A las 19.42 se levantaron para festejar como en la cancha de Boca 23 diputados del macrismo, otros tres enrolados en Recrear y cinco del Partido de la Ciudad. Los 31 manos alzadas que libraron la séptima batalla para obtener el quórum necesario para abrir la sesión, a la noche celebraban la reforma del Código Contravencional porteño. O lo que los opositores definieron como una “cáscara vacía”, porque la ley solo se aprobó en general. La pulseada ganada por el macrismo y sus aliados pretende consagrar cuatro puntos: penaliza la protesta social, baja la edad de imputabilidad a los 16 años, reprime la venta ambulante y prohíbe la oferta y demanda de sexo en lugares públicos próximos a viviendas, escuelas y templos. Fue una victoria, pero no completa. El debate en particular pasó para el viernes 16 de julio. Ese será el momento de la definición: es que no hay consenso en los artículos más conflictivos, ni siquiera dentro del macrismo. Y si cada punto no se aprueba por 31 votos, el proyecto completo podría caerse. El debate fue seguido por una nutrida barra de adherentes y opositores a las reformas. Al final, hubo incidentes.
Los legisladores aprobaron en general el despacho 0283/04 del proyecto de ley que incluye 101 artículos para reformar el Código de Convivencia, el cuerpo legal que sanciona las faltas que no llegan a ser delitos. El proyecto cambia los principios garantistas aprobados hace seis años, tras la derogación del sistema de edictos policiales. Después de seis intentos fallidos por falta de quórum, el macrismo consiguió el respaldo necesario para alcanzar la mayoría especial exigida por la Constitución porteña.
Las 45 páginas del proyecto reflejaban, en el inicio del debate, el nivel de falta de consenso que se demostró a lo largo de la discusión. El proyecto comenzó a discutirse en febrero y entró en el recinto con la aprobación “por mayoría” de la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales. Sin embargo, sólo dos diputados de los que integraron las discusiones lo firmaron sin objeciones. Una de ellas era Silvia La Ruffa, del Frente para la Victoria. Ayer, durante su intervención en la cámara, admitió que había cambiado de idea: “Partimos de un mal diagnóstico”, indicó, en alusión a uno de los puntos más criticados del proyecto: la edad de imputabilidad de los menores. “No quiero un Código cuestionado”, agregó.
El proyecto reduce de 18 a 16 años la edad de imputabilidad. El cambio fue denunciado como inconstitucional por varios diputados y además por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, porque va en contra de las garantías consagradas por los convenios internacionales integrados a la Constitución nacional. Una alta fuente del gobierno porteño adelantó a Página/12 que el Ejecutivo no aprobaría una ley que baje la edad de imputabilidad. Situación que se daría si el artículo prospera y termina aprobado durante la discusión en particular, algo que por el momento no parece posible.
El ARI, el ibarrismo, el kirchnerismo, los socialistas y la Izquierda Unida –que votaron contra la reforma– están dispuestos a rechazar en bloque el avance de ese artículo y ya cuentan con aliados en el macrismo y en Recrear. Algunos diputados se preparan de hecho para iniciar un proceso de negociaciones con los autores del proyecto de cara a las próximas sesiones.
“¿De qué se trata el famoso fracaso del Código de Convivencia?”, arremetió entre los kirchneristas Ariel Schifrin, a poco de iniciado el debate. “Está instalado que no sirve. Y como está instalado en la sociedad votemos, rápido”, denunció, en referencia al “mandato mediático” por el que los macristas se disponían a votar. “El problema de la ciudad no es de leyes, porque hay una sobreoferta legal. Nuestro problema –explicó– es que no tenemos cómo constituir el principio de autoridad y si se lo quiere constituir reprimiendo a los piqueteros... se han equivocado de norma.”Mientras hablaba, la barra que hasta ese momento gritaba y pataleaba contra los impulsores del cambio estuvo en silencio. Estaba conformada por representantes de trabajadoras sexuales, travestis, piqueteros, vendedores ambulantes y militantes de la CTA. Del otro lado había vecinos que vienen militando contra la prostitución en la vía pública.
Con otras palabras, Laura Moresi, del Frente Grande, denunció la sanción de “una ley forzada por 31 votos”. “Sancionada con falta absoluta de consenso”, le dijo a este diario. “No estoy en contra de una reforma sancionatoria que establezca ante una conducta una sanción, pero acá se está estableciendo un régimen punitivo. Porque si cualquier conflicto social hay que resolverlo dentro del sistema penal, ¿qué queda para resolver fuera de eso?”. Para Moresi, el proyecto “es una barbaridad”. No sólo porque penaliza la protesta, criminaliza la pobreza, sino porque no otorga, según la diputada, garantías jurídicas. “Se pensaron que eran legisladores nacionales. Hay una gran desproporcionalidad en las penas.”
Helio Rebot, del macrismo, argumentó que “el código ha fracasado rotundamente, es una necesidad reformarlo completamente y establecer penas concretas para contravenciones concretas”. Destaco además la importancia de las nuevas figuras creadas por la reforma, como la sanción a la venta de pegamento o de alcohol a menores, o a quienes permitan su permanencia en lugares no autorizados.
A pesar del éxito parcial del macrismo, en la Ciudad, por el momento, no cambiará nada. El 16 de julio, los diputados volverán al recinto para comenzar el debate en particular. Compromiso para el Cambio necesitará 31 votos por cada artículo para conseguir la sanción tal como está. Los diputados consultados por Página/12 están convencidos de que el proyecto no pasará así como está. Insisten en que la falta de consenso sobre algunos artículos es muy alta. Así como están las cosas, la reforma puede hacerse agua si uno solo de los artículos no alcanza los 31 votos. O puede convertirse en ley si, tal como parece, los diputados reenvían el proyecto aprobado a la comisión para discutir punto por punto y establecer acuerdos más generales. Lo cierto es que, si sale, la Ciudad tendrá su nuevo código después de muchas sesiones.
Vilma Ripoll, de la Izquierda Unida, terminó ovacionada por la platea de opositores que hostigaba a los macristas con aquello de “¡Decí cuánto te paga Macri!”. Ripoll definió el planteo de la reforma y la votación con un “nos quieren vender gato por liebre: lo que quieren apoyar es la exigencia de seguridad y ya dijeron quién tiene la culpa”. Durante el debate, Fernando Melillo, del ARI, pidió una vuelta del proyecto a comisión: el resultado adelantó la elección del final de la jornada. La moción terminó con 30 votos en contra. “Vamos a ser demagogos pero no eficaces –había dicho pocos minutos antes–, esta ley es un mamarracho que no tendrá ninguna eficacia en la práctica.”
Diego Kravetz, también de Frente para la Victoria, se encargó casi al final del debate de poner blanco sobre negro el tema de los pobres: “No podemos caer en el infantilismo de pensar que por el solo hecho de que no se los vea dejen de existir”.
Finalmente llegó la votación: el macrismo logró los 31 votos que necesitaba. Y luego siguieron los incidentes: hubo gritos y forcejeos y un grupo de opositores intentó ingresar a la Legislatura. Los que estaban adentro se retiraron cantando: “Vamos a volver, vamos a volver”.