivocamos lo corregiremos”, fue lo que el gobernador les dijo a los docentes el miércoles, un día antes de la masiva movilización. Fue un vano esfuerzo por descomprimir el conflicto. Pero todavía la suerte está del lado del funcionario. Los maestros que participan mayoritariamente de las movilizaciones están agrupados en la Asociación Sanluiseña de Educadores (ASDE), conducida por Graciela Murúa. El problema es que ASDE carece de personería gremial y por lo tanto no es reconocido por el gobierno del Alberto, que tiene a Vilchez como su principal espada en la pelea contra los docentes. El viernes por la noche, Vilchez respondió a la denuncia de Murúa sobre la existencia de listas negras: “Esas listas negras las hacen los negros, como la Gurú (sobrenombre de Murúa)”. Sin duda, como diría Alberto Rodríguez Saá, se trató de otro “lapsus lingüístico”.
El lunes, los docentes le entregarán al gobernador un petitorio donde solicitarán la creación del Ministerio de Educación, el respeto al estatuto docente y la derogación de las intervenciones. El martes, estos mismos maestros participarán de una nueva marcha de repudio a los Rodríguez Saá.