El abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas de la tragedia de Cromañón y representante del grupo mayoritario de querellantes, pidió ayer ante la Justicia que el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, sea citado a declaración indagatoria por “homicidio con dolo eventual”, en la “modalidad de comisión por omisión”, en la causa por el incendio de Once. En su presentación, hizo extensivo el pedido al ex secretario de Seguridad Juan Carlos López y a la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin. Estas autoridades habían sido acusadas en el expediente hace un mes por los abogados Marcelo Parrilli, María del Carmen Verdú y Rubén López Santos. “Sabemos que la Justicia tiene sus tiempos, pero nos consta que tanto el juzgado como la fiscalía avanzan en esta línea”, aseguró a Página/12 el patrocinante de Iglesias, Fernando Soto.
Iglesias reclamó además la indagatoria de “los inspectores y demás funcionarios que intervinieron o que debieron intervenir en la habilitación y en las sucesivas inspecciones que tendrían que haberse practicado en el local siniestrado”.
El pedido fue formulado ante el juez de instrucción Julio Lucini, quien reemplaza a la magistrada del caso, María Angélica Crotto, de licencia hasta fin de mes por problemas de salud. Iglesias no se limitó a señalar la responsabilidad de Ibarra, sino que también solicitó que “se disponga la activación de medidas para profundizar la investigación procesal en lo atinente a las sociedades involucradas con la propiedad y explotación del local República Cromañón” y que “se arbitren las medidas procesales necesarias para investigar la eventual comisión de delitos por parte de las fuerzas de seguridad y de los socorristas que intervinieron en el auxilio de las víctimas”.
Soto expresó a este diario que “hubo varios alertas institucionales gravísimos que fueron desatendidos”. Y enumeró los informes del defensor adjunto Atilio Alimena –que advirtió que sólo el 20 por ciento de los boliches estaba en condiciones de funcionar, ya sea por falta de elementos de seguridad o por la ausencia de control de los denominados “patovicas”—, y de la Legislatura, que se pronunció en igual sentido. “Incluso, en la zona de Constitución hubo un afiche que denunciaba al boliche Bronco, que tenía las mismas irregularidades que Cromañón y sin embargo no era clausurado, es decir que las señales de alerta eran públicas”, puntualizó Soto. El letrado agregó que en el informe de Alimena se menciona que un millón y medio de personas visitan boliches cada mes: después del fútbol es la mayor cantidad de personas agrupadas. Y por lo tanto, opinó que el jefe de Gobierno porteño “en lugar de asumir su responsabilidad en la prevención ante este fenómeno no hizo nada al respecto”.
En el escrito, Iglesias y Soto destacaron que “si Aníbal Ibarra simplemente hubiera hecho lo que hizo inmediata y tristemente después de la masacre, disponiendo la clausura de la totalidad de los boliches de la Ciudad, con eso sólo hubiera conjurado el riesgo creado por su rol de garante, evitando la muerte de 192 personas y las lesiones de otros centenares de víctimas”. En las casi 30 carillas, y sin fijar posición sobre la posible responsabilidad de la banda, los letrados expresaron la necesidad de avanzar de manera urgente en las responsabilidades políticas de la masacre porque temen que, pasado el tiempo, las pruebas puedan desvanecerse. Por otra parte, Soto, en forma personal, ratificó su denuncia contra Ibarra por incumplimiento de los deberes de funcionario en el juzgado correccional 14.