Por Octavio Martí *
Desde París

Francia ha seguido los pasos de Estados Unidos y se ha lanzado a la lucha contra la obesidad infantil y juvenil. El Parlamento francés aprobó ayer una batería de medidas para frenar el sobrepeso en esta población, entre ellas destaca una norma que prohíbe máquinas distribuidoras de bebidas y golosinas en institutos y colegios. Uno de cada diez franceses de diez años de edad es obeso. La nueva ley duplica también las tasas que gravan los refrescos que se venden con mezcla de alcohol y cola o alcohol y zumo de frutas, y establece la prohibición de vender tabaco a precios promocionales.
En la actualidad, las máquinas expendedoras de bebidas y golosinas dependen para su instalación de la autorización del director de cada centro. En toda Francia hay unas 8000 en funcionamiento (en el 20 por ciento de los colegios y en la mitad de los institutos). “Somos el chivo expiatorio de la situación, los senadores y diputados nos sacrifican para comprarse barata una buena conciencia”, dijo el presidente de la asociación de ventas y servicios automatizados.
Lo cierto es que la ley no considera la posibilidad de que esas máquinas distribuidoras pudiesen utilizarse para expender bebidas sin azúcar ni alcohol o comestibles con poca grasa, menos azúcar y aun menos sal. “La verdad es que el aspecto físico de los alumnos traduce hoy de manera dramática el determinismo social”, constataba el director de un instituto al admitir que “los mejores alumnos son los mejor alimentados, los que llevan una higiene de vida razonable y los que en su casa tienen un mayor nivel cultural y económico”.
Sólo los diputados de la actual mayoría conservadora votaron a favor de la ley, que cosechó el voto contrario de socialistas, comunistas y centristas, disgustados por una enmienda de última hora que tiene en cuenta las demandas de los industriales de la alimentación. La enmienda obliga a quienes fabrican golosinas y bebidas azucaradas a hacer constar en sus envoltorios y en todos sus mensajes publicitarios que el producto puede ser pernicioso para la salud del consumidor. El mensaje tendrá que ser aprobado, en cada caso, por las autoridades sanitarias. Si el industrial no quiere poner ese mensaje de advertencia de carácter casi disuasorio, entonces tendrá que abonar al Estado una tasa equivalente al 1,5 por ciento de sus gastos publicitarios. En el proyecto de ley que gozaba del visto bueno de todos los partidos ese porcentaje era de un 5 por ciento. “El dinero obtenido por esa tasa, que debiera estar entre los 12 y 15 millones de euros –dijo el ministro de Sanidad– se destinará al Instituto Nacional de Prevención y de Educación para la Salud.” Desde que el precio de los cigarrillos ha aumentado en Francia en el orden de un 80 por ciento en el plazo de dos años, las ventas han bajado más de un 20 por ciento pero el consumo parece haber retrocedido sólo entre un 5 y un 7 por ciento, optando pues los franceses por aprovisionarse de tabaco en los países vecinos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.