Panadería, librería, centro de copiado y un taller textil, todo comunitario, podrán quedar en la nada –junto con la comida diaria de 160 personas y el puesto de trabajo de otras cuarenta– por la decisión judicial de desalojar un lugar que estuvo abandonado durante cuatro años hasta que la Asamblea Popular 20 de Diciembre, del barrio porteño de Parque Avellaneda, tomó el espacio y le dio una utilidad social. “Hay una guardia permanente de cien personas, incluso de noche, y muchas mujeres con sus hijos no quieren irse, dicen que van a resistir hasta las últimas consecuencias”, aseguraron desde la Asamblea. Legisladores de los más variados partidos confirmaron que el proyecto de expropiación está trabado en la Legislatura porteña porque “la Liga de Rematadores hizo lobby” y porque algunos sectores privilegian la propiedad privada sobre el derecho a trabajar y alimentarse.
“Tienen vía libre para reprimir desde el jueves, puede ser en cualquier momento, aunque creemos que será de noche, porque durante el día hay muchas actividades y mucha gente”, explicó Gustavo Vera, integrante de la Asamblea Popular 20 de Diciembre, quien resaltó que tomaron la decisión inamovible de resistir y explicó que la expropiación legal está cajoneada “porque están quienes hacen negocios con los inmuebles y, sobre todo, porque la derecha ve como peligroso que haya un precedente de un grupo de gente que se organice, cree trabajo, recupere espacios con fines sociales y luche por su dignidad”.
El legislador socialista Roy Cortina explicó que “estaba todo listo para que el espacio fuera expropiado, pero la Liga de Rematadores apretó en algunos bloques que al principio eran favorables”. Su par del ARI, Fernando Cantero, agregó que “algunos sectores tienen miedo que se siente un precedente, tienen miedo que un grupo de gente con un comedor avance a mayores formas de organización y solidaridad”.
También coincidieron en que, como antecedente, algunos sectores –que ubican a la propiedad privada como el derecho supremo– vieron como un retroceso la expropiación de fábricas en quiebra para dejarlas en manos de trabajadores y ahora sienten como una nueva ofensiva la recuperación social de los espacios abandonados. El legislador Daniel Betti, de Autodeterminación y Libertad, aseguró que “lo que la derecha quiere hacer es terminar con todo el proceso que nació en diciembre de 2001. Les tienen miedo a quienes se organizan por fuera de los partidos y por eso les ponen trabas todo el tiempo”.
El espacio recuperado era un tradicional bar –llamado La Alameda–, en Lacarra y Directorio, nuclea a 200 personas, almuerzan todos los días 160 personas y conformaron tres cooperativas: de trabajo, de vivienda y de artesanos feriantes. Todos emprendimientos autogestionados que cuentan con el visto bueno del gobierno nacional a través del Plan Manos a la Obra. “Recibimos subsidios por 42 mil pesos y estamos por comprar todas las herramientas que nos faltan, desde las cortadoras para el taller textil hasta las amasadoras para la panadería comunitaria”, explicó Tamara, también de la Asamblea.
Nacida como resultado de la movilización popular de diciembre de 2001, la Asamblea sobrevivió a varios intentos de cooptación y embates de todo tipo. Ahora intenta frenar la avanzada de la Liga de Rematadores. Vera señaló que el actual dueño del terreno, logrado mediante remate público, es Mauricio Hugo de Marco, que estaría vinculado a la Liga.
El argumento esgrimido por el bloque oficialista y el macrismo para cajonear la expropiación fue que en el lugar se discriminaba a los ciudadanos bolivianos. En la Asamblea 20 de Diciembre lo niegan. “Es todo mentira lo de la discriminación. Acá estamos todos juntos tratando de vivir con dignidad y nos quieren sacar lo poco que tenemos”, contó Olga, una mujer boliviana que con sus tres hijos de 1, 7 y 8 años duerme en el lugar y piensa resistir el desalojo. “Acá hay bolivianos en todas las actividades y, entre los chicos, son amplia mayoría los niños bolivianos”, agregó. También se sumaron al pedido de expropiación los medios de comunicación de la colectividad boliviana en Capital Federal.
Por la cantidad de actividades diarias, todos creen que los carros de asalto y la infantería llegarán de noche. Por ese motivo, además de las cien personas que duermen en el lugar, hicieron una cadena telefónica con otras asambleas populares, organizaciones sociales y quince legisladores porteños que llegarán hasta el lugar en caso de desalojo.

Informe: Darío Aranda