Elisa Carrió anunció ayer que impulsará la modificación de la legislación minera “prebendaria y de privilegio” que fue sancionada durante el primer gobierno menemista y que permite el “saqueo” de los recursos naturales no renovables del país. En una conferencia de prensa, la diputada del ARI Marta Maffei se encargó de enumerar los increíbles beneficios impositivos con los que fueron favorecidas las multinacionales que llegaron en los últimos años para extraer la riqueza minera.
En ese marco, el gremialista de Río Turbio Luis Héctor González reclamó la renuncia del secretario de Energía, Daniel Cameron, a quien acusó por su responsabilidad en el vaciamiento de la mina de carbón de la localidad santacruceña donde semanas atrás murieron atrapados 14 operarios: Cameron era el representante del gobierno de Santa Cruz en la comisión que debía fiscalizar la concesión a cargo del empresario Sergio Taselli.
González, de la Lista Negra de la seccional de ATE de Río Turbio, reveló que entre 1994 y 2002 –cuando Taselli tuvo a su cargo la explotación del yacimiento de carbón– los mineros marcharon en ocho oportunidades hasta Río Gallegos para reclamar al entonces gobernador, Néstor Kir-chner, que se controlara la concesión. González llegó a Buenos Aires para participar de un foro convocado por el ARI para analizar las políticas mineras en el país. Vino acompañado por Ramón Páez, un minero que la noche de la tragedia en Río Turbio tenía que estar trabajando en el socavón, pero “por obra del destino” había pedido día de descanso. “Me va a ser muy difícil volver a entrar sin ver a los compañeros que murieron”, contó Páez a Página/12, todavía conmovido por el fallecimiento de sus 14 compañeros de turno.
Del encuentro convocado por el ARI, en el flamante centro de estudios que dirige Carrió, participaron expertos en el tema de distintas provincias mineras. El objetivo, explicó la líder del partido, es comenzar a consensuar una agenda legislativa que “permita revertir la política de entrega de nuestro recursos naturales no renovables y proteja a la población y al medio ambiente”.
Maffei detalló los privilegios que otorgaron las leyes sancionadas entre 1994 y 1995 a las compañías extranjeras que desembarcaron en el país para llevarse principalmente oro: en los primeros 5 años no pagan ningún impuesto; por 3 años no pagan canon; por 30 años tienen garantizada estabilidad tributaria, arancelaria y de régimen cambiario; tienen reintegro del IVA; no se les puede aumentar impuestos en energía, gas y combustible; no pagan retenciones a las exportaciones, ni impuestos al cheque ni al combustible y no están obligados a liquidar divisas en el país. “A la hora de importar maquinaria tienen igual tratamiento que el capital nacional. Y –agregó –no tienen ninguna exigencia ambiental.”
“Los 13 proyectos más importantes de explotación en 10 años van a exportar 2500 millones de dólares y dejarán apenas 380 millones de dólares en regalías. Y encima, si exportan por puertos patagónicos tienen un 5 por ciento de reembolso, es decir, les tenemos que pagar”, precisó Maffei.
La minera es una industria en expansión en el país. En poco más de una década, la producción pasó de unos 430 millones de dólares a 1342 millones. En el mismo lapso las exportaciones del sector pasaron de 30 a 1050 millones de dólares y las inversiones (exploración y explotación) sumaron más de 3600 millones de dólares.
“La actual legislación, absolutamente prebendaria y de privilegio, convalidó el saqueo del 25 por ciento de los recursos mineros. Si empezamos a hablar de estos temas tal vez podamos evitar el saqueo del 75 por ciento que nos queda”, consideró Carrió.