Los padres de Eduardo Mariano Haro, de 22 años, condenado a 12 años de prisión y ahora internado en el Hospital Borda de la Capital Federal, hicieron ante Página/12 un relato de horror que parece inspirado en el medioevo pero que, según la denuncia que investigan varios organismos nacionales, viene ocurriendo desde el 2001 en el Chubut. El joven Haro, cuya familia cuenta con el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, fue condenado como autor de un homicidio durante una pelea en un bar de Comodoro Rivadavia y desde entonces vive una odisea durante la cual “sufrió torturas psicológicas y físicas, que incluyeron una castración a manos de policías de la comisaría 2ª de Comodoro”, afirmaron los padres. La versión oficial dice que el interno “se autolesionó”. Los padres cuestionan todo el proceso vivido por su hijo, desde la condena “sin pruebas” hasta la internación en el Borda “cuando no tiene ningún problema mental”. Los denunciantes acusaron por lo sucedido al juez de Comodoro Oscar Ricardo Publio Herrera, quien será sometido a un jury de enjuiciamiento por supuestas irregularidades en nueve causas.
“A mi hijo primero lo acusaron por lesiones contra Esteban Rodríguez, quien en el juicio no lo reconoció como autor de la agresión, y por el homicidio de Jorge Lepio, durante una pelea en el bar El Rafa, del barrio Ceferino de Comodoro, aunque no hay testigos que lo hayan señalado como autor del disparo”, dicen Juan Carlos Haro y Eva Carco, padres del joven. La madre cree que los problemas comenzaron en 2000, antes de que su hijo tuviera ninguna acusación en contra, cuando ella denunció al juez Herrera “porque me propuso que dijera en una causa judicial que había visto a dos hombres cuando secuestraban a Mónica Acuña”, una mujer que permanece desaparecida desde 1998 y cuyo caso provocó fuertes críticas por la actuación que le cupo al juez Herrera.
El joven Haro fue detenido en 2001 y condenado en 2002. Primero estuvo preso en la Alcaidía de Comodoro, después en la seccional 6ª de la Policía del Chubut y luego en la comisaría 2ª. “En la seccional segunda lo trataron mal de entrada: sufrió amenazas, no lo dejaban bañar ni dormir en paz.” En razón de lo que estaba viviendo su hijo, los padres pidieron el traslado “a la Alcaidía o a otra seccional, porque él creía que allí lo iban a matar”. La denuncia se hizo ante Matías Lauro, secretario del juez Herrera, pero el funcionario no le dio importancia: “Nos dijo que hay torturas y torturas y que las presiones psicológicas no eran tan graves”. Juan Carlos Haro, a partir de los sucesos posteriores, coincide hoy en que hay “torturas y torturas”. El 17 de noviembre de 2003, cuando el joven Haro cumplió 21 años, “los policías lo castraron, le arrancaron los testículos, y nos dijeron que se había autolesionado”. El padre recuerda el primer encuentro con su hijo, en el Hospital Interzonal de Comodoro, luego de la operación a la que fue sometido después de la castración: “La noticia me la dio el cirujano José Aringoli. Me dijo que mi hijo no iba a poder procrear porque tenía ‘las dos bolsas vacías’”.
El encuentro con su hijo fue terrible. “Me dijo llorando ‘papá, me arruinaron la vida para siempre’.” En el hospital, la policía mantuvo al joven mutilado “esposado a la cama y con la otra mano atada, porque alegaban que sufría problemas psicológicos que lo habían vuelto muy agresivo y peligroso”. Los padres recordaron que mientras estuvo en la Alcaidía de Comodoro “siempre estuvo en el pabellón de buena conducta”. Del hospital lo llevaron a la seccional 1ª, “donde lo hacían dormir en un colchón sucio, tirado en el piso, según consta en una presentación que fue hecha por el defensor oficial Esteban Mantecón”.
Desde ese momento, al joven Haro “lo empezaron a medicar con la excusa de que estaba loco, cuando no hay ningún estudio que lo demuestre, y ahora terminó internado en el Borda”, donde fue visitado por el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, quien produjo un informe que propicia la revisión del caso. Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, encabezadas por Nora Cortiñas, se reunieron ayer con autoridades del Programa Anti-Impunidad del gobierno nacional “para que se investigue a fondo el caso y la actuación del juez Herrera”, quien enfrenta un jury de enjuiciamiento por irregularidades en 9 causas, entre ellas el caso Haro y las desapariciones de Mónica Acuña, Silvia Picón e Iván Torres. La Asociación Civil por los Derechos de los Ciudadanos del Chubut acusa a Herrera de “favorecer a los policías”. El jury fue avalado por la Fiscalía de Estado del gobierno provincial.