La central nuclear Atucha II pasó a manos de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA) en 1994 y la obra quedó paralizada. Ante la inminente reanudación de la construcción de la central, la empresa fue cuestionada por agrupaciones ambientalistas. Pese a esto, ninguna autoridad de la empresa salió a dar explicaciones ni contestó los llamados de este diario. Sin embargo, en su página web dejan ver su posición: “Las centrales nucleares liberan al ambiente volúmenes ínfimos de radiación en comparación con la radiación natural. Además no emiten gases que producen efecto invernadero, ni lluvia ácida”.
Según trascendió, el Gobierno aspiraría a reanudar las obras de Atucha II en agosto o septiembre de 2004, con vistas a poner en marcha la central nuclear a mediados de 2008. Las obras, que comenzaron en 1981, en plena dictadura militar, quedaron paralizadas en 1994, cuando el ex presidente Carlos Menem decidió privatizar las centrales nucleares del país, que estaban controladas por la Comisión Nacional de Energía Atómica y pasaron a manos de Nucleoeléctrica Argentina (NASA). Sin embargo, nunca hubo interesados en comprar esa empresa estatal.
La reactivación de Atucha II es vista por algunos sectores como una herramienta para agregar generación eléctrica al parque local y para hacer frente al fantasma del desabastecimiento. Según señalaron fuentes del caso, los 7 mil pobladores de Lima, donde está ubicada Atucha II, no se opondrían a la reanudación de la obra. Según trascendió, el Gobierno aportará 300 millones de dólares para terminar las obras de la central nuclear, mientras que el resto, unos 180 millones, será provisto por empresas europeas.
Una delegación de la estatal Nucleoeléctrica Argentina viajó en noviembre de 2003 a Alemania para negociar la reanudación de las obras con Siemens, que llevaba adelante la construcción de Atucha II. Las negociaciones también incluyen al consorcio francés Framatome-ANP, al que Siemens le había cedido el negocio y en el que la compañía alemana tiene una participación del 34 por ciento.
Se trata de una obra que debería haberse concluido en 1987. Falta construir el 20 por ciento de la central. Si el Gobierno decidiera abandonar el proyecto tendría que reintegrar a Siemens 100 millones de dólares y además, 201 millones de dólares por gastos de anulación de contratos.