La Justicia porteña suspendió la ronda de inspecciones a boliches que el Gobierno de la Ciudad había comenzado ayer y abrió la polémica. La orden emanó de la jueza Alejandra Petrella, quien afirmó que durante los tres controles que se habían iniciado sobre un total de once, no estaba todo el personal necesario, particularmente los del registro de profesionales verificadores de habilitaciones (PVH). El Ejecutivo porteño indicó lo contrario. Una legisladora que estuvo en una de las recorridas fue más allá: “También faltaron inspectores de dos de las tres áreas” destinadas a esa tarea. La Subsecretaría de Control Comunal negó esto, adelantó que apelará la decisión y admitió que los controles continuarán cuando la Justicia lo decida. Hasta entonces, las habilitaciones seguirán suspendidas y las puertas de los boliches cerradas.
Ante esta situación, la procuradora general porteña, Alejandra Tadei, se presentará hoy ante el Juzgado 12 para pedir que se deje sin efecto la suspensión. La medida judicial se originó en la denuncia del abogado José Iglesias, que en la mañana de ayer presentó un escrito argumentando que si las inspecciones se concretaban quedaría sin efecto una medida cautelar presentada por él hace semanas. Precisamente, el origen de la decisión de Petrella se remonta a una medida presentada por el Interbloque de Izquierda y al que más tarde se sumó Iglesias solicitando que en las inspecciones intervinieran expertos de la UBA, junto con personal de Control Comunal. El Ejecutivo porteño había apelado esa decisión. La Sala II en lo Contencioso, Administrativo y Tributario desestimó la apelación, pero resolvió que en lugar de los expertos de la UBA asistan los del PVH, un consejo creado en 2003 conformado por profesionales independientes. La Secretaría a cargo de Juan José Alvarez aseguró que ayer ese personal estuvo en “todas” las inspecciones.
“Pero en la que estaba yo, no”, sentenció Beatriz Baltroc, legisladora del Interbloque de Izquierda, presente en el local Palermo Club (Borges 2450). En diálogo con Página/12, la diputada afirmó que “el único lugar donde estuvo la gente del PVH fue en Tabasco Pub”, en Martí 17. Esos dos locales, junto con El Picaflor (Corrientes 3530), fueron los únicos tres inspeccionados aunque no habilitados. “No se pudieron habilitar porque no estaban todos los que tenían que estar –agregó Baltroc–. Hubo dos de la Dirección de Fiscalización y Control y ninguno de Fiscalización de Obras y Catastro y Habilitaciones y Permisos. Tampoco profesionales independientes (del PVH) y esto le consta al juzgado porque envió a un asesor para fiscalizar. El Gobierno tuvo tiempo de prever todo el personal.”
Por su parte, Beatriz Campos, abogada socia de Iglesias, afirmó a este diario que “pudimos comprobar que ese cuerpo (el PVH) aún no hizo inspecciones ni habilitaciones”. Las afirmaciones se contradicen con lo que asegura el gobierno porteño: “Todas las inspecciones que estaban siendo realizadas contaban con la presencia de un profesional verificador de habilitaciones”. En definitiva, los funcionarios municipales sólo hicieron informes y ningún acta oficial.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.