Mientras la causa madre sobre el incendio en Cromañón sigue acumulando fojas, surgen otras querellas paralelas. Algunas apuntan al jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y otras a distintos funcionarios, por ejemplo, de la Morgue Judicial y del SAME. Una de ellas fue presentada por el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas, y otra por el abogado Javier Miglino, sobreviviente de la tragedia de Once. Ambas se refieren a situaciones posteriores al siniestro, tales como ausencia de identificación de los cuerpos y tardanza de las ambulancias.
La presentación hecha por Iglesias apunta al director de la Morgue, Heraldo Nelson Donnewald, y se basa en una serie de incumplimientos y negligencias que habrían ocasionado un “grave daño moral” a los familiares de las víctimas. Patrocinado por la abogada Beatriz Campos, el padre de Pedro Iglesias apuntó a dos hechos: la ausencia de identificación y tratamiento adecuado de los cadáveres, así como el mal trato que recibieron los familiares por parte de los empleados y el jefe de la Morgue. Iglesias protagonizó una verdadera odisea y denunció que la mitad de los padres pasaron por idéntica situación.
A las 6 de la mañana del 31 de diciembre, el abogado encontró el cuerpo de su hijo en el hospital Rivadavia. Hizo los trámites para retirar el cuerpo, pero no pudo concretarlo porque apareció el camión de la Morgue y un oficial le dijo que tenía que ir al cementerio Chacarita para registrar el cadáver. Le explicó que luego lo llevarían a la Morgue para la autopsia. A partir de las 15, Iglesias comenzó a reclamar, pero el cuerpo de Pedro no aparecía en los listados. En medio de la confusión, el tumulto, la desesperación de los demás padres y la falta de información por parte de ese organismo que depende del Poder Judicial, se encontró con el oficial que lo había trasladado, quien le aseguró que su hijo estaba allí. Pasaban las horas y como la confirmación no llegaba, Iglesias se comunicó por teléfono con el director de la Morgue, quien le dijo que tenía que esperar porque era “uno más” y que él estaba “sacrificando sus vacaciones” para trabajar. Durante la conversación, Heraldo Donnewald le aseguró que su hijo no estaba allí, que se fuera a Chacarita
Así, partió hacia el cementerio. En el sector de los nichos le dijeron “acá no está”, pero le indicaron que “por las dudas” se fijara en una base de datos con fotos de cadáveres. Allí lo reconoció, pero figuraba como NN. A las 21 del 31 de diciembre fueron al depósito con el número de foto, pero le informaron que “ya” se lo habían llevado de nuevo a la Morgue. “A esa altura era demasiado maltrato”, comentó la abogada Campos a Página/12. En eso apareció otra vez el oficial que los había ayudado. Traía los cuerpos que habían estado desde el mediodía en la Morgue, en un camión apenas tapado que dejaba ver unos veinte rostros. El cuerpo de Pedro Iglesias apareció recién a la 1 de la madrugada del 1 de enero, tirado en el piso, ya con la autopsia realizada, pero figuraba como NN.
“Hubo gente que esperó 48 horas porque perdieron las identificaciones”, afirmó Campos. Según la letrada, desde 1996 hay una ley denominada Plan Maestro de Emergencia, que establece que ante una catástrofe los muertos deben ser identificados con una pulsera. “Uno no pretendía que terminaran en cinco horas, pero no pueden obviar ponerles una tirita de plástico”, precisó. “Fue una situación dantesca, que implicó que en muchos casos el velatorio fuera de pocas horas. Otros tuvieron que velar a sus seres queridos a cajón cerrado. A nadie se le ocurrió pedir camiones frigoríficos, hubo caos y nos contestaban mal, nos empujaban afuera, la gente se descomponía. Más que colapso acá hubo negligencia”, sentenció Campos. El martes pasado Iglesias ratificó la denuncia ante el juez federal Sergio Torres y ofreció pruebas y testigos. El abogado Javier Miglino –que no es sobrino del ahora ascendido comisario Francisco Santos Miglino como publicó este diario en forma errónea– representa a once querellantes. Uno de ellos es Leandro Salguero, un sobreviviente de 16 años que fue al recital de Callejeros con cuatro amigos. “Sólo recuerdo que vi fuego y pude salir, pero todo fue rodeado de un increíble pánico donde se veía morir gente todo el tiempo”, describió este joven que se repone de lesiones pulmonares y psicológicas.
Sobre la base de testimonios de la causa principal que instruye la jueza María Angélica Crotto, Miglino estableció que las ambulancias del SAME tardaron “entre 40 minutos y una hora” en llegar al lugar del incendio. Por lo tanto, pidió en la denuncia que sean llamados a prestar declaración testimonial las autoridades del SAME y el secretario de Salud de la Ciudad, Alfredo Stern, para que den precisiones sobre el funcionamiento de esa dependencia. En una denuncia anónima que llegó a sus manos, empleados del SAME enumeraron una serie de irregularidades, entre ellas que las llamadas de emergencias son recibidas por telefonistas que toman nota “a mano” y que no hay computadoras.
Miglino y su cliente Salguero se preguntan qué pasó, dado que una ambulancia tiene tres minutos como máximo para salir, y si transcurre un minuto más el chofer debe poner por escrito las razones de la demora.
Una tercera denuncia recayó en el juzgado correccional 14, a cargo de Fernando Pigni, en la que el abogado Fernando Soto, en representación de varias familias de víctimas, acusa al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y a los ex funcionarios Juan Carlos López y Fabiana Fizbin por “violación a los deberes de funcionario público”, en lo referido a la habilitación del boliche República Cromañón.