Vie 17.09.2004

SOCIEDAD

Una indemnización de 50 mil pesos por una caída en una alcantarilla

La Cámara Civil condenó al gobierno porteño a pagar esa suma a un hombre que se rompió una pierna al trastabillar por una alcantarilla en mal estado en Lavalle al 800, siete años atrás.

El Gobierno de la Ciudad deberá pagar más de 50.000 pesos a un hombre que se fracturó un pie tras caerse en una alcantarilla que estaba rota en pleno centro porteño. Así lo determinó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, que beneficia al abogado Rubén Domingo Lavezzini, de 76 años. Las malas condiciones en las que se encontraba la tapa del desagüe pluvial son un dato innegable: el propio médico del SAME que acudió al lugar del accidente para atender al hombre también cayó en el hueco y sufrió lesiones, “cual si fuera una comedia grotesca”, ironizaron los mismos camaristas autores del fallo. Los integrantes de la Cámara civil destacaron, además, que una inspección ocular demostró que un año después del episodio “la rejilla seguía igual”.
El hecho ocurrió el 7 de septiembre de 1997 en Lavalle al 800, cuando Lavezzini –que en aquel momento tenía 70 años– caminaba rumbo a un cine ubicado en esa calle. El hombre, que se desempeñaba como docente en dos secundarias, pisó la alcantarilla, a la que le faltaban algunas varillas de la rejilla que la cubría. Lavezzini cayó en ese hueco, por lo que debió ser asistido por personal del SAME. Cuando llegó la ambulancia, el médico Sergio Esterson se bajó rápidamente del móvil y al emprender “su tarea asistencial, cayó en el mismo hueco y sufrió lesiones menores en una de sus extremidades”, detalla el fallo en relación al hecho.
Los camaristas Hugo Molteni, Jorge Escuti Pizarro y Ana María Luaces sostuvieron que “la comuna, como propietaria de las calles, tiene que asegurar que éstas mantengan un mínimo y razonable estado de conservación, alertando o evitando los peligros de instalaciones emplazadas en la vía pública”. El monto total de la condena trepó a 51.685 pesos, para compensar los gastos médicos, farmacéuticos, el lucro cesante y los daños físicos y morales del docente. Según manifestó a Página/12 la procuradora de la Ciudad, Alejandra Tadei, al inicio de la demanda el hombre reclamaba un total de 111.785 pesos.
Lavezzini fue primero asistido en el hospital Ramos Mejía, pero luego continuó atendiéndose en un sanatorio de la obra social de los docentes. Allí se le diagnosticó la fractura del escafoides tarsiano del pie derecho, por lo que debió someterse a una intervención quirúrgica y estar enyesado por 90 días, lo que, según los peritos que lo revisaron, le originó una bipedestación incorrecta. “Rubén caminaba muy bien, pero después del accidente quedó mal del tobillo y, además, perdió un año de trabajo” en las casas de estudios de Capital donde daba clases, se lamentó ante este diario una hermana del accidentado.
Pero los problemas de Lavezzini no sólo se reducen a la cuestión física: el fallo indica –tras el resultado de las pericias– que el hombre “padece un cuadro psicológico de depresión fóbica de tipo leve a moderado, lo que determina una incapacidad parcial y permanente del 10 por ciento por su afección anímica”. “Hace siete años que estamos con este problema y recién el año que viene nos van a pagar un precio irrisorio, porque mi hermano gastó mucho dinero en la operación y para su recuperación”, se quejó la mujer.
Lavezzini debió cumplir con un tratamiento fisiokinésico después del accidente. Pero, según señalan los camaristas en su resolución, “su tobillo y su pie derecho muestran una alteración de su movimiento, siente dolor en la marcha, lo que determina una traslación con dificultades e inconvenientes para mantenerse de pie por mucho tiempo”. De acuerdo con las pericias del juzgado de primera instancia, todas estas lesiones equivalen “a un 28 por ciento de incapacidad parcial y permanente”. Los camaristas enfatizaron: “En un hombre soltero y de avanzada edad, esa limitación le provocó la depresión reactiva, que se describe en la pericia psicológica, porque mermó su calidad de vida, sus posibilidades laborales y de esparcimiento”. Sin embargo, luego de la licencia por enfermedad, el hombre habría reanudado sus actividades.
En uno de los párrafos del fallo, al que accedió este diario, los camaristas sostienen que “en el informe pericial elaborado el 7 de mayo de1998 –casi un año después de producido el accidente–, las rejillas continuaban exhibiendo la misma irregularidad, faltándole algunos de los hierros que tapaban el hueco de la alcantarilla”. La rotura de la tapa que recubre el desagüe pluvial se debió a la constante circulación de camiones transportadores de caudales, para los cuales “no estaría preparada la resistencia de ese elemento que cubre las alcantarillas”, señalan los camaristas.
El 28 de julio último se conoció otro fallo por el que el Gobierno de la Ciudad deberá pagar una indemnización de 45.000 pesos a un hombre que había caído hace más de 10 años en un pozo ubicado en una vereda de Paraná al 200. El Gobierno de la Ciudad no estaba de acuerdo con el fallo, pero no apeló. “Es que –según explicó Tadei– en estos casos no se interpone un recurso extraordinario para llegar a la Suprema Corte porque no hay una cuestión federal de por medio.”

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