Un abogado cordobés insistió ayer en acusar por robo de bebés a “una banda de medicina”, que contaría con “encubrimiento judicial” y que obtendría también “encubrimiento” del prestigioso Ceprocor, instituto provincial de análisis genéticos. Según la denuncia –que ayer volvió a tener amplia repercusión en distintos medios–, la “banda”, en diversos hospitales, le robaría los recién nacidos a “gente que no tiene recursos” diciéndole que habían muerto en el parto. El abogado mencionó 35 casos, aunque el único que patrocina hasta ahora es el de un matrimonio que había iniciado juicio por supuesta mala praxis en la extirpación de quistes ováricos, a un médico a quien le habían pagado 1400 pesos en una clínica privada.
“Por favor, mi mamá está muy mal, con los nervios deshechos y ya no puede hablar”, dijo a este diario una hija de Olga Hidalgo, quien, con su esposo Mario Ahumada venían de exponer ante distintos medios su dolorosa convicción de que, en 1999, los médicos del hospital Domingo Funes, de Santa María de Punilla, les habían robado su bebé recién nacido. Un par de años antes, la señora se había extirpado unos quistes de ovario en una clínica, con intervención de un médico que a su vez trabaja en ese hospital; abonaron 1400 pesos. Disconformes, iniciaron un juicio por mala praxis; dos años después, el abogado Víctor Ricci se hizo cargo del patrocinio. Entretanto, Olga quedó embarazada y fue a tener el bebé en el Funes, donde, según le explicaron los profesionales, nació muerto. Por requerimiento de los padres, les fue mostrado el cadáver.
Ya entonces se efectuó la denuncia que condujo a un análisis de los restos, a cargo del Ceprocor, prestigioso instituto oficial que tiene a su cargo establecer la identidad de víctimas de la dictadura. Según su dictamen, el perfil genético se correspondía con los de los Ahumada. “Hay un encubrimiento institucional por parte del Ceprocor”, asegura Ricci.
Según él, “gente pobre que no tiene asesoría médica o legal llega con el embarazo a término al hospital, les muestran cuerpos formolizados en estado de putrefacción y les quieren hacer creer que estaban muertos desde antes”. El abogado precisó que “hay ya 37 casos y están apareciendo otros en distintos hospitales, incluso en Cruz del Eje y en Córdoba capital”. Ricci atribuyó lo que denominó “desaparición sistemática y venta de bebés” a “una banda de medicina que funciona con encubrimiento judicial”.
Roberto Corradi, director del hospital Funes, contestó: “Yo he dedicado mi vida a este hospital, en el que llevo 35 años; fui jefe y fundador de la unidad de neonatología, y jamás alguien hizo una denuncia así”.
El matrimonio Ahumada, aunque no indigente, es de condición modesta; Mario trabaja como albañil. Según Ricci, “contrataron mis servicios gracias a la solidaridad de amigos”. Interviene en la causa el fiscal Eduardo Gómez, quien ordenó ayer un allanamiento en la morgue del hospital Domingo Funes.