El debate sobre el Código Contravencional se abrió a los porteños, que desde ayer comenzaron a expresar sus posturas en una audiencia pública convocada por el Ejecutivo. La gran mayoría de los expositores se expresó contra cualquier reforma al actual Código –que sanciona conductas que afectan la convivencia pero no llegan a ser delitos– al considerar que los proyectos en danza tienen perfil represivo. Quedaron en minoría los vecinos que pugnan por endurecer las penas, en especial a la oferta de sexo en la vía pública. Los pocos que expresaron esa idea debieron enfrentar el abucheo de un auditorio donde eran mayoría las asambleas barriales y las organizaciones de travestis y minorías sexuales. Hubo cuestionamientos a funcionarios y diputados, especialmente a los alineados con Mauricio Macri, promotores del cambio más duro. Pero las críticas más severas estaban reservadas para la Policía Federal.
La sala Martín Coronado del San Martín estaba colmada al mediodía, cuando se inició la audiencia a la que había convocado por decreto el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Se habían inscripto 209 expositores, que tuvieron cada uno cinco minutos para expresar su idea. Ayer expuso la mitad y el resto continúa hoy. Según la ley, las expresiones no son vinculantes. Pero el secretario de Seguridad y Justicia porteño, Juan Carlos López –quien presidió la audiencia– aseguró que “el proyecto que presente el gobierno va a expresar las conclusiones de la audiencia”.
Será difícil, en ese caso, plasmar en una iniciativa ideas tan contrapuestas: la de algunos vecinos de Constitución y Palermo, que piden lisa y llanamente la prohibición de la oferta de sexo en la calle, y los organismos que se pronuncian en contra de las medidas represivas.
María Elena Naddeo, titular del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, como pretende el proyecto macrista. “Los chicos y chicas encuadrados en la figura de oferta sexual no pueden ser sancionados: son víctimas de delitos sexuales. Los que deben ser sancionados son los clientes”, dijo Naddeo.
“El eje del problema son los travestis prostitutos”, definió Malba Sáenz, de 85 años, y el auditorio hizo silencio para escucharla. “Si se prostituyen porque no tienen una salida laboral, la sociedad está obligada a darles una mano para que se inserten en el mercado, en vez de reprimirlos”, propuso, y despertó el aplauso.
Angélica Vanek, la mamá de uno de los tres chicos asesinados en Floresta por un policía retirado, en diciembre de 2001, se manifestó en contra de los mayores poderes que se pretende otorgarle a la Federal. La abogada María del Carmen Verdú cuestionó al gobierno porteño por querer, con una reforma al Código, “avanzar en el cercenamiento de los derechos” de los ciudadanos, y reclamó la derogación de la ley que permite la detención de personas por averiguación de antecedentes, por ser “fuente de abusos policiales”.
“No hay que modificar el Código sino la autoridad de aplicación”, dijo Alejandro Ver, deParque Patricios. “Los problemas de la democracia no se solucionan con represión, sino con más democracia”, agregó el asambleísta Sergio Cruz.
Los representantes de asambleas vecinales coincidieron en cuestionar las figuras de “acecho” y “merodeo” que impulsó el diputado macrista Jorge Enríquez y retomó su par ibarrista Jorge Giorno, con una denominación más light: “presencia injustificada”. También criticaron las reformas que pretende introducir el macrismo, como la sanción a la obstrucción de la vía pública “que constituyen la penalización de la protesta” y el agravamiento de penas para los reincidentes. El bloque de Compromiso para el Cambio tiene un solo representante en la audiencia, el diputado Enríquez, cuya intervención está prevista para hoy. Azucena Villagra, una vecina de Constitución, se trenzó en un largo debate con el público, cuando fue increpada desde el auditorio. “El gobierno enfrenta a vecinos contra vecinos”, empezó diciendo. Y reclamó que la oferta de sexo se haga “en lugares cerrados”. “Para trabajar a puertas cerradas hay que coimear a la policía”, replicó una dirigente travesti.
Los ex diputados Cristian Caram y Fernando Caeiro no pudieron terminar sus discursos, ahogados por los gritos e insultos de un sector del auditorio. El oficialista Ariel Schifrin, que también tuvo que enfrentar el alboroto, se quejó: “Lamentablemente, un puñado de personas impide la libre expresión supuestamente en nombre de los más débiles y terminan haciéndole el juego a los que quieren un Código represivo y discriminatorio”.
La defensora del Pueblo, Alicia Pierini, que estaba en el auditorio, esperando su turno en la lista de oradores, no habló pero por propia elección: cuando se la convocó ya no estaba en la sala.
El secretario de Seguridad, Juan Carlos López, explicó a Página/12 cuál es la posición del gobierno respecto de la controversia de la oferta de sexo: “No es una falta grave y, por lo tanto, no debe ser castigada con arresto”, dijo el funcionario. El gobierno no piensa penalizar la reincidencia pero tiene en la manga una figura que se le parece: “Por el grado de habitualidad con que se comete la contravención se podría agravar la sanción”, afirmó.