Tras los últimos informes conocidos sobre la situación de las cárceles en el país, el ministro de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, le dio ayer las últimas puntadas al plan de reestructuración del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que en los próximos siete meses sumará 900 agentes y tres nuevas cárceles, además de mejoras en los penales existentes. Los efectivos que incorpore el área deberán cumplir previamente con un plan de capacitación. La reforma también prevé la creación de la División de Asuntos Internos del servicio y tampoco se descarta un aumento de la partida presupuestaria para el sector.
Por lo pronto, en 30 días se disminuirá en un 20 por ciento la población actual de la Unidad 2 de la cárcel de Devoto. Los reclusos serán trasladados a otros centros penitenciarios con el objetivo de que la población de ese penal pase de los 2400 internos actuales a 2000. El plan de reforma fue aprobado ayer por Rosatti durante una extensa reunión con su gabinete en su casa de Santa Fe, donde se repone de una operación ocular. Entre los puntos centrales firmados por el titular de la cartera figura la ampliación de penales, alcaidías e institutos correccionales, para descomprimir la situación de los más de 9500 presos que actualmente están alojados en un total de 36 dependencias.
Las obras para levantar las tres nuevas cárceles federales previstas en la reforma comenzarán en el primer trimestre del año próximo. Una de ellas estará ubicada en el partido bonaerense de Mercedes, con capacidad para 1584 reclusos, mientras que otra de ellas estará situada en la localidad salteña de Güemes y podrá albergar a 592 internos. La tercera –y más chica– estará en la ciudad santafesina de Coronda y tendrá capacidad para 350 presos. Pero el número de penales podría ampliarse, ya que el plan contempla la firma de convenios por parte del Estado nacional con las provincias de Jujuy, Corrientes, Misiones, Formosa y Salta para que el Ejecutivo les aporte fondos para la construcción de nuevas cárceles en esos distritos.
En cuanto a las obras que se llevarán a cabo en las unidades, el plan prevé que el penal de Ezeiza amplíe su capacidad para albergar a 240 internos más; mientras que el de Marcos Paz podrá sumar a 480 internos, y el penal chaqueño de Roque Sáenz Peña, 64. La incorporación de nuevos agentes se hará en dos etapas: los primeros 300 ingresarán antes del 31 de diciembre, mientras que los otros 600 se sumarán en el primer semestre de 2005. Los agentes estarán controlados por una División de Asuntos Internos que se creará para investigar eventuales actos de corrupción. La reestructuración pretende, además, la resocialización de los presos, que estarán nucleados en el programa Trabajo en Cárceles y Reinserción Social, lo que dará por terminado con los cinco planes que existían hasta ahora.
Las reformas se conocen tras el demoledor informe que días atrás dio a conocer la Comisión de la Memoria sobre los penitenciarios bonaerenses; las dos alertas emitidas este año por el Observatorio Internacional de Prisiones en torno de la “grave situación” de la cárceles y la denuncia de Madres de Plaza de Mayo sobre las torturas que sufrió un preso en una comisaría de Chubut.