En forma inesperada, con la detención de seis personas, se reactivó la causa contra la empresa constructora San Sebastián SA, acusada de cometer una estafa por 30 millones de pesos que perjudicó a unas 900 familias, un caso por el cual fue condenado a prisión el ex concejal José Manuel Pico, quien salió en libertad en enero de este año. Fuentes de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal aseguraron que dos de los detenidos, Alberto Pozo y Sebastián Bacigalupo, eran “los hombres de confianza de Pico en la organización delictiva” y estaban prófugos desde el comienzo de las investigaciones, en 1996. Recién ahora fueron detenidos en ciudades del interior del país, Pozo en Mendoza y Bacigalupo en Neuquén. Luis Sasso, quien fue abogado de Pico y ahora representa a Pozo y a Bacigalupo, negó sin embargo toda relación de los nuevos detenidos con el ex titular del Concejo Deliberante. “En los medios se habla de la banda de Pico, pero no existe relación entre el ex concejal y los detenidos que represento”, dijo el letrado a Página/12, a pesar de las fuertes sospechas señaladas por los investigadores.
La mayoría de los detenidos eran empleados de la empresa San Sebastián, que se dedicaba a la construcción de viviendas que no respetaban las normas que fija el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad. De acuerdo con la causa, los principales miembros de la organización delictiva eran el ex concejal Pico y el presidente de San Sebastián, Antonio Nicolosi. Ambos fueron juzgados en 2002 y condenados a 14 y 13 años de prisión. Los 14 años de Pico unificaron tres condenas, una de siete años, por haber facilitado a San Sebastián las excepciones para violar el Código, y otras dos por enriquecimiento ilícito y por falsificación de documento público, porque en 1997 había salido ilegalmente del país con un pasaporte falso.
La detención de las seis personas estuvo a cargo de la división Defraudaciones y Estafas de la Federal, al mando del comisario Víctor Vitábile. Los operativos se hicieron desde el viernes en Mendoza, Neuquén, Chubut y Buenos Aires. Cinco de los imputados fueron indagados por el juez de la causa, Adolfo Calvete, y trasladados al penal de Marcos Paz.
Alberto Pozo, señalado como “hombre de confianza” del ex concejal Pico, fue detenido en una casa de Monte Caseros 277, en San Rafael, Mendoza, mientras que Bacigalupo fue apresado en San Martín 843 de San Martín de los Andes, Neuquén. Mientras Bacigalupo era el encargado de ventas de la inmobiliaria San Sebastián, que trabajaba junto con la constructora, Pozo era el máximo responsable de esa parte del negocio. También fue detenido Vicente Maratea, quien trabajaba como arquitecto para San Sebastián. En la década del noventa fue director de Planos y Obras de la Municipalidad de Buenos Aires. Maratea fue arrestado en una casa de José Bonifacio 1526, en la Capital Federal. Se encargaba de aprobar los planos y las obras de las viviendas que se pusieron a la venta.
Otro de los detenidos es Francisco Mario González, quien se desempeñaba como inspector municipal de obras. Está acusado de haber fiscalizado, mal en este caso, las obras de la firma San Sebastián. González fue detenido en una vivienda de la calle 61, en la ciudad de Necochea. Alberto Toledo, quien se encargaba de capacitar a los vendedores de San Sebastián, vivía en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero lo encontraron en Mar del Plata, donde intentó refugiarse cuando supo que lo buscaban en aquella provincia.
El sexto detenido es Alfredo Fernández, quien estaba afincado en la localidad bonaerense de Caseros. Fernández había trabajado como gerente de ventas de la constructora San Sebastián. La investigación policial para determinar el paradero de los seis detenidos duró cerca de un año y todavía quedan “siete personas prófugas”, explicó una fuente de Defraudaciones y Estafas consultados por este diario. En el seguimiento colaboraron la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), delegaciones de Policía Federal en el interior y varios juzgados. San Sebastián cometió 534 estafas, según quedó demostrado en el juicio donde fueron condenados Pico y Nicolosi. De todos modos, se cree que el total de familiasdamnificadas llega a los 900. La firma construyó en forma ilegal 13 edificios en distintos barrios de la Capital Federal.