La jueza chilena Karen Atala no podrá vivir con sus tres hijas por decisión de la Corte Suprema de ese país. El motivo es que la jueza es lesbiana y convive con su pareja, lo cual para el máximo tribunal chileno es incompatible con su función materna. El inédito fallo, dado a conocer ayer, fue un mazazo para las minorías sexuales que buscan reconocimiento legal para criar a sus hijos y sobre todo para la propia Atala, a quien su ex marido decidió disputarle la tenencia de las nenas hace algo más de un año, al saber que había formado una nueva pareja. La sentencia sostiene que, al convivir con la madre y su pareja, las chicas están inmersas en “un entorno familiar excepcional” que se diferencia significativamente del de vecinos y compañeros, “exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que afectará su desarrollo personal”. La jueza, dicen sus allegados, se siente objeto “de una enorme injusticia”.
Francisco Estévez es el titular de la Fundación Ideas y se convirtió en una suerte de vocero de Karen Atala desde el comienzo del conflicto. Tanto por la necesidad de preservar su intimidad familiar, como por seguir trabajando como jueza en la localidad de Los Andes, Atala nunca hizo declaraciones sobre este caso y delegó en él ese rol. “En este fallo –dijo a Página/12 Estévez– predominó una mirada homofóbica. Los considerandos son enteramente prejuiciosos. En Chile la jurisprudencia en casos de separación siempre ha dado preferencia a la madre para vivir con los hijos; si ahora la Corte falló de otro modo lo hizo por un prejuicio discriminatorio que queda expreso en el fallo. Lo que finalmente hace la Corte es una recomendación de hipocresía, de doble standard: no importa que una persona tenga una orientación distinta, pero que no se haga explícita, que no sea pública. Esa no es la opinión de Karen Atala, ella siempre creyó que no debía esconder su identidad: actuó con transparencia y creyó posible compatibilizar su amor de pareja con el amor que siente por sus hijas.”
El caso se ha desarrollado literalmente entre paredes judiciales, ya que el padre de las nenas, Julio López, es defensor público. Cuando dos años atrás él y Atala se separaron, acordaron que las chicas, que ahora tienen 4, 6 y 10 años, vivirían con ella. Pero todo se complicó cuando en enero de 2003 López supo que su ex esposa había formado una nueva pareja con otra mujer. Presentó entonces una medida cautelar para que le dieran la tenencia. La obtuvo y aunque luego otro fallo le fue adverso logró evitar la restitución. En marzo pasado, la Cámara de Apelaciones de Temuco estudió numerosos informes psicológicos y médicos, y en un extenso fallo sostuvo que no había motivo para impedir de Atala ejerciera la patria potestad. Las nenas debían regresar con ella. Sin embargo, López volvió a apelar y la Corte Suprema emitió una orden de no innovar hasta tanto no se expidiera sobre la cuestión de fondo, lo cual sucedió ayer.
Los jueces sostienen ahora que Atala “ha antepuesto sus propios intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas” y que “la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores”. Llamativamente, los jueces restan valor a la opinión de psicólogos y asistentes sociales según los cuales “la condición de homosexual de la madre no vulneraría los derechos de sus hijas, ni la privaría de ejercer sus derechos de madre, pues se trata de una persona normal desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico”, mientras que argumentan que se dio poco peso a pruebas testimoniales como “las de las empleadas de la casa, que hacen referencia a juegos y actitudes de las niñas demostrativas de confusión ante la sexualidad materna” .
Esos son los motivos por los cuales los jueces deciden darle la tenencia definitiva de las nenas al padre. “Es un fallo muy grave –sostuvoEstévez–. Karen Atala está muy afectada, muy dolida. No entiende por qué se produjo este acto de injusticia tan grande. En este momento ella está evaluando su vida profesional y personal. Nosotros la estamos acompañando en su dolor: ya habrá tiempo para construir una estrategia de reparación y si no es posible aquí habrá que recurrir a instancias internacionales. Desde ya, es fundamental la solidaridad de organizaciones de América latina y Argentina.”