Cuando volvió a la Argentina, en 1993, después de 15 años en el exilio, Luis Alberto Urquiza volvió a encontrarse con los fantasmas de la dictadura. En 1997 el diputado provincial por el Frepaso, Atilio Tazzioli, denunció que en la cúpula de la policía cordobesa se desempeñaban efectivos denunciados por violaciones a los derechos humanos. Entre ellos, el comisario mayor Carlos Yanicelli, jefe de Inteligencia Criminal, quien había sido miembro del grupo de tareas D-2, de la Dirección de Informaciones. “La misma en la que se desempeñaba el comisario Raúl Pedro Telleldín, el padre del acusado por el atentado a la AMIA”, dijo Tazzioli a Página/12. Al conocer la denuncia, Urquiza amplió su testimonio ante el sumario que inició el entonces gobernador de la provincia, Ramón Mestre. “En lugar de separar del cargo a Yanicelli, Mestre lo dejó hasta que finalizó el sumario”, lamentó Tazzioli. “Entonces comenzaron las amenazas y Urquiza tuvo que irse del país, con su familia”, agregó. Recién después, los policías acusados fueron pasados a retiro. Tazzioli, quien hoy es diputado nacional, se ha convertido en un aliado de la causa de Urquiza, con quien trabó amistad. Asegura que hoy “no existen riesgos” para que el ex agente exiliado regrese a Córdoba “pues los policías acusados ya no gozan del poder que tenían entonces”. Ahora, el diputado reclamó a la Cancillería que inicie una gestión para que Urquiza pueda volver al país en compañía de sus hijas.