En una apuesta claramente preelectoral, el gobierno del premier Tony Blair presentó ante el Parlamento un nuevo sistema de inmigración y asilo político que lo coloca tanto o más a la derecha que la oposición conservadora. El plan propone un sistema de puntajes para deslindar a los aspirantes que necesita el mercado laboral británico de aquellos que podrían competir con la mano de obra local. Un comité asesorará al gobierno sobre las áreas económicas en las que Gran Bretaña puede beneficiarse con el ingreso de inmigrantes y cerrará las puertas al resto.
El ministro del Interior Charles Clarke explicó al Parlamento que se necesita un nuevo sistema que rescate el positivo aporte que hacen los inmigrantes a una economía y, al mismo tiempo, limite los abusos existentes. El sistema que propone es similar al ya existente en otras economías desarrolladas como Australia o Canadá. El eje es la decisión de juzgar las solicitudes de permiso laboral e inmigración de acuerdo a un puntaje preestablecido. Cuanto más demanda haya de una determinada profesión u oficio (médicos o electricistas, por ejemplo) mayores puntos obtendrá el solicitante para ingresar al Reino Unido.
El nuevo sistema se completa con medidas adicionales para evitar que los inmigrantes temporales se conviertan en súbditos de la corona o extiendan ilegalmente su estadía. Como quien alquila una casa, los inmigrantes deberán dejar un depósito que sólo se les reintegrará cuando se vayan del país. Se les tomarán huellas dactilares, no habrá derecho automático de residencia para sus familias, no habrá apelación posible para extender la estadía y para conseguir un permiso permanente de trabajo deberán dar un examen de inglés.
El laborismo propone también endurecer el régimen actual para otorgar asilo político. El gobierno sólo lo concederá por cinco años. Al cabo de este período habrá una revisión automática del caso y, si han mejorado las condiciones políticas en el país de origen, la persona deberá volver a su patria. El ministro Clarke también señaló al Parlamento que, en caso de que el gobierno niegue el pedido de asilo, el solicitante permanecerá detenido hasta que se decida su destino.
Como era de esperar, la oposición criticó las medidas gubernamentales. Los conservadores apoyaron el sistema de puntajes pero señalaron que se ha llegado a la actual situación después de ocho años de “inoperancia” laborista. Los liberal-demócratas acusaron al laborismo de jugar una peligrosa guerra electoral con los conservadores. Las organizaciones humanitarias fueron mucho más contundentes. “Parece terriblemente injusto que a refugiados que perdieron toda su familia, padecieron tortura o limpieza étnica se los someta a un limbo de cinco años de asilo temporario”, indicó Maeve Sherlock, del Comité de Refugiados.
Las medidas que las organizaciones humanitarias califican como draconianas no encuentran justificación en las estadísticas de inmigración o asilo. Las solicitudes de asilo han caído en un 40 por ciento en el último año, la inmigración laboral en un 10 por ciento. La mayoría de los inmigrantes al Reino Unido provienen de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia. A menos que Gran Bretaña decida renegociar los acuerdos existentes (algo casi imposible en el caso de la Unión Europea donde existe movilidad laboral o de residencia), las medidas de laboristas y conservadores sólo tienen sentido político.
Según las encuestas, la inmigración es uno de los cuatro temas que más preocupa a los británicos. En momentos en que los analistas coinciden que habrá elecciones anticipadas para principios de mayo, los políticos decidieron adelantar el lanzamiento de la campaña. Hace dos semanas los conservadores anunciaron un plan para combatir el “problema” de la inmigración y el pedido de asilo. El principal partido de oposición propuso una cuota anual de inmigración y otra de refugiados, un sistema de puntaje para decidirlo y el envío a terceros países de los solicitantes de asilo. El laborismo no se podía quedar atrás.