El fiscal de La Plata Marcelo Romero ordenó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que identifique a los desocupados que marchen con la cara tapada o con palos y los denuncie por intimidación pública, una figura que prevé penas de hasta seis años de prisión. Para dictarla argumentó que estará de turno hasta el 15 de junio y no quiere que en su zona se cometan “delitos disfrazados de conflicto social”. La orden fue presentada como una instrucción enviada al ministro de Seguridad, León Arslanian, y se apoya en el reciente fallo de la Cámara de Casación Penal que dijo que cortar rutas es una violación a la ley, aun cuando los manifestantes reclamen por derechos constitucionales como el trabajo, la salud o la educación.
La resolución plantea que la policía “organice una vía de circulación libre adyacente al piquete e impida la presencia de personas que porten armas impropias como palos, caños, tumberas y/o con rostros cubiertos por pasamontañas, procediendo a su inmediato secuestro. Ante la negativa o resistencia de estas personas a cumplir con la orden”, continúa el texto, el personal policial los denunciará por “intimidación pública y procederá a documentar con medios fotográficos, fílmicos o de video todas las secuencias de la operación”.
De ponerse en práctica, las medidas sumarán más tensión a las movilizaciones. En principio, porque las reglas para la protesta que propone Romero son consideradas impracticables por los piqueteros. Está el problema de que los que van adelante se tapen o no la cara: desde que la Cámara de Casación falló que el corte de ruta es un delito, ir a un piquete a rostro descubierto se volvió riesgoso, ya que cualquiera puede ser identificado y llevado a juicio. Así le ocurrió a la maestra Marina Schifrin, condenada por haber participado de un corte de ruta en defensa de la educación pública. En segundo lugar, no es nada seguro que los manifestantes acepten dejar libre un carril de circulación debilitando su principal método de protesta. En cuanto a la mención de que los piqueteros llevan armas y tumberas, se trata de una chicana del fiscal, ya que en los siete años de movilizaciones en el conurbano nunca se vio un caso de desocupados que usaran armas de fuego. De todas maneras, el escenario más probable de implementarse la instrucción sería que la policía exija quitarse el pañuelo y, ante un rechazo, denuncie a los manifestantes, judicializando el conflicto.
En el Ministerio de Seguridad dijeron que el fiscal “tiene atribuciones” para dar estas órdenes. “Habrá que ver si no hay un juez de garantías que las anule o intervenga”, señaló un hombre de Arslanian para indicar que el ministro no piensa terciar en el tema, que considera de competencia judicial.
No es la primera vez que Romero pide que la policía actúe de oficio ante los cortes de ruta. De 40 años, ex fiscal general adjunto y ex fiscal de instrucción, es considerado en el ámbito judicial como un hombre de corta trayectoria y con vocación por los golpes mediáticos. El funcionario ha respaldado los pedidos de mano dura para los piqueteros de Eduardo Duhalde y mantuvo posturas de defensa de la corporación policial. Cuando el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, dijo que en la provincia existían políticos que financiaron sus campañas con dinero de la corrupción policial, pidió que la Justicia lo citara a declarar. Romero también ha sido cuestionado por el camarista de San Isidro Fernando Maroto, quien lo acusó de haber frenado tres mil denuncias contra uniformados por torturas a presos.
Sus instrucciones tuvieron repercusión en el movimiento de desocupados. Néstor Pitrola, titular del Bloque Piquetero, consideró que “la Justicia tiene que trabajar para que termine la impunidad y no para que se terminen los movimientos populares”.
Claudio Morel, de la agrupación Barrios de Pie, señaló que “existe una lógica de trabajo dentro de la Justicia de la provincia de Buenos Aires de coartar la protesta”.
El titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), Luis D’Elía, se refirió al fiscal como a “un energúmeno provocador que incita a la violencia con sus acciones”. También cuestionó la instrucción el titular de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, quien señaló como “una medida represiva más”.
Las organizaciones ratificaron que mantendrán las movilizaciones pautadas para estas dos semanas. Barrios de Pie se movilizará el martes a los tribunales bonaerenses, en contra de la judicialización del conflicto social. Y del 14 al 18 de junio el grueso del movimiento hará 72 horas de protestas, que finalizarán con una marcha a la capital provincial.