“Martina” es el nombre de ficción de una niña de carne y hueso que hoy tiene seis años y que vive una historia que, de ser real como afirman su madre y los abogados y psicólogos que la representan, sería una historia de terror que involucra a una familia de la alta sociedad. El delito más grave, un presunto abuso sexual cometido por el padre de la criatura, fue denunciado por la madre, M.D.B., en contra de su ex marido, R.B., ante la jueza civil Ana María Pérez Catón, en el marco de un juicio por divorcio. Ante tamaña novedad, el juzgado civil dio intervención al juez en lo penal Roberto Grispo, quien ordenó una serie de pericias que incluyeron 14 entrevistas a la niña presuntamente abusada, quien repitió una y otra vez el mismo relato, que inculpa al padre y a un tío de la menor. La perito oficial designada en el caso concluyó que “no se observan elementos precisos que permitan afirmar o negar posibilidad de abuso sexual”. El juez Grispo pidió una ampliación del informe pericial, que todavía no le fue suministrada, y la jueza civil, en forma paralela, inició un trámite que podría quitarle la tenencia a la madre, cuando aún es posible que la denuncia contra el padre sea totalmente fundada.
El caso fue hecho público, en conferencia de prensa, por el abogado Juan Pablo Gallego, con el apoyo de informes elaborados por el psicólogo Enrique Stola, el psicoanalista de niños Jorge Volnovich y la especialista en maltrato infantil Patricia Visir. La presentación judicial, que apunta sobre todo a la actuación de la jueza civil Ana María Pérez Catón y a la perito de la Corte Suprema María Cristina Gravenshorst, cuenta con el aval del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, cuya presidenta es Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
“Es un caso inédito y escandaloso de maltrato institucional hacia una niña, que impone la intervención del Consejo de la Magistratura”, dijo Gallego en declaraciones a Página/12. La denuncia de Gallego, que también representa a los menores que acusan por abuso sexual al cura Julio César Grassi, cuestionó la decisión de la jueza en lo civil Nº 81 de la Capital Federal, Ana María Pérez Catón, quien el martes llamó a las partes a una audiencia en la cual decidió reemplazar a la psicóloga que venía tratando a la niña y designar en su lugar a una profesional elegida por el presunto abusador. La medida, según Gallego, es “una barbaridad”, teniendo en cuenta que si bien todavía la Justicia no comprobó fehacientemente el abuso, tampoco lo descartó y el juez Grispo ha solicitado una ampliación de las pericias para resolver ese aspecto crucial del caso.
El testimonio de la menor, incorporado a la causa, provoca conmoción: “Papá vino solo al baño y me tocó la colita y me dolió mucho, entonces mi papá me obligaba a que le tocara su...”. Cuando la madre tuvo el primer indicio sobre el presunto abuso sexual, la primera respuesta de la nena fue que no le podía contar nada porque era “un secreto”. Y después agregó el dato que desencadenó la denuncia: “Lo que hago con papá es un secreto y no te lo voy a contar”. Al testimonio se sumó un dato concordante y dramático, dado que la madre y la abuela materna comprobaron la presencia de “sangre en el ano y la materia fecal de la niña”, precisó Gallego.
El juez Roberto Grispo pidió la intervención del Cuerpo Médico Forense. En las conclusiones del primer trabajo realizado por la licenciada María Cristina Gravenshorst, si bien se dejó constancia de la existencia de una “conducta hipersexualizada” en un niña de apenas cuatro años (la edad que tenía “Martina” cuando comenzó el supuesto abuso) y de sus manifestaciones acerca del presunto abuso, concluyó sin embargo que “no se observan elementos precisos que permitan afirmar o negar posibilidad de abuso sexual”. De todos modos recomendó “efectuar un tratamiento psicológico por la conflictiva emocional observada y para continuar la investigación acerca de sus manifestaciones” respecto del supuesto abuso.
Ante la duda, el juez Grispo solicitó a la licenciada Gravenshorst que le remitiera un informe más detallado sobre la información reunida durantelas entrevistas que mantuvo con la niña. La perito respondió que mostrar ese material a la Justicia “sería pasible de conclusiones poco acertadas”. La querella, a través de Gallego, se opuso a la respuesta y el juez pidió una nueva pericia, a cargo de la licenciada Marta Castelli Perkins.
En este caso intervino también una perito en representación de la querella, la psicóloga Patricia Visir, quien se declaró “de acuerdo” con Castelli Perkins cuando “sostiene que resultan compatibles con la sospecha de abuso sexual” los resultados del “Psicodiagnóstico de Rorschach, con componentes traumáticos, relacionadas con el área psicosexual de vinculaciones intromisivas”. De todos modos, en sus conclusiones, Castelli Perkins insistió en que “resulta insuficiente, todavía (...) afirmar o negar la posibilidad de abuso sexual”. Lamentablemente Castelli Perkins no pudo concurrir a una audiencia solicitada por el juez Grispo para que ampliara su informe verbalmente, porque la perito falleció en los días posteriores a la realización de su pericia.
Ante el imprevisto inconveniente, el juez penal pidió al Cuerpo Forense que le remita las grabaciones con el testimonio prestado por la menor, a fin de hacer un análisis definitorio. Lo que denunciaron Gallego y el Comité de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño es que la jueza civil Pérez Catón, cuando todavía no se resolvió la cuestión de fondo, pretende quitarle la tenencia a la madre, “lo que significaría quebrar el vínculo madre-hija, que hoy por hoy es el único sostén que tiene la menor abusada”.
Gallego sostuvo que la jueza “se apresta a quitar la tenencia de la menor a su mamá y entregarla en tutoría al ex juez Eduardo Cárdenas”, quien ha manifestado públicamente, generando grandes polémicas, que en su opinión existe “un abuso de la denuncia de abuso” sexual. El psicólogo Stola aseguró por tal motivo que existe “una perversa conducta de la jueza Pérez Catón al ejercer inexplicables presiones sobre la víctima”.