“Sería un riesgo para las niñas viajar a la Argentina en este momento.” En esos términos, un tribunal de menores de Dinamarca le negó a un ciudadano argentino residente en ese país la posibilidad de pasar sus vacaciones en la provincia de Córdoba con sus dos hijas, de nacionalidad danesa. Para adoptar esa resolución, el tribunal hizo “hincapié en las actuales condiciones inestables en la Argentina”. Pero también tuvo en cuenta que el padre de las chicas fue un ex preso político de la dictadura, perseguido luego por denunciar a quienes lo torturaron.
El pedido lo había hecho Luis Alberto Urquiza, de 49 años, quien en 1978 emigró a Dinamarca como refugiado político. Allí se casó con una mujer de nacionalidad danesa y tuvo dos hijas, que hoy tienen 11 y 12 años. Ahora está separado y este verano pensaba traer a las chicas hasta la provincia de Córdoba, donde vive parte de su familia: entre ellos, dos hijos de su primer matrimonio y cuatro nietos.
María Cristina y Cecilia, las dos nenas, conocen la Argentina. Vivieron aquí entre 1993 y 1997, y a fines del año pasado, entrevistadas por psicólogos del tribunal “reafirmaron que quieren ver a sus medios hermanos en Córdoba”, relató Urquiza a Página/12. El padre obtuvo el permiso para viajar a partir del 23 de febrero, compró los pasajes para salir el 24 de ese mes, pero cinco días antes de la partida un tribunal superior revocó la autorización. Las causas: la inestabilidad social y política del país y la persecución que sufrió Urquiza antes de emigrar.
“¿Cómo reaccionaría Dinamarca si, viviendo en la Argentina, un juzgado de menores le prohíbe a mi ex esposa viajar con la chicas aduciendo que Dinamarca tiene un gobierno de derecha y hay racismo y discriminación?”, se preguntó Urquiza. Con ese argumento, el ciudadano argentino reclama la intervención de la Cancillería en la resolución del conflicto.
La historia arranca mucho antes del nacimiento de las niñas. En noviembre 1976, poco después del golpe militar, Urquiza tenía 23 años. Estudiaba psicología, trabajaba como agente de tránsito en la policía cordobesa, ya tenía un hijo y esperaba al segundo. En ese momento fue tomado prisionero y torturado en dependencias del Departamento de Informaciones de la policía cordobesa (ver aparte), bajo la acusación de ser un infiltrado en la institución.
Urquiza recuperó la libertad en 1978 y un año después se exilió, primero en Brasil y luego en Dinamarca. Allí se casó con Marjun, una danesa con la que tuvo dos nenas, María Cristina y Cecilia. En 1993, el argentino exiliado, que ya era ciudadano danés, pensó que ya había llegado el momento de volver a su patria, con la democracia consolidada, para que su nueva familia conociera a los que habían quedado en la Argentina.
Los Urquiza se radicaron en Villa Allende, una apacible localidad ubicada a 18 kilómetros de la capital cordobesa. Cuatro años después, regresaron los fantasmas del pasado: un diputado denunció que varios represores cumplían funciones en la jerarquía de la policía cordobesa. Urquiza, que ya había presentado su caso ante la Conadep, reconoció públicamente a los que habían integrado el grupo de tareas que lo torturó en el Departamento de Informaciones, donde estuvo cautivo.
A partir de entonces comenzaron las amenazas e intimidaciones. “Me llamaban por teléfono, pasaban autos sospechosos frente a mi casa”, recuerda Urquiza. Con Ramón Mestre como gobernador de la provincia, los policías denunciados siguieron en actividad, hasta que Urquiza, junto a su familia, decidió abandonar el país, exiliado por segunda vez, con la ayuda del embajador de Dinamarca, Letf Donde.
Luego, el matrimonio se disolvió, pero Urquiza obtuvo un amplio régimen para visitar a sus hijas. “Las veo de jueves a lunes, semana por medio, y los lunes de la semana siguiente”, dijo a este diario. Todo estaba bien hasta que pidió autorización a su ex esposa para viajar a la Argentina, de vacaciones, con las nenas.
Urquiza trabaja como taxista, por las noches, en Copenhague. Su ex mujer es enfermera. El argentino rezonga porque cree que el fallo del tribunal de menores no es jurídico sino político. “El 31 de enero me habían dado permiso para pasar las vacaciones en la Argentina, pero el 18 de febrero, cinco días antes de viajar, un tribunal superior hizo lugar a una apelación de la madre y rechazó la autorización.”
La embajada argentina informó a los tribunales daneses que no había persecución política alguna contra Urquiza y que la inestabilidad que en ese momento vivía el país no representaba riesgos para los turistas. La Cancillería danesa, incluso, ratificó que no existían causas penales ni impedimentos para el regreso de Urquiza a su país. Pero no fue suficiente. “Las nenas estaban ilusionadas, tenían las valijas preparadas”, protesta Urquiza. Las chicas tienen documentos argentinos, hablan castellano y se comunican por correo electrónico con sus amigas de Villa Allende, adonde hicieron el jardín de infantes y un par de años de la escuela primaria.
El hombre no bajó los brazos y volvió a pedir una autorización para viajar en Semana Santa, pero volvió a chocar con la decisión del tribunal. “Ahora sólo me queda hacer un juicio, que puede llevar más de un año, o esperar que mis hijas cumplan 18 años y puedan viajar por su cuenta”, dice Urquiza, casi resignado, mientras habla desde su celular, en un paréntesis de su trabajo nocturno. Sin embargo, decidió jugar otras cartas: espera una intervención de la Cancillería y, si no tiene éxito, piensa hacer una denuncia por discriminación ante la Comunidad Europea.