Por Jaime Prats *
Desde Valencia

Hay dos cuestiones sobre las que John Jairo Romero prefiere no dar detalles. Una es su lugar de nacimiento; “es por seguridad, para proteger a mis padres”. La otra está relacionada con el muñón que tiene bajo el codo derecho. Se limita a comentar que perdió parte del brazo en un atentado “vinculado a la vida reivindicativa como gay”. Y que se trata de un episodio que aún no ha superado del todo. Este activista colombiano de 40 años, que comenzó su militancia en la Liga de Lucha contra el Sida de su país en 1989, es el primer refugiado político que reconoce el gobierno español debido a su orientación sexual.
Partió hacia Ecuador en mayo de 1993, después de casi 15 años de militancia en defensa de los derechos de gays y lesbianas, un atentado y un reguero de amenazas y presiones. Uno de los principales motivos de su exilio fue la detención de tres policías de Bogotá vinculados con el asesinato de jóvenes homosexuales que ejercían la prostitución en las calles, en la que tuvo un papel protagonista. Los tres, uno de ellos un teniente, cumplen 25 años de cárcel. “Llegaron a matar hasta cinco chicos en una semana”, apuntaba en la sede del Col.lectiu Lambda, la entidad valenciana de defensa de gays y lesbianas en la que ahora colabora.
“Un día los sorprendimos con las manos en la masa, maltratando a uno de ellos, y sólo así pudimos demostrar su responsabilidad en las desapariciones.” A partir de la condena de los agentes, su situación empeoró. El fue una de las tres personas que testificaron. Otro compañero murió asesinado y una compañera ha huido a una isla caribeña para refugiarse. “No cesaban las intimidaciones; nunca volví a vivir tranquilo.” Las presiones llegaban en forma de esquelas, coronas de flores e incluso un tiroteo del que salió ileso. “Yo no quería irme”, comenta, pero tras unos meses marcados por el constante cambio de residencia para evitar ataques con la compañía de escoltas, una conversación con un familiar le hizo reconsiderar su decisión. “Me comentó: el cementerio está lleno de valientes; prefiero que vivas.”
Salió hacia Ecuador y dejó su trabajo en un programa de la Organización Panamericana de la Salud relacionado con la educación sexual de adolescentes que se prostituían, además de un puesto como asesor de un concejal del Ayuntamiento de Bogotá. Lo que no abandonó fue el trabajo en defensa de los derechos de homosexuales y bisexuales. Su primera batalla fue luchar contra un artículo del código penal que castigaba la homosexualidad y que consiguió derogar. Además, mantuvo una campaña de denuncias de asesinatos de transexuales.
Pero las cosas no fueron mejor que en su país: “La sociedad ecuatoriana es mucho más homófoba que la colombiana”. Y decidió volver: “Me dije: prefiero morir en mi pueblo que en Ecuador”. A su regreso se encontró con nuevas amenazas y, aconsejado por diversas entidades, entre ellas la Cruz Roja, volvió a salir de Colombia “tan rápido que no sabía hacia dónde partía”. Llegó a Valencia en diciembre de 2001, meses después de regresar a su país.
En febrero de 2002, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) solicitó el estatuto de refugiado para Romero. “Los casos como éste no son fáciles”, apuntó Carmen de Miguel, abogada de CEAR, que recordó la reciente denegación del estatuto a una mujer que huyó de Nigeria al negarse a aceptar un matrimonio forzado de su país. “Esperamos que este reconocimiento abra la puerta a otras personas que sufren persecuciones sexuales en todo el mundo”, comentó la letrada”.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.