Los delitos que hasta ahora son juzgados por la Justicia Correccional nacional serán investigados por magistrados dependientes de la Ciudad de Buenos Aires. Así, las lesiones en riña, daño, abandono de personas, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación y ejercicio ilegal de la medicina serán juzgados por los jueces contravencionales de la ciudad. El presidente Néstor Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, firmaron ayer un convenio para llevar adelante este traspaso. Pero el acuerdo entrará en vigencia a los 60 días de su ratificación parlamentaria.
La medida cuenta con el visto bueno de los jueces contravencionales porteños, quienes no obstante reclaman la sanción de un Código de Procedimiento Penal exclusivo de la ciudad. Según deslizaron fuentes del gobierno nacional, el traspaso también tiene el respaldo de la Legislatura de la Ciudad y del Congreso nacional, los dos cuerpos que deberán ratificar la iniciativa para que entre en vigencia. Entre los nuevos delitos que juzgará la Justicia de la ciudad también se encuentra el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ya que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos depende de la ciudad.
El propio Presidente se trasladó hasta la Jefatura de Gobierno porteño para suscribir el convenio. El lugar elegido para realizar el acto fue todo un símbolo para reflejar el interés de la Nación por impulsar esta iniciativa. En su discurso, Kirchner sostuvo que la transferencia de algunas competencias penales de la Justicia nacional al Poder Judicial porteño es “un paso importante para fortalecer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. En tanto, Ibarra aseguró que con esta medida “estamos avanzando en materia de administración de la Justicia y en la pelea que tenemos entre todos contra la inseguridad”.
El subsecretario de Política Criminal de la Nación, Alejandro Slokar, explicó a Página/12 que la iniciativa abarca a las figuras que “requieren de un poder de policía local”. Para poder juzgar estas figuras, la ciudad pondrá a disposición los 22 juzgados contravencionales, las 24 fiscalías y las 16 defensorías porteñas. De todos modos, una vez que el traspaso sea efectivo, sólo tomará las causas que se inicien de ahí en más; las que ya estén radicadas en la Justicia nacional continuarán allí su proceso.
Rodeado de funcionarios nacionales y porteños, Kirchner sostuvo que “a la impunidad tenemos que derrotarla con un esfuerzo conjunto” y, para eso, hizo hincapié en la reciente creación de una división de Policía Comunitaria que “en los próximos días pondrá en marcha el proceso de selección de sus nuevos integrantes”. El Presidente también aclaró que el gobierno nacional se hará cargo del alojamiento de detenidos y procesados de este tipo de delitos: ayer se firmó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Justicia y la ciudad por el cual el Servicio Penitenciario Federal prestará el servicio de tratamiento de condenados y de guarda.
Slokar manifestó que esta medida forma parte del “reordenamiento general” que lleva adelante el Gobierno en el ámbito de la Justicia. “La estructura judicial de la ciudad está preparada para albergar estos nuevos casos. El único inconveniente es que estas competencias tienen que estar acompañadas de un Código de Procedimiento Penal”, explicó el fiscal contravencional Martín Lapadú. Es que, según señaló, “al manejarnos con el de Nación podemos caer en zonas grises. Por ejemplo, en el código nacional hay jueces de instrucción, mientras que en Capital hay jueces de garantías”. Actualmente, está en vigencia una ley “parche” de 10 artículos pero “sería necesario ampliar esa normativa”, indicó Lapadú.