Basada en derechos reconocidos por la Constitución Nacional y convenios internacionales, la diputada María Elena Barbagelata presentó ayer un proyecto de ley para que se declare la “emergencia nacional” sobre la propiedad y posesión de tierras habitadas por pobladores originarios. La iniciativa, apoyada por quince legisladores de diversos partidos, también solicita la suspensión por tres años de los desalojos de tierras donde viven las comunidades indígenas.
El proyecto toma parte de su fundamentación en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la OIT, ambas normas –según los especialistas en derecho indígena– no respetadas por los jueces argentinos. Barbagelata remarcó que el proyecto “es acompañado por toda la Comisión de Población y trata los dramáticos y vergonzosos desalojos de familias aborígenes, el desmonte y la extranjerización de los recursos naturales”.
“Sancionar la ley no va a ser fácil porque se contrapone a sectores con mucho poder, pero creemos que es un momento propicio para poner en discusión un tema por mucho tiempo silenciado”, destacó la legisladora. Entre los opositores al proyecto se encuentran los grandes terratenientes, las compañías forestales y del agro.