SOCIEDAD
Quieren desalojar un barrio en Córdoba para levantar un bingo
Los terrenos que ocupa Villa La Maternidad son muy cotizados. Intentan erradicar a 25 familias por un fabuloso negocio inmobiliario que incluye un complejo de torres y un bingo.
Por Camilo Ratti
Desde Córdoba
En representación de 25 familias de Villa La Maternidad, en esta capital, dos cordobeses caminarán hasta Plaza de Mayo para defender ante el presidente Néstor Kirchner sus derechos a la tierra y la vivienda, que el gobierno provincial se niega a reconocerles. En una clara acción intimidatoria, un fiscal imputó por “usurpadores” a 50 personas, muchas de las cuales tramitan desde hace tiempo en el fuero civil sus títulos posesorios, ya que la mayoría vive en esos terrenos desde hace décadas. El altísimo valor inmobiliario del lugar, que sería explotado por el empresario menemista Euclides Bugliotti, más el proyecto delasotista de instalar un complejo de bingos y máquinas tragamonedas en esa zona, llevó a un conflicto entre vecinos que se niegan a ser trasladados por la fuerza a “Ciudad de mis Sueños”, uno de los cinco megabarrios periféricos que el gobierno provincial construye para sectores marginados con un millonario crédito del BID.
Villa La Maternidad se encuentra a cuatro cuadras de la terminal de ómnibus, a diez del centro de la ciudad y a metros del Hospital de Niños y del Hospital Rawson, dos de los mejores nosocomios provinciales. Según la Dirección de Catastro y diferentes inmobiliarias consultadas por Página/12, son terrenos muy valiosos, ubicados justo al frente de los viejos Molinos Minetti, que el empresario inmobiliario Bugliotti compró para hacer torres de departamentos. Además, colinda con la estación de trenes Mitre, donde el gobierno provincial planea edificar un centro de convenciones con salas de bingo y máquinas tragamonedas, tal como lo está haciendo en distintos puntos turísticos de las sierras cordobesas. Un proyecto que ya trajo disputas políticas con Luis Juez, quien se niega a que se instalen este tipo de emprendimientos en la ciudad que comanda.
“Nosotros somos dueños de estas tierras y de las pocas casas que el gobierno nos dejó luego de que las topadoras hicieran un desastre en la villa, cortándonos la luz, el agua y otros servicios. Como somos pobres, parece que no tenemos razones para reclamar por lo que es nuestro y que tanto nos ha costado construir a lo largo de cincuenta años”, dijeron Hugo y Pamela, antes de partir “a pie, dedo y pulmón” hacia la Capital Federal, con la idea de llegar a la Casa Rosada para defender ante el presidente Kirchner los derechos a la vivienda, a la tierra y el trabajo de unas veinticinco familias.
“El gobierno de De la Sota planea hacer un complejo de juegos y bingos en la zona, y Bugliotti otro de departamentos. Y como esta administración defiende a los ricos y persigue a los pobres, pelear por lo que es nuestro es para ellos una provocación, por eso la imputación penal”, se indigna Miguel, de casi setenta años y sesenta en el barrio, que se gana la vida haciendo alfajores de maizena y dulce de leche, como muchos de sus vecinos.
Aunque oficialmente la erradicación de la villa se enmarca en el proyecto de modernización del Estado, que financia el BID para barrios o zonas urbanas inundables, Villa La Maternidad no sufre esos problemas, por más que se sitúe en las márgenes del río Suquía. Como argumento para el traslado forzado hacia “Ciudad de mis Sueños”, uno de los cinco megabarrios que De la Sota construye para sectores marginales en el límite del ejido urbano, el propio gobernador sostuvo que estos terrenos en disputa son “fiscales”, y que por eso podía decidir qué hacer con ellos. Ante la negativa de los vecinos de abandonar el lugar, públicamente los acusó de “violar la ley”. Días después, el fiscal provincial Roberto Mateu, quien tiene un pedido de jury en su contra, los imputó penalmente por “usurpación”.”El que viola la ley es el fiscal, quien en su denuncia reconoce que son los imputados quienes se encuentran ocupando dicho predio y no el gobierno de la provincia de Córdoba. Ocupación que denota un claro acto posesorio por medio del cual se exterioriza el ánimo de poseer título de dueño. En este sentido, el Código Civil, en su art. 2384, dice que son actos posesorios de cosas inmuebles la construcción o reparación que en ella se haga, y en general, su ocupación”, respondieron en un escrito presentado al juez dos de los abogados de los vecinos, Tomás Celli y Sergio Castro, quienes tramitan en distintos juzgados civiles las acciones de usurpación de varios de los que resisten.
“Tampoco hubo licitación, concurso ni pliego de condiciones para comenzar a derribar las casas de la villa. Mucho menos se informó de la utilidad pública del lugar, ni qué se iba a hacer allí. El coronel Devoto, que es el director de Hábitat de la provincia, no sabía específicamente de qué se trataba el proyecto. O no nos lo quiso decir cuando se lo preguntamos”, señaló María Elba Martínez, otra de las abogadas de los vecinos. “En todos estos años, el Estado provincial no interrumpió la posesión ni realizó acto de propiedad sobre estos terrenos. En lugar de optar por la expropiación, con la justa indemnización a gente que pagó impuestos por años, encaró un trabajo sucio de aprietes, amenazas y hasta sobornos individuales para convencerlos de que se vayan”, agregó Martínez.
“El gobierno adoptó una medida coercitiva, profundizando la dura condición de marginalidad y exclusión social de los vecinos, con una relocalización en la periferia urbana, lejos de su tradicional fuente de relaciones o recursos (servicio doméstico, changas de albañilería, jardinero, cartoneros) muy lejos de los centros de salud públicas, como de sus afectos y de su red de supervivencia”, denunciaron en un informe solicitado por la Legislatura provincial, distintos especialistas en urbanización.
Por si faltaba algo más al conflicto, el barrio Ciudad de mis Sueños, donde el gobierno pretende trasladar a los vecinos de la villa que resisten, se encuentra ubicado al frente de una zona seriamente cuestionada por gravísimos niveles de contaminación ambiental, que hoy está siendo investigada. “Está claro que para este gobierno la estética –de la cual hace gala con sus publicidades millonarias– es más importante que los derechos a la vida, a la salud, el trabajo y la vivienda de los pobres”, sentenció Miguel, con la mirada perdida entre los escombros que dejaron las topadoras.