La jueza del doble crimen de La Dársena, María del Carmen Bravo, anunció ayer que decidió apartarse del caso. El anuncio fue efectuado por la magistrada ante los abogados de la causa, informó Daniel Nazar, representante legal de la familia de Leyla Bshier Nazar. Según el abogado, la jueza argumentó que su alejamiento tiene relación con un pedido de recusación por un presunto “prejuzgamiento” presentado por el abogado Raimundo Ledesma Chazarreta, defensor de Antonio Musa Azar –hijo del ex secretario provincial de Informaciones–, y la madre del joven, Marta Cejas, quienes se encuentran prófugos. Sin embargo, a esa versión se le contraponía otra que se reforzaba a medida que pasaban las horas: que el alejamiento obedece a un pedido de los familiares de las víctimas del doble crimen al interventor Pablo Lanusse.
La jueza María del Carmen Bravo había sido fuertemente cuestionada en los últimos tiempos, sobre todo por familiares de una de las chicas asesinadas, Patricia Villalba, quienes sospechan que la magistrada habría evitado investigar algunas hipótesis surgidas del trámite procesal. Cuando las familias de Patricia y Leyla se reunieron esta semana con Lanusse le habían remarcado su desacuerdo por el accionar judicial. Al apartarse Bravo, quedó al frente del caso en forma provisoria la jueza en lo civil Gamiatea de Saavedra, pero será la Cámara de Apelaciones la que tendrá que resolver en torno del planteo efectuado por el abogado Chazarreta.
Lanusse visitó ayer el barrio Juan Díaz de Solís, el complejo habitacional en el que familias ingresaron a más de 900 casas, y anunció que tratará de resolver “con equidad y legalidad” la adjudicación de viviendas. Frente a centenares de vecinos, el interventor se comprometió a realizar un relevamiento a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU) y advirtió que las casas “serán entregadas a los que realmente las necesiten”.
Las viviendas habían sido ocupadas pocas horas después de que se ordenó la intervención a Santiago del Estero. Presuntamente por orden de punteros políticos del PJ, familias de indigentes ingresaron y tomaron por la fuerza las unidades habitacionales que se encuentran en plena etapa de construcción. Lanusse reiteró que las viviendas –más de 2 mil en toda la provincia– serán adjudicadas “en el marco de la ley y en respuesta a las necesidades más urgentes de la población”.
“Las decisiones van a ser justas y equitativas, aquí se terminaron los avales políticos y el amiguismo para tener acceso a la vivienda, eso pertenece a un régimen que gobernó en el pasado”, dijo Lanusse durante su recorrida.
A la catarata de actividades luego del largo sueño santiagueño se sumó el jefe de Gabinete de la intervención, Pablo Fontdevilla, que afirmó que el superávit de 500 millones de pesos de la provincia “se logró con el hambre de la gente”. “Existe un superávit económico significativo de recursos provinciales que se vincula estrechamente con el déficit de la desarticulación de la seguridad, la enorme deserción escolar y la subalimentación de la población”, señaló Fontdevilla y remarcó que “resulta espantoso que se hable de 500 millones de pesos de superávit y que paralelamente la población no esté vacunada”.
Sobre la designación de los efectivos policiales, Fontdevilla reveló que a las fuerzas de seguridad “sólo se ingresaba por recomendación y a personas sin ninguna formación se les entregaba un arma. La provincia se encuentra en un estado deplorable”.
Por otra parte, las ex diputadas provinciales justicialistas María Cristina Cieri de Betancour y Nieves Ibáñez de Fulco y la ex directora del Hogar de Niños Noemí Carrizo fueron indagadas en el marco de las investigaciones por el robo de mercaderías en perjuicio del plan Asoma y Acción Social. El juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Pedro Ibáñez, investiga cómo llegaron a casas de ex funcionarios y legisladores una apreciable cantidad de frazadas, colchones, ropa, chapas y alimentos destinos a indigentes y jubilados.