Centenares de argentinos se acercaron ayer a los consulados nacionales con sede en cuatro ciudades españolas para obtener la documentación necesaria que los hará abandonar su condición de ilegales en tierras ibéricas. El movimiento de compatriotas se enmarcó en el comienzo del proceso de regularización de inmigrantes que dispuso el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el cual se tratará sacar de la clandestinidad a alrededor de un millón de trabajadores –la mayoría latinoamericanos– que no poseen documentación legalizada por la autoridad de ese país. Se estima que unos 120 mil argentinos podrán regularizar su situación. Y pese a que muchos reconocen que esta iniciativa es un beneficio para los extranjeros, hay quienes analizan la iniciativa desde otra óptica: “Esto es una amnistía porque, de ahora en más, los gobiernos van a ser más duros. El nuevo sistema es para aquellos que estén en España desde agosto del año pasado y no hay que olvidar que la Unión Europea tiene una política de cierre de fronteras para los extranjeros ilegales”, observó Lorena Lores, presidenta de la Asociación Argentinos en el Exterior, en su sede de Galicia.
“Esta es la última oportunidad para los empresarios españoles que contratan a ‘sin papeles’”, advirtió la secretaria de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, impulsora de la disposición que, en rigor, es fruto del insistente pedido de varias organizaciones sociales para modificar el sistema que establece nuevos pormenores legales para residir y trabajar legalmente en España. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dispuso la apertura de unas 160 oficinas en todo el territorio a fin de descomprimir la avalancha de solicitudes que se espera para ese trámite.
El diputado socialista Ariel Basteiro viajó a España como representante legislativo para monitorear el nuevo sistema en organismos argentinos. En diálogo con Página/12 comentó que “en Vigo, Galicia, la gente se acercó esperanzada en que se termine de solucionar una situación que la venía condicionando: eran explotados laboralmente, no tenían protección social, no podían hacer un contrato de alquiler ni comprar un departamento o abrir una cuenta bancaria. Y esto, de acuerdo con las condiciones de vida de España, son cosas muy necesarias”. En esa provincia, los trámites se hicieron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y allí se acercaron unas 200 personas. Las oficinas debieron contratar algunos empleados más para atender esa cantidad de gente. “No hubo grandes colas porque el tema tiene más significación para nosotros que para los españoles. Noté que muchos medios argentinos siguieron el tema, pero los de aquí no le dieron mucho espacio”, añadió el diputado.
En Barcelona, muchos argentinos debieron dormir en la calle para conseguir un turno en el Consulado. En Madrid, el horario de atención debió ampliarse. El cónsul general, Roberto Morí, se encargó personalmente de recibir en la puerta a los compatriotas. “Estamos atendiendo entre 300 y 400 personas. El límite de atención lo pone el horario bancario.”
“En Galicia, los trámites se hicieron sin inconvenientes, muchos estaban preparados por la amplia campaña informativa que lanzamos –afirmó a este diario Lorena Lores–. Hubo otros lugares donde no estuvieron bien informados y el mayor problema fue conseguir los papeles del precontrato de trabajo”, uno de los requisitos necesarios para acceder al beneficio. También hubo quienes “por ignorancia estaban contentos, pero lo que no saben es que este sistema entra en vigencia dentro de seis meses”, agregó.
Basteiro reconoció que “hubo muchas críticas respecto del trámite que, si bien es sencillo, tiene un problema básico: hay sólo cuatro consulados argentinos en España y eso hizo que muchas personas de otras ciudades tuvieran que viajar muchos kilómetros” para iniciar los trámites. La necesidad de viajar hasta esas dependencias reside en que en cada una de ellas se toman las huellas digitales del interesado y se las envían a Buenos Aires para hacer una comparación, a fin de verificar si esa persona tiene antecedentes penales. En la primera etapa, podrán entrar en el sistema regulatorio aquellos que trabajan en relación de dependencia o contrato con un mínimo de seis meses y también el personal doméstico. No regirá para los autónomos. Los trámites se extenderán por tres meses y a ellos podrán acceder sólo quienes hayan llegado a ese país después del 7 de agosto de 2004. Sin embargo, la diligencia culminará con una gestión de los empresarios que tengan bajo su contratación a extranjeros ilegales y no los mismos inmigrantes que, luego de legalizar su situación, deberán hacer sus aportes y contribuciones al Estado español, tal como lo hace cualquier ciudadano al que se le reconocen sus derechos.
Para la vocera del Partido Popular, el primer partido opositor español, Angeles Muñoz, la regulación podría convertir a España en un destino apetecido por inmigrantes de todo el mundo del éxito de la iniciativa. Según la ONG española SOS Racismo, miles de inmigrantes quedarán fuera del proceso porque la prueba de estancia en el país admitida es el empadronamiento y muchos evitaron hacerlo por temor a ser expulsados. De un modo similar, la Red Acoge, de asistencia al inmigrante, destacó como negativo que el trámite quede en manos de los empresarios y no incluya a las familias.

Informe: Adrián Figueroa Díaz